García Ortiz desoye las quejas de los fiscales por las constantes órdenes verbales de su número dos

Los ánimos están a flor de piel en la Fiscalía. La situación procesal del fiscal general, al borde de la imputación por un presunto delito de revelación de secretos, sus constantes maniobras para salvar los asuntos de mayor calado político y las dudosas prácticas de «quita y pon de fiscales» –en lo que técnicamente se llama avocación–, de acuerdo con la naturaleza de las causas de las que se trate, ha provocado un «profundo malestar» entre los miembros de la Carrera con Álvaro García Ortiz.

El último episodio, la purga del fiscal del Supremo José Antonio del Cerro encargado de informar sobre el recurso planteado, a su vez, por el teniente fiscal superior de Cataluña, Pedro Ariche, contra la amnistía concedida por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) al ex consejero de Interior Miquel Buch y el que fuera escolta de Carles Puigdemont en su fuga, Lluis Escolà.

Tal y como reveló El Debate, en exclusiva, el fiscal general desistió de impulsar dicha impugnación y lo hizo apoyado en una «orden verbal» con la que, el pasado día 3 de agosto, apartó a del Cerro para trasladarla a su número dos, la teniente fiscal Ángeles Sánchez Conde. Una decisión que «no atendió a los procedimientos» regulados para este tipo de asuntos –en los que, en caso de discrepancia, debe ser escuchada la Junta de fiscales de Sala del Supremo– y en la que no se ha cumplido la «preceptiva exposición motivada» que exige el Estatuto Orgánico de la Carrera (artículo 25).

Así las cosas, y según ha podido saber El Debate en exclusiva, fueron varios los jefes del Alto Tribunal quienes se dirigieron a García Ortiz para afearle «las prácticas recurrentes» de la teniente fiscal. Sánchez Conde «se ha instalado en la avocación de los asuntos mediante órdenes verbales y sin justificar», lamentan las fuentes consultadas.

Una queja que no sólo fue «desatendida» por el titular del Ministerio Público sino que, «muy al contrario», y al tratarse de una interlocución directa, fue tomada como un «acatamiento implícito» de las posiciones de la Fiscalía en el caso concreto de Buch y el escolta de Puigdemont en el extranjero.

«En este caso concreto, por lo excepcional de la orden recibida y por las fechas en las que se precipitó la misma, el fiscal afectado se vio obligado a cumplirla, en base al principio de dependencia jerárquica, pese a que no era escrita, y que no fue debidamente explicada», apuntan varios fiscales. Lejos de tratarse de un hecho puntual, García Ortiz «ha extendido como práctica habitual» adoptar decisiones –ejecutadas en la mayoría de las ocasiones, por su número dos– «que no se apoyan» más que en su propio «voluntarismo», denuncian desde la Carrera.