La información del teléfono de Juan Lobato acerca una imputación del socialista por encubrimiento

El que fuera secretario general del PSOE de Madrid, hasta hace tres semanas, Juan Lobato, podría resultar imputado en la causa que se sigue en el Supremo contra el fiscal general del Estado y la fiscal provincial de Madrid, por un presunto delito de revelación de secretos del novio de Isabel Díaz Ayuso. La información descubierta en el terminal del socialista, al hilo de su comparecencia como testigo en la causa, apuntaría a un plan concertado entre altos cargos de Moncloa y Ferraz, sede nacional del partido de Pedro Sánchez, para desgastar política y personalmente a la presidenta madrileña. Un extremo que, de confirmarse, apunta a una posible responsabilidad de Lobato por encubrimiento.

Cabe recordar que, tras conocerse la entrada y registro de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil en el despacho institucional del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, investigado en el caso, Lobato ponía sobre la mesa la existencia de una presunta trama de Moncloa, orquestada para filtrar «el documento secreto del novio de Ayuso» que, si bien no de lleno, complicaba ya en un primer momento la posición del ex portavoz socialista en la Asamblea de Madrid.

Y es que aunque Lobato se habría negado a divulgar el contenido del mismo en un primer momento, consciente del riesgo, posteriormente sí lo utilizó en el Parlamento autonómico y si bien sospechó del posible origen ilícito del mismo, por el contexto de la conversación que mantuvo con la alto cargo de Moncloa que se lo remitió, no lo denunció.

Una decisión que podría llevarle a enfrentar una imputación como «encubridor, al menos», según apuntan varios expertos a El Debate. «La cronología del asunto y las sospechas que pudiera tener sobre el origen irregular de la documentación», a lo largo del intercambio de mensajes de texto, «serán la clave», apuntan los mismos juristas consultados.

No en vano, hasta el momento se había sabido que fue la actual jefa de gabinete del ministro de Transformación Digital Oscar López, Pilar Sánchez Acera, quien supuestamente le facilitó a Lobato el mail reservado entre el abogado del novio de Ayuso y el fiscal Julián Salto, para que lo utilizara en una sesión de control a Ayuso. Una situación que el propio Lobato registró, formalmente, en un acta ante notario, cuando aún estaba al frente de la territorial autonómica de la formación.

Ahora, además, tras analizar el contenido del móvil del socialista madrileño, los agentes asignados al caso han informado al magistrado del Supremo Ángel Hurtado que Moncloa tuvo acceso al email cruzado entre la defensa de la pareja de la presidenta madrileña y el fiscal encargado de la causa tributaria por el que se le investigaba, antes de que se publicase en los medios de comunicación.

Un escenario en el que la Guardia Civil implica a dos nuevos altos cargos como parte de la presunta trama política: el ex jefe de comunicación del PSOE, Ion Antolín, y el entonces secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés.

En concreto, la UCO ha señalado que «de ese email tendrían conocimiento antes de ser publicado en ningún medio (...) al menos» Lobato, Sánchez Acera, así como Vallés, Antolín y la directora de comunicación de la ministra de Vivienda, Laura Sánchez Espada.

Los investigadores sostienen que el mail íntegro entre el abogado de la defensa de Alberto González Amador y la Fiscalía «no había sido publicado en los medios de comunicación a las 8.29 horas», cuando ya estaba en poder de la número dos de Oscar López, por lo que concluyen que «su procedencia no puede ser la publicación en medios».

De esta forma se confirma que altos cargos del Palacio de La Moncloa tuvieron acceso a una comunicación confidencial entre el entonces abogado de la pareja de Ayuso y el representante de la Fiscalía, antes de que éste adquiriese dimensión pública. Y que, por lo tanto, la filtración del mismo se corresponde, más bien, con una posible interlocución entre Moncloa y el Ministerio Público que es, en último término, a lo que apunta la UCO y lo que rastrea el juez.

Un extremo que ya se podía entrever de la conversación de WhatsApp entre Sánchez Acera y Lobato donde la jefa de Gabinete de Óscar López le dijo, al entonces portavoz del PSOE en la Asamblea ,que había tenido acceso a ese documento «porque llega». Una enigmática frase que completó con un «está en los medios de comunicación», pero en la que en ningún momento afirmó que ella lo tuviera porque lo hubiese cogido de la prensa o que algún periodista se lo hubiera proporcionado a ella.

Tanto es así que Sánchez Acera, tras el recelo mostrado por Lobato por mostrar un documento que «podía parecer que le llegaba de la Fiscalía» –tal y como él mismo dejó por escrito–, le dijo que esperara que iba a atar el asunto y fue minutos después cuando le envió un enlace con la primera aparición en prensa de dicho mail.

Así las cosas, aquel 14 de marzo, finalmente Lobato decidió mostrar en el Pleno de la Asamblea de Madrid el documento extraído de esa publicación de El Plural y no el que le había mandado su secretaria de política institucional puesto que, a pesar de las explicaciones, no se fiaba del origen del documento, tal y como quedó demostrado con su posterior visita a una Notaría para dejar constancia de estos hechos que, finalmente, han llegado hasta el Supremo.