El TC consuma el plan en 4 fases para blanquear los ERE de Andalucía, con la 'amnistía' de Chaves y Griñán

Un año de preparación del terreno desde la admisión de los recursos de los ex dirigentes del PSOE de la Junta de Andalucía y tres Plenos consecutivos del Constitucional para enviar al desguace las sentencias del Supremo que condenaron una década de corrupción socialista, bajo el paraguas de los Gobiernos de Manuel Chaves y José Antonio Griñán.

La mayoría izquierdista del TC consumará, este martes, el plan en cuatro fases diseñado para blanquear la macrocausa de los ERE andaluces y 'amnistiar' a ambos ex presidentes autonómicos, tras excarcelar y revocar las penas impuestas a más de una decena de políticos y ex altos cargos implicados en el fraude de fondos públicos de los parados que, desde la consejería de Empleo, fueron reconvertidos en rescates a supuestas empresas en crisis, ajenos a cualquier mecanismo de control.

De nada servirá el intento del Partido Popular por poner freno a las polémicas decisiones, planteando sendas recusaciones contra la magistrada María Luisa Balaguer y la vicepresidenta del órgano Inmaculada Montalbán quien es, además, la ponente de todos los fallos del caso. Tampoco surtirá efecto la exigencia de los populares al presidente de la Corte, Cándido Conde-Pumpido, para que se abstenga de participar en las deliberaciones de este martes, atendiendo al mismo criterio que él mismo expuso para apartarse cuando era magistrado de la Sala Segunda del Supremo ya que había conocido del asunto durante su etapa como fiscal general del Estado.

Según ha podido avanzar El Debate, tras consultar a fuentes próximas al TC, Conde-Pumpido y el bloque izquierdista en el que se apoya descartan la admisión de las objeciones planteadas por el partido de Alberto Núñez Feijòo por «extemporáneas». No sólo «hace más de un año que se conoce de la composición» del cónclave llamado a revisar las impugnaciones y «la identidad de la responsable de redactar las sentencias», tras ser admitidas a trámite, sino que, además, las razones que cuestionarían la apariencia de imparcialidad de los juristas señalados derivan de «cuestiones antiguas», señalan las mismas fuentes a este diario.

Un desenlace anunciado

Así las cosas, en octubre del pasado año, El Debate avanzó en exclusiva cómo, en plena negociación para la segunda investidura de Pedro Sánchez como presidente del Gobierno, los planes del Tribunal para los doce condenados en la 'pieza política' de los ERE pasaban por revisar las penas impuestas a los cabecillas de la mayor trama de corrupción institucional de nuestra democracia.

Sobre la mesa del TC un pronunciamiento jurídico previo en el que se abría la puerta a 'desjudicializar', al más puro estilo del relato separatista catalán, la prevaricación y la malversación por la que José Antonio Griñán, entre otros, fue sentenciado a 6 años de cárcel que no ha cumplido y un total de 15 años de inhabilitación.

El informe técnico del grupo de trabajo de los letrados adscritos a los magistrados del bloque izquierdista de la Corte, fue la base sobre la que la vicepresidenta del órgano, Inmaculada Montalbán –quien fue reconocida por el propio Griñán como hija predilecta de Andalucía, cuando era presidente de la Junta– impulsó la admisión a trámite de las impugnaciones. Un extremo que, pese a haberse cumplido paso a paso Conde-Pumpido se apresuró entonces a negar.

Casi doce meses más tarde llegarían de los primeros amparos contra la sentencia del caso ERE. Los primeros recursos que se estudiaron fueron los de los ex consejeros de la Junta Magdalena Álvarez y José Antonio Viera para los que la ponente Montalbán, avalada por la mayoría de sus compañeros de Pleno, propuso la rebaja parcial de la condena por el delito de prevaricación continuada para la que fuera ministra en el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero, sancionada con nueve años de inhabilitación para el ejercicio de cargo público, y la respuesta negativa en el segundo.

Apenas una semana después de que se consumase el borrado penal de los antecedentes de Álvarez, a la que el propio Pedro Sánchez exculpó públicamente durante un mitin en Benalmádena, en pleno escándalo por la imputación de su mujer Begoña Gómez por presunto tráfico de influencias, previo a la celebración de las elecciones europeas, la Corte continuó con la segunda entrega del cronograma previsto por Conde-Pumpido para la macrocausa. Una vez más, por siete votos frente a cuatro, se retiraron las condenas impuestas por un delito de malversación de caudales públicos a los ex consejeros Francisco Vallejo, Carmen Martínez Aguayo, Antonio Fernández García y varios ex altos cargos más.

Este martes, en la tercera y última entrega del plan diseñado, a la carta, para sortear las condenas impuestas por un total de ocho magistrados, tres de la Audiencia Provincial de Sevilla y cinco de la Sala Segunda del Supremo, el TC salvará a los dos máximos responsables de la Junta Andaluza que, desde 2000 a 2009, desvió fondos públicos de los parados para fines distintos de aquellos para los que habían sido aprobados. Manuel Chaves y José Antonio Griñán serán los dos últimos, y máximos, beneficiados por el cambio de criterio aplicado en la Corte de Garantías a la interpretación de los delitos de prevaricación y malversación socialista.