La oficina del Gobierno encargada de los ríos valencianos solo ha gastado el 2 % de su presupuesto para evitar desbordamientos

La oficina del Gobierno encargada de los ríos valencianos, la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), dependiente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, sólo ha invertido el 2% de su presupuesto anual en la construcción de edificaciones para evitar desbordamientos. Mientras tanto, dedica ocho veces más esa cantidad en gastos de personal e incentivos salariales. El Debate publica hoy el detalle de los gastos estratosféricos de este organismo, que es el responsable directo de controlar los cauces de ríos y barrancos en esta zona de Levante.

En total, tal y como figura en la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, esta oficina fue dotada el año pasado con un presupuesto de 58,2 millones de euros. Sin embargo, sólo ha gastado 1,1 millones de euros para evitar riadas como las que se están dando desde hace una semana en varios municipios valencianos. El epígrafe de las cuentas titulado Inversiones nuevas en infraestructura y bienes destinados al uso general tan sólo ha registrado gastos por valor de 1.101.248 euros. Esta partida, según varios ingenieros de caminos consultados por El Debate, es la más sensible de todas ya que es la encargada de los proyectos destinados a evitar catástrofes medioambientales.

Otros gastos ajenos a la misión principal de la Confederación Hidrográfica del Júcar, en cambio, se dispararon. Uno de ellos es, por ejemplo, el dedicado al pago del personal laboral público que forma parte del organismo. Sólo el año pasado la oficina gastó 8,3 millones de euros en funcionarios y, en paralelo, 641.762 euros más en incentivos salariales y 284.546 en dietas. De los 58,2 millones de euros que tiene esta oficina para invertir en el control de los ríos sólo se han ejecutado el 83,56% de los fondos, a pesar de la insistencia de los expertos en la necesidad de pedir más presupuesto.

La Confederación Hidrográfica del Júcar se encarga de la realización de aforos, estudios de hidrología, información sobre crecidas y control de la calidad de las aguas. De la misma manera, entre sus funciones también se encuentran el estudio, proyecto, ejecución, conservación, explotación y mejora de las obras incluidas en sus propios planes, «así como de aquellas otras que pudieran encomendárseles». El organismo depende directamente del Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico. Es decir, de la vicepresidenta y ministra Teresa Ribera.

El veto a Mazón

Este lunes, el presidente de la Comunidad Valencia, Carlos Mazón, ha achacado a esta oficina del Gobierno el retraso en la emisión de alertas durante el 29 de octubre, día en que comenzó la catástrofe. «A pesar de que la Confederación Hidrográfica del Júcar llegó a desactivar hasta tres veces la alerta hidrológica, jamás el 112 de la Generalitat la desactivó», ha dicho Mazón. «Por esa razón, a las 15.21 horas del martes, independientemente de lo que dijera la Confederación, se pidió la intervención de la UME», ha insistido.

Desde este organismo, en cambio, culpan a Mazón y señalan directamente al Ejecutivo valenciano: «Las confederaciones hidrográficas no lanzan alertas públicas. El organismo competente para lanzar alertas hidrológicas son los servicios de emergencias autonómicos». La Confederación sostiene también que «las confederaciones hidrográficas no lanzan alertas, por lo tanto no pueden desactivarlas». Sin embargo, no han aclarado el veto a Mazón en la reunión que organizó la oficina el mismo día de los desbordamientos.

A esa cita acudieron representantes de la Delegación del Gobierno en Valencia, la Aemet, la Dirección General de Tráfico, Guardia Civil y Policía Nacional, la Unidad Militar de Emergencias, Adif y Renfe. «Una vez se activa la UME nadie necesita que ningún gobierno autonómico pida refuerzos. Es el mando operativo de la UME el que si necesita más refuerzos en el momento llama a Torrejón», ha añadido Mazón. Precisamente, el Rey Felipe VI ha presidido este lunes el Comité de Crisis de la UME junto al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y varios ministros. En este encuentro se han organizado varios equipos de trabajo y actuación para la recuperación de las zonas afectadas.

Además de Sánchez, en esta ocasión, han participado las tres vicepresidentas, María Jesús Montero, Yolanda Díaz y Teresa Ribera, y siete ministros: el titular de Interior, Fernando Grande-Marlaska; el de Política Territorial, Ángel Víctor Torres; y la de Ciencia, Diana Morant. También han intervenido por videoconferencia la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana, Pilar Bernabé, así como la directora general de Protección Civil y Emergencias, Virginia Barcones.