Vox ve una «evidente prevaricación» en la querella de Sánchez contra Peinado: «Saben que no hay fundamento»

Para Pedro Sánchez, lo que ha hecho la Abogacía General del Estado interponiendo la querella contra el magistrado Juan Carlos Peinado por presunta prevaricación es «defender la institución de la Presidencia del Gobierno de España» al ver que «se han atropellado» sus derechos. Fue eso lo que sostuvo este miércoles ante las preguntas de los medios sobre la acción iniciada contra el juez instructor de la causa abierta contra su mujer, Begoña Gómez. Presentaba esta querella en calidad de presidente, pese a que esa misma mañana se había acogido a su derecho a no declarar en calidad de ciudadano, Pedro Sánchez Castejón, alegando su condición de cónyuge.

En Vox lo tienen claro: «Es un escándalo de primer orden que Sánchez se permita el lujo como presidente del Gobierno de poner una querella al juez porque le llama a declarar en un proceso en el que su mujer está investigada». A su juicio, el dirigente socialista «utiliza medios públicos como es la Abogacía del Estado a sabiendas de que no existe legitimación para que pueda representarle».

Así lo señalan en conversación con El Debate fuentes de la formación de Santiago Abascal, que afirman que esa doble condición -declarar como particular y querellarse como presidente- evidencia que el que la Abogacía del Estado asuma la representación de su defensa «no tiene ninguna justificación jurídica». Y denuncian que todo forma parte de una estrategia política contra el poder judicial.

Según sostiene el partido, el presidente Sánchez ha prevaricado al solicitar esa representación y defensa, y lo ha hecho también el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, que autoriza a la Abogacía del Estado a ejercer esa defensa. «Es una evidente prevaricación», remarcan desde la formación. Como también indican que ha habido malversación de fondos públicos, al haberse utilizado la estructura de la Abogacía del Estado y en beneficio propio. Esto es lo que fundamenta la querella que ha presentado Vox contra Sánchez, Bolaños y la propia Abogacía del Estado.

«Si se consideraba legitimado para interponer esa querella contra el juez, (Sánchez) habría acudido a un abogado particular y no habría utilizado a la Abogacía del Estado», subrayan estas fuentes. Consideran, por otra parte, que la querella es instrumental y que el propio Gobierno sabe que no tendrá recorrido. «Saben perfectamente que no hay fundamento ninguno para que la Abogacía del Estado actúe», apuntan. A su juicio, solo la utilizan para hacer daño al juez Peinado, «socavar» su imagen pública y permitir que se pueda pedir su recusación, que es lo que desde el partido creen que en algún momento podría hacer la investigada Begoña Gómez. En cualquier caso, Vox ha manifestado que pedirá al Consejo General del Poder Judicial que ampare al magistrado.

Por el momento, ni Gómez como investigada ni Sánchez como testigo han querido declarar ni dar explicaciones. Y el Gobierno se ha instalado en el relato del «no-caso», de que no hay causa y que, por tanto, se archivará. Sin embargo, desde Vox, personado en la causa como acusación popular, pronostican que esa estrategia de negar los hechos y de culpar al juez «tiene muy poco recorrido» y que a medida que avance el procedimiento se irán esclareciendo los hechos.

Por lo pronto, hay varias testificales previstas en las próximas semanas, sin ir más lejos este jueves declara como investigado el empresario Juan Carlos Barrabés, que admitió varias reuniones con Gómez e indicó que en dos de ellas estuvo Sánchez presente, en Moncloa. Las fuentes citadas apuntan que quizá se podría volver a llamar a Sánchez a declarar, esta vez fijando «claramente los términos de su testifical».

Y es que, como ya indicaron esta semana los coordinadores jurídicos de Vox, Jorge Buxadé y Marta Castro, de acuerdo a la ley, el derecho a no declarar le aplica en aquello que puede afectar a su esposa, pero no en el caso de los otros investigados, Barrabés y el rector de la Complutense, Joaquín Goyache. En cualquier caso, subrayan que se debe respetar la instrucción del juez y que es el momento de seguir practicando pruebas.