Vértigo en la Moncloa ante la alta probabilidad de que la Audiencia de Madrid respalde al juez Peinado

La decisión de la Audiencia Provincial de Madrid de suspender la vista de este lunes sobre el caso Begoña por un error de tramitación no ha llevado la calma a la Moncloa. Más bien al contrario. El Gobierno sigue conteniendo la respiración a la espera de que, una vez resuelto este contratiempo, la Sección 23 se pronuncie sobre los recursos presentados por el abogado de Begoña Gómez y por la Fiscalía contra la causa que instruye el juez Juan Carlos Peinado.

En el Ejecutivo y en el PSOE temen que los cuatro magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid sobre los que ha recaído la responsabilidad respalden la investigación del titular del Juzgado de Instrucción número 41. Si no en su totalidad, al menos sí parcialmente. Puesto que, además, parte de ella está bajo secreto de sumario.

Para el Gobierno, todo lo que no sea el archivo de la causa contra la esposa del presidente por tráfico de influencias y corrupción en los negocios privados será un varapalo político. No en vano, desde el estallido del caso, Pedro Sánchez y los suyos han insistido reiteradamente en que no hay nada. El presidente del Gobierno incluso tiene interpuesta una querella por prevaricación contra el juez Peinado.

Si esos cuatro magistrados de la Sección 23 -el encargado de la ponencia es Enrique Bergés- acaban dando un espaldarazo al instructor, ya no será cosa de un solo juez, como dicen los socialistas. Sino de cinco.

El que fuera jefe de Gabinete de Sánchez cuando su mujer fue imputada y ahora es ministro para la Transformación Digital, Óscar López, insistió este lunes en el argumentario oficial: «Todo este caso es un montaje político desde el minuto cero», señaló.

No obstante, López no quiso pillarse los dedos y dar por hecho el archivo de la causa por parte de la Audiencia Provincial de Madrid, consciente de que hay muchas posibilidades de que no lo haga. Así pues, el ministro se mostró «absolutamente convencido de que tarde o temprano la verdad se abrirá paso», poniendo en el énfasis en ese «tarde o temprano». También insistió en que Peinado está haciendo una «instrucción prospectiva» y en que éste es un «caso político» y una «campaña de acoso y derribo». «No hay nada», reiteró.

Cabe recordar que, a finales de mayo, la Audiencia Provincial de Madrid ya avaló la investigación del instructor del caso Begoña tras una denuncia de Manos Limpias, desestimando así un recurso de apelación de la Fiscalía. Lo que sí hicieron los magistrados fue pedir al juez Peinado que circunscribiera la causa a las adjudicaciones de empresas públicas al empresario Juan Carlos Barrabés, socio de Begoña Gómez.

Aquella decisión se produjo en plena batalla de las elecciones europeas y abrió un cráter en la campaña socialista. Además, por esos días quedó constatado que la mujer del presidente del Gobierno llevaba desde el 22 de abril investigada por el juez Peinado y que Sánchez lo había estado ocultando.

El Debate desveló en junio que los ministerios de Economía, Educación, Industria, Transportes, Trabajo y Seguridad Social adjudicaron a una empresa de Barrabés contratos por valor de 15,6 millones de euros tras las dos cartas de recomendación de la mujer del presidente.

La semana pasada, la Audiencia Provincial de Madrid concluyó que el juez Peinado era el competente para investigar otra querella de Hazte Oír contra Begoña Gómez por haberse apropiado de un software de la Complutense. Esta querella había recaído en otro juzgado.

En paralelo, también la semana pasada tres tribunales -el Supremo, el Juzgado de Primera Instancia número 13 de Madrid y el Juzgado de Instrucción número 52 de Madrid- avalaron las investigaciones periodísticas sobre Begoña Gómez y José Luis Ábalos.