De la sintonía en Baleares al desencuentro en Castilla y León: así está la negociación de los presupuestos entre PP y Vox

Son pocos los meses que lleva Vox en la oposición, tras su salida el pasado julio de los gobiernos autonómicos de cinco regiones —Castilla y León, Murcia, Comunidad Valenciana, Aragón y Extremadura— y la retirada del apoyo externo en una sexta, Baleares. Cuando tomó esa decisión después de un año formando parte de esos ejecutivos, a raíz del choque con el PP por el reparto de menores extranjeros por el territorio nacional, prometió una oposición leal pero contundente, y en este sentido, ya avisó al inicio de este nuevo curso de que no regalaría sus votos; negociaría respetando a sus votantes y sus principios.

Además de las leyes y medidas que se aprobarán a lo largo de la legislatura, lo que se plantea a corto plazo es la aprobación, o no, del proyecto de presupuestos. Y en estas seis regiones se hace necesario el apoyo o la abstención del partido de Santiago Abascal para que los populares saquen adelante sus cuentas públicas para 2025. La alternativa sería buscar apoyos en el PSOE. Eso es lo que a juicio del propio Abascal parecía estar haciendo, según expresó hace pocas semanas, cuando recriminó al PP que quedaran «frustrados» los avances que se habían logrado en las regiones. «Si el PP piensa que por su cara bonita nosotros tenemos que apoyar cualquier cosa que nos pongan encima de la mesa, (...) que pierda toda esperanza», avisó entonces.

Lo cierto es que en algunas comunidades parece haber un mayor acercamiento que en otras. En Baleares, cuyo Gobierno apoyaba el PP desde fuera, Vox se ha abstenido en el techo de gasto, que es el paso previo para los presupuestos. La portavoz del partido en el Parlamento, Manuela Cañadas, anunció que se decidió así «ante la disposición firme» del Govern de Marga Prohens para adoptar medidas relativas a la lucha contra la inmigración ilegal, las políticas de efecto llamada y la okupación y el «compromiso firme» de avanzar en otras como el plan de libre elección de lengua. No obstante, la negociación sigue abierta.

Por el contrario, en Castilla y León, que fue la primera experiencia de coalición con Vox, el desencuentro es total. Este jueves, Juan García-Gallardo anunciaba que su grupo no participaría en la reunión para abordar el techo de gasto, confirmando que esta semana votarán 'no'. Dijo entonces que lo consideraba un «paripé» del PP y, criticando la «deriva progre» de Alfonso Fernández Mañueco, cargó contra los populares por pretender, a su juicio, que Vox les dé un cheque en blanco para continuar con políticas socialistas. Y es que en las últimas semanas le han afeado al Gobierno popular que no tramite la ley de Concordia o que vuelva a dar subvenciones a UGT y CC. OO. Mañueco, por su parte, les ha recriminado que no hagan «una oposición constructiva» y que «ni siquiera quiere sentarse a dialogar».

Distanciamiento hay también en Extremadura, desde hace varias semanas. Desde el PP vienen acusando a Vox de seguir las órdenes de la dirección nacional, y este a los populares de no presentar las cuentas y mostrar un acercamiento al PSOE. Esa distancia se evidenció este viernes, a cuenta del debate sobre el proyecto de Tierra de Barros. El diputado popular Bibiano Serrano señaló que el voto de Vox a los presupuestos dependerá «de lo que le digan de Madrid en el último minuto» y «no antes». «Va a ser lo que diga desde Madrid el caudillo Abascal», llegó a afirmar.

En Aragón, Alejandro Nolasco (Vox) recriminaba hace unos días a los populares que no les hayan llamado para abordar las cuentas regionales y negociar. Señaló que hay «cuestiones importantísimas», críticas para su partido, como son las relativas a la inmigración ilegal, a la okupación, a la memoria histórica o a la ideología de género. «La condición inicial es que se tienen que sentar con nosotros a hablar», manifestó. El presidente Jorge Azcón confía en que Vox apoye los presupuestos, que no difieren mucho de los que sacaron juntos adelante en 2024.

Tensión también en Murcia, donde el dirigente de Vox José Ángel Antelo ha asegurado que la condición principal para que salgan los presupuestos es que el PP «cumpla con lo firmado». Especialmente ha venido haciendo hincapié en la cuestión migratoria, criticando a Fernando López Miras por no cumplir sus compromisos, como el cierre de un centro de menas, y arremetiendo contra PP y PSOE por «fomentar» el efecto llamada. Por su parte, el Gobierno autonómico se ha mostrado «abierto a dialogar» con todos los grupos, a los que pide «responsabilidad».

Y en la Comunidad Valenciana, el proyecto de presupuestos se presentará próximamente, y por el momento, ha habido un acercamiento, en una cuestión de inmigración, entre ambos partidos. Los populares anunciaron esta semana que apoyarán la proposición no de ley de Vox que pide realizar pruebas periciales a menores extranjeros ilegales para determinar su edad. El partido de Abascal puso como línea roja que el Gobierno de la Generalitat frene la llegada «indiscriminada» de menores.

Tres premisas

Vox ya trasladó la semana pasada, cuando se conoció que en Baleares allanaban el camino de la tramitación de las cuentas con esa abstención al techo de gasto, que negociarían «presupuesto a presupuesto», señaló José Antonio Fúster, el portavoz nacional, partida a partida, en cada una de las comunidades, y que, por tanto, no era extrapolable al resto de regiones, aunque era buen comienzo, ni «consigna nacional».

La formación de Santiago Abascal lanzó a principios de este mes tres premisas a la hora de negociar: revertir las medidas de Vox que han sido derogadas o han quedado paralizadas una vez que ha salido de los gobiernos, como es el caso de la ley de Concordia en Castilla y León o el pin parental en Baleares; el «rechazo explícito y claro» a las políticas de reparto de ilegales del Gobierno; y apostar por «planes efectivos, ordenados y completos de retorno que, dentro de sus competencias», permitan a los gobiernos autonómicos responder a ese reparto y «contrarrestar» el efecto llamada.

Además de estas premisas, expuso en un documento 10 ejes principales, en línea con lo que defiende y que también se plasmó en su día en los acuerdos de gobierno, entre los que se encuentra la «lucha decidida contra la inmigración ilegal» y las políticas de efecto llamada, la seguridad ciudadana, las rebajas fiscales, medidas concretas de apoyo a la familia o el recorte del «gasto público superfluo».