El PSOE vuelve a las andadas contra la objeción de conciencia y dice que «conculca» el «derecho» al aborto

El PSOE ha registrado en el Congreso una proposición no de ley «sobre el compromiso con el derecho a la igualdad efectiva entre hombres y mujeres, con especial atención a la garantía en el derecho a la salud sexual y reproductiva», que se debatirá este martes en el Pleno, y en la que vuelve a manifestar su postura en contra del derecho a la objeción de conciencia, sobre el que dicen que, al no tener muchas comunidades autónomas un registro de objetores, «conculca» el «derecho» al aborto.

En la iniciativa parlamentaria, con la que pretenden que el Congreso inste al Gobierno a «continuar desarrollando políticas públicas destinadas a garantizar la igualdad de género, con especial atención a la protección y defensa de los derechos sexuales y reproductivos», como se refieren, entre otras cosas, al aborto, así como a «coordinar e impulsar (...) las acciones pertinentes destinadas a garantizar el derecho a la salud sexual y reproductiva de las mujeres y, por tanto, a velar por el acceso a este derecho en condiciones de igualdad, dignidad y seguridad de modo que el derecho a la objeción de conciencia no suponga, veladamente, una obstrucción al derecho a la salud sexual y reproductiva».

En el texto, los socialistas, que aluden al aborto con el eufemismo de interrupción voluntaria del embarazo, aseguran que este es «un derecho» por estar regulado por una ley –el Gobierno de Sánchez impulsó la pasada legislatura la modificación de la ley del aborto de 2010–, amparado por el Tribunal Constitucional –que rechazó tanto el recurso del PP contra la norma antigua como el de Vox contra la reforma– y apoyado, según defienden, en el derecho internacional. «Cualquier intento por constreñir la libertad de las mujeres apunta a una dirección iliberal impropia de cualquier democracia consolidada», afirma el PSOE, que cree que este que entiende como un derecho «sigue encontrando trabas».

En este sentido, apunta que la ley de 2023 recoge que los poderes públicos garantizarán «el acceso público, universal y gratuito a los servicios y programas de salud sexual y salud reproductiva» y que esta norma «obliga» a las comunidades a tener una lista de objetores de conciencia. Este es, de hecho, uno de los puntos polémicos de la ley, en tanto que señala a los médicos que se nieguen a practicar abortos, como también lo es que se permita abortar a las jóvenes de 16 años sin consentimiento paterno, algo que destacan también en su PNL. Así, los socialistas critican que la mayoría de las regiones no tengan estos registros y que por tanto, el derecho a la objeción de conciencia «obstaculiza o conculca el derecho» al aborto.

Además, en el texto, el partido de Pedro Sánchez alude a la reforma del Código Penal –tramitada de forma exprés también en la pasada legislatura– que castiga con penas de cárcel a los provida que rezan frente a las clínicas abortivas, y vuelven a calificar esto como «acoso» a las mujeres.

Cabe recordar que en la ponencia marco para el 41º Congreso Federal del partido, Ferraz incluyó entre sus propuestas la de «blindar» el aborto en la Constitución, calificándolo como un «avance» conseguido en este siglo.