Las amenazas que aguardan al acuerdo con ERC: recursos del PP y revuelta de los barones socialistas

Había cierta incertidumbre sobre qué pasaría este viernes cuando terminara el plazo para votar, por parte de los más de 8.000 militantes de ERC, el acuerdo con el PSC para investir a Salvador Illa. Pero finalmente no hubo sorpresas: pasadas las 19:00 horas se confirmó que la militancia republicana avalaba, eso sí, por la mínima, el pacto para hacer presidente al candidato socialista, con algo más del 50 % de votos a favor (el 53,5 %). El resultado se conocía tras días de creciente malestar en varias federaciones socialistas, en paralelo a un silencio de la Comisión Ejecutiva Federal ante las últimas críticas.

En el Gobierno, cuando ERC anunció ese preacuerdo, que entre otras cosas incluye un concierto fiscal para Cataluña, lo celebraron públicamente como «el triunfo del diálogo», en palabras de la portavoz, Pilar Alegría, que no dio detalles. El secretario general, Pedro Sánchez, aseguró estar «muy feliz» y dijo que lo defendía «con pasión». El líder de los socialistas es consciente de que es en Cataluña donde el partido tiene más apoyo y unas bases mucho más movilizadas que en otras regiones.

Mientras, las manifestaciones en contra de ese preacuerdo no solo venían de los partidos de la oposición. En el seno del PSOE se oían voces muy críticas con lo que supone el acuerdo, que han ido creciendo a lo largo de la semana. Dirigentes autonómicos socialistas han afeado, de hecho, no haber conocido más que borradores de ese preacuerdo y haberse enterado del mismo por los medios y por voz de Esquerra, sin que nadie del partido les haya llegar el contenido.

Este viernes fue aprobado por los independentistas, que aceptaron investir a Illa, pero aún no está todo cerrado. Además a un partido que ya estaba tocado por el batacazo electoral (ERC) lo ha dejado muy dividido. Hay muchas incógnitas en el horizonte que se abre ahora. Entre otras, si se podrá o no consumar este acuerdo y qué dirá el otro protagonista de la trama catalana, Junts. Tras conocerlo, el partido de Carles Puigdemont emitió un comunicado en el que venía a afirmar que este no otorgaba a Cataluña la soberanía fiscal y señalaba que Illa «ha sido siempre el más favorable a la represión» del independentismo. Illa todavía no se ha pronunciado, lo hará este sábado, tras la reunión extraordinaria de la Ejecutiva del PSC.

Por un lado, dado que el acuerdo se basa entre otras cosas en una reforma del modelo de financiación de Cataluña, lo que para llevarse a cabo precisa de una reforma de la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas, uno de los obstáculos que se encuentran el PSOE y ERC es el de la tramitación en las Cortes de esa modificación de la ley.

A día de hoy, a Sánchez, que tuvo una investidura muy ajustada y cuya debilidad parlamentaria se ha evidenciado en varias ocasiones este primer año de legislatura, no le saldrían las cuentas. Por lo pronto tendría el voto en contra del PP y Vox, también el de Junts, y quedaría por ver la posición de algunos diputados de Sumar, que ya han rechazado una financiación singular que no se aplique también en sus regiones, el BNG y Coalición Canaria. Si bien, desde ERC, Marta Rovira dejó caer la existencia de un posible «plan B» para impulsar el concierto fiscal sin contar con una mayoría parlamentaria.

Pero, además, como ha advertido el PP, ese cupo catalán que se han lanzado a pactar no es aplicable por inconstitucional. De hecho, lo que han defendido estos días los populares es que el PSOE está tratando de mentir a ERC con una «promesa imposible», según expresó Alberto Núñez Feijóo.

Los barones del PSOE avisan a Sánchez de que rechazarán que Cataluña salga del régimen común de financiación y piden un debate interno

Fue Emiliano García-Page el que abrió la veda dentro del PSOE en el rechazo público al acuerdo. Lo describió como una «operación de ataque contra la igualdad» y aseguró que no le vinculaba como presidente ni como socialista y que confiaba en que su partido terminara no avalándolo. «El problema no está en ERC, sino en quien deja de lado su propio programa político, su código ideológico y sus convicciones. Yo y millones de personas no lo vamos a hacer», advirtió. Y expresó un rotundo «hasta aquí», que, no obstante, la oposición le pide que refleje con acciones.

Se pronunció García-Page y también Javier Lambán. «El independentismo consigue todos sus objetivos y el PSOE puede entregar España a cambio de la investidura de Salvador Illa», declaró el secretario general del PSOE de Aragón. Sin embargo, desde el Gobierno quisieron restar importancia a estas primeras críticas, señalando que venían «siempre de estas dos mismas personas», puesto que ambos líderes territoriales han criticado estos años las cesiones y los pactos con el independentismo.

Tanto Page como Lambán se sumaron a la petición lanzada por Miguel Ángel Gallardo, líder del PSOE extremeño, para convocar al Consejo de Política Federal socialista -una reunión de todos los barones- para hablar de la financiación autonómica. También se ha mostrado crítico Luis Tudanca, secretario general del PSOE de Castilla y León, y Juan Lobato, de la Comunidad de Madrid, ha expresado sus reticencias.

Este viernes, se pronunció Adrián Barbón, cuya crítica llama especialmente la atención dado que, desde que compareció a las elecciones en Asturias como candidato sanchista, es uno de los barones más fieles al presidente. El líder del PSOE asturiano avisó de que estaban en contra de «la salida de cualquier comunidad del régimen común», pidió un debate tanto interno como en el Consejo Fiscal y Financiero e incluso deslizó que, si bien lo que existe ahora no es una norma jurídica, y por tanto no se puede llevar a los tribunales, si se consuma el acuerdo, lo estudian y considera que invade competencias, lo podrían recurrir. Desde entonces la Comisión Federal del PSOE mantiene silencio.

El PP erige a sus CCAA como «dique de contención» a la «España de privilegios» de Sánchez y pide acción al PSOE crítico. Vox avanza acciones en los tribunales

Desde el Partido Popular han criticado que hace unas semanas la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, negara un cupo catalán y ahora se produzca este acuerdo que contempla ese concierto fiscal para la región. «¿Qué tomadura de pelo es esta?», preguntó Ester Muñoz, vicesecretaria nacional de Sanidad y Educación del PP, que apeló a los socialistas críticos para que «frenen» la deriva de Sánchez, que supondrá «una falta de recursos para todos los españoles».

El partido de Feijóo ha erigido a las comunidades en las que gobierna como «el dique de contención a la España de privilegios y agravios que quiere inaugurar Pedro Sánchez» para seguir en Moncloa, y ha advertido de que usarán «toda la fuerza de las urnas para frenar cualquier atropello a la igualdad entre españoles». Dirigentes regionales del PP ya avisaron al conocer la noticia que si se consuma el acuerdo, estudiarán llevarlo ante los tribunales. Así, por ejemplo, el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, ha avisado de una «batalla judicial sin precedentes» si se formaliza. El líder valenciano, Carlos Mazón, ha propuesto incluso un referéndum para consultar a los españoles si quieren, como el Gobierno, un Estado federal, y a las bases del PSOE, si quieren «romper la caja única».

Por su parte, desde Vox, el secretario general y líder del partido en Cataluña, Ignacio Garriga, ha asegurado que, además de acciones parlamentarias y movilización si se consuma el cupo catalán, una vez tengan los detalles del acuerdo, recurrirán a la vía judicial para evitar «la quiebra de la igualdad entre los españoles», tal como expresó en una entrevista en El Toro TV. Garriga, que viene denunciando que el PSC es un partido separatista más, no duda que Illa ya ha hablado con ERC de la celebración de un referéndum y que Sánchez «lo contempla».

El líder de los socialistas consiguió que salvaran su acuerdo para gobernar en Cataluña este viernes, pero desde ERC no tardaron ni una hora en avisar de que su apoyo a Illa no es «gratuito ni absoluto»: «Nuestro sí no es gratuito ni absoluto, es un sí exigente», señaló Marta Rovira.