Podemos exige desclasificar documentos del 23F, pero Robles le remite a la reforma de la Ley de Secretos
Los de Ione Belarra sacan a relucir los audios del Rey Juan Carlos I con Bárbara Rey
Podemos ha interpelado al Gobierno en el Congreso para que desclasifique toda la documentación relativa al intento del golpe de Estado del 23 de febrero de 1981. Para justificar su exigencia, incluso ha llegado a sacar los audios grabados y filtrados de conversaciones que mantuvieron el Rey Juan Carlos I y la actriz Bárbara Rey hace más de 40 años.
En este contexto, el diputado de Podemos, Javier Sánchez Serna, ha reclamado que se haga pública toda la documentación sobre unos hechos acaecidos hace más de 43 años para aclarar el papel que jugó el Rey y si, como apunta parte de la academia, el objetivo no era imponer un régimen militar, sino reforzar la legitimidad de la monarquía y conseguir, como se logró, el «nacimiento del juancarlismo» y frenar en seco «el proceso de Transición democrática».
«Sé que son una fuerza monárquica que trabaja a favor de la Casa Real, pero si Juan Carlos fuera un héroe, no tendrían ningún problema en hacerlos públicos», ha abundado Sánchez Serna, quien también ha exigido saber cuánto dinero se gastó el Estado en «ocultar» la relación del padre de Felipe VI con Bárbara Rey. «Han pasado muchos años, sean valientes y pongan a la democracia por delante de los secretos del Rey emérito», ha reclamado.
Sin mención al Rey
La ministra de Defensa, Margarita Robles, le ha recordado la entrada de Antonio Tejero en el Congreso, ensalzando la reacción del entonces presidente del Gobierno, Adolfo Suárez, de su vicepresidente, Manuel Gutiérrez Mellado, y del líder comunista Santiago Carrillo, los únicos tres diputados que se quedaron sentados en sus escaños mientras las balas volaban por el hemiciclo.
Robles ha evitado hablar de los audios que han llevado a Podemos a volver a exigir la desclasificación y de la actuación del Rey Juan Carlos I aquella noche y se ha remitido a la futura reforma de la Ley de Secretos recalcando que su ministerio es un «firme partidario» de la derogación de la actual norma, que data de 1968, y tiene que adaptarse al marco europeo más «avanzado y garantista», combinando la seguridad nacional con el derecho a la información y la transparencia".
«Estoy segura de que en este proceso de reforma todos encontraremos un lugar para estar cómodos y, en su caso, aclarar puntos de nuestra historia que pudieran no haber sido claramente resueltos por los tribunales de justicia», ha concluido.