¿Cuáles son los diez indicios que complican al fiscal general en el caso del novio de Ayuso?

Ala espera de que el día 16 de enero comparezcan dos testigos de primera línea, en la causa que se sigue contra el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, como presunto autor de un delito de revelación de secretos, las pesquisas avanzan confirmando «pruebas de indicios» en el Supremo, bajo la batuta del juez Ángel Hurtado.

Así pues, tras la declaración de este miércoles del jefe de la presidenta de Madrid, Miguel Ángel Rodríguez, y de un total de ocho periodistas en la sede del Alto Tribunal, la próxima semana será el turno de la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra, y del fiscal de Delitos Económicos de Madrid, Julián Salto, encargado de la causa tributaria que pesa contra la pareja de Díaz Ayuso, el empresario Alberto González Amador. De hecho, fue la descripción de Lastra que, como reveló El Debate en exclusiva se negó a divulgar la nota de prensa de la discordia, la que de una manera muy relevante determinó que el instructor del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) elevase al TS la exposición motivada contra García Ortiz.

Desde entonces se han ido confirmando las evidencias preliminares que apuntaban a la Fiscalía, y su máximo responsable, como el origen de la filtración de comunicaciones confidenciales, con datos protegidos, de González Amador. Estas son las principales:

1. El primer informe de la UCO

Los agentes de la la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil encargados de la entrada y registro en el despacho del fiscal general del Estado presentaban al magistrado dos informes sobre el fiscal general del Estado. A la espera de que sus investigaciones actuales, centradas en recuperar los mensajes de Whatsapp que fueron «totalmente borrados» del terminal incautado a Álvaro García Ortiz, las primeras conclusiones fueron desfavorables para éste.

Así las cosas, al hilo del material aprehendido a la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, imputada en el Supremo junto a su jefe, «la primera filtración a la prensa» de los datos confidenciales del novio de Isabel Díaz Ayuso fue «supuestamente realizada» por la Fiscalía General del Estado. «De la secuencia» de los hechos analizados «parece razonable afirmar que la filtración debe iniciarse» en la Fiscalía General del Estado y «dentro de la misma», refleja el hilo temporal de lo ocurrido por los guardias civiles.

El día 8 de marzo de 2024, «la fiscal jefe provincial, Pilar Rodríguez, a requerimiento de la Fiscalía General del Estado, a través del teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, habría remitido toda la documentación relacionada con la denuncia a Alberto González Amador». «De esta documentación remitida, existe una primera filtración a la prensa el día 12.3.2024, a las 06:01 h en eldiario.es supuestamente realizada por la Fiscalía General del Estado», sostienen los agentes.

2. El expediente revelado el 7 de marzo

Unos días antes, el 22 de enero, la Fiscalía Provincial de Madrid recibía un informe de la Agencia Tributaria sobre la sociedad mercantil Maxwell Cremona, propiedad de González Amador, administrador único de la misma. En el mismo, se refería la sospecha de comisión de dos delitos contra la Hacienda Pública, uno de naturaleza tributaria y otro de falsedad documental.

El Ministerio Público abrió causa contra el empresario por este motivo y fue el 7 de marzo cuando la hoy coimputada, la fiscal Pilar Rodríguez, reportó a la mano derecha del fiscal general del Estado, el teniente fiscal de la Secretaría Técnica, Diego Villafañe, de la existencia del procedimiento dirigido contra González Amador cuya identidad, como pareja de la presidenta de Madrid, le fue revelada por un periodista. Tras recibir el expediente y percatarse de que no estaba completo, Villafañe se dirigió, al día siguiente, a su compañera para que le proporcionase la totalidad de los documentos incluidos en las diligencias judiciales.

3. El fiscal al que sacaron del fútbol

Llegados a este punto, el 12 de marzo estallaba el escándalo cuando eldiario.es publicaba, a las 06.00 horas una información titulada La pareja de Ayuso defraudó 350.951 euros a Hacienda con una trama de facturas falsas y empresas pantalla. Una noticia en la que se incorporaban, precisamente «fragmentos presentes» en el dossier que la fiscal Pilar Rodríguez escaló al fiscal Villafañe. Un dato que apuntaba, tal y como reflejaron los agentes de la UCO asignados a la investigación, a que la documentación fue «filtrada» a la prensa desde la Fiscalía General y tras obrar, completa, en poder de ésta.

A Julián Salto, el fiscal que desde un primer momento estuvo en contacto directo con el abogado de la pareja de la presidenta de Madrid, el letrado Carlos Neira, lo sacaron el día 13 de marzo de 2024 de un partido de la Champions que se disputaba, en el estadio Metropolitano, entre el Atlético de Madrid y el Inter de Milán, para que remita, de «inmediato» todos «los correos cruzados» con el fiscalistas de González Amador para que, a su vez, puedan rebotársele al fiscal general. El propio Salto confirmó esta secuencia, en su declaración como imputado, hoy ya liberado de dicha condición procesal, en el Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM).

4. Las horas clave de la filtración

Sin embargo, no sería hasta la tarde del 13 de marzo, el momento en el que, en pleno ojo del huracán, las informaciones sobre el novio de Isabel Díaz Ayuso adquirieron su zénit cuando, a última hora de la tarde, el diario El Mundo se hacía eco de la posibilidad de archivo de la causa, en base a un mail en que el fiscal Salto proponía el acuerdo; unos minutos más tarde, La Sexta aseguraba que el ofrecimiento había nacido del abogado que representaba a Alberto González.

Era entonces, a las 22:27 horas de la noche cuando Miguel Ángel Rodríguez , jefe de gabinete de la presidenta de Madrid, que disponía del correo en su poder desde 38 horas antes, facilitado por el abogado del empresario González Amador, y con el consentimiento del propio interesado, lanzaba el mail en el que la Fiscalía ofrecía el pacto, en un grupo de mensajería en el que constaban un total de 55 contactos de periodistas. Este extremo fue acreditado por el político, tras su declaración de ayer, a requerimiento del juez, tras entregar a la Letrada de la Administración de Justicia, una copia impresa del mensaje grupal enviado en el que se reflejaba la hora del mismo.

Cabe recordar que, por su parte, el titular del Ministerio Público, tuvo en su poder la colección completa de las comunicaciones de la discordia, enviada a su mail personal por la fiscal provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, también imputada, cuatro días antes, y procedió a circularla, presuntamente, a partir de las 21.59 horas del mismo 13 de marzo.

Se trataba de no perder «el relato», como aseguró a los suyos García Ortiz. Un mail de fecha 2 de febrero, en el que el abogado del novio de Ayuso parecía abrirse a reconocer los dos delitos que pesaban sobre su cliente y planteaba la posibilidad de una negociación real con la Fiscalía, desató una movilización masiva de sus afines en la cúpula de la Institución para hacerlo público.

Llamadas, mensajes y pánico, durante varias horas en las que García Ortiz intercambió órdenes, entre otras con la fiscal provincial Pilar Rodríguez, que se encuentra imputada con él, comprometen la versión ofrecida por el titular del Ministerio Público hasta la fecha.

5. El salto a La Moncloa

La misma noche de autos, además, la batería completa de correos confidenciales cruzados entre el fiscal Julián Salto y el abogado Carlos Neira, representante de González Amador, circuló entre varios miembros de la cúpula de La Moncloa. Si bien hasta la fecha no se ha podido determinar el nexo conector de dicha filtración al Ejecutivo, presuntamente desde la Fiscalía.

Y es que al hilo de la información que desveló cómo el entonces líder del PSOE de Madrid, Juan Lobato, se había dirigido a una notaría de la capital para registrar todo el contenido de su móvil relativo a esta cuestión, pudo conocerse que la mañana del 14 de marzo, después de horas muy convulsas en el campo mediático, Pilar Sánchez Acera, directora de Gabinete del ministro Oscar López, había enviado al portavoz socialista un pantallazo del correo en el que la defensa de González Amador reconocía los supuestos delitos de su cliente y se ofrecía a negociar un acuerdo con la Fiscalía.

Ya entonces, sospechando del origen y de la legalidad del documento, Lobato consultó a Sánchez Acera, y también al que era secretario de Estado de Comunicación, Francesc Vallés, cómo exhibirlo sin que pareciese «que me lo ha dado la Fiscalía». Sánchez Acera contestó con un escueto «lo tienen los medios» y garantizó a su compañero de partido que el mismo se publicaría en medios antes de las 11.05, hora de arranque de la sesión de control de los jueves en la Asamblea de Madrid. Dicho y hecho, a las 9.06 horas del 14 de marzo, El Plural aportó un pantallazo de dicho mail, sin marca de agua.

6. La negativa de la fiscal superior

Así las cosas, el mismo 14 de marzo en el que Lobato utilizaba la información de El Plural, supuestamente cocinada a medida para él, la Fiscalía Provincial de Madrid lanzaba una nota de prensa en la que se hacía referencia a varios datos confidenciales recogidos en las comunicaciones cruzadas entre el fiscal Julián Salto y el abogado de la pareja de la presidenta de Madrid, en el marco del proceso tributario abierto contra este último.

Según desveló El Debate, en exclusiva, la fiscal jefe de la Comunidad de Madrid Almudena Lastra «se negó rotundamente» a firmar el documento autorizado por el propio titular del Ministerio Público y tampoco aceptó remitir el mismo desde el gabinete de prensa del Tribunal Superior de Justicia (TSJM), en la versión temporal de los hechos asumida por el fiscal Salto. De hecho, tras recibir la petición por mensaje del propio García Ortiz, procedió a solicitarle vía mail a su superior jerárquico que dejase constancia, por escrito, de cualquier instrucción sobre el caso que tuviese la obligación de atender en «estricto cumplimiento» de lo previsto en el artículo 25 del Estatuto Orgánico del Ministerio Público (EOMF).

Según las mismas fuentes consultadas por este diario, a juicio de Lastra, tanto la cronología de las conversaciones entre el abogado de la pareja de la presidenta madrileña y la Fiscalía Provincial, como los pormenores de las mismas desvelados en el contenido del comunicado que terminó viendo la luz, eran incompatibles con el deber de «confidencialidad» de las partes en el proceso reglado para alcanzar pactos de conformidad. Una posición de la fiscal que, desde el principio, para algunos miembros de la Carrera «prueba la antijuricidad palmaria» de las órdenes emanadas de García Ortiz para la gestión de este asunto.

Lastra ya declaró, en este mismo sentido, ante el instructor del TSJM, el pasado día 13 de junio, con carácter previo a la exposición motivada que ha llevado a la imputación de los dos fiscales, aforados, ante el Alto Tribunal; y, volverá a hacerlo el próximo día 16 de este mismo mes, ante el magistrado Ángel Hurtado.

7. La nota de prensa

Sin embargo, la nota de prensa de la discordia terminó viendo la luz gracias al beneplácito de la fiscal Provincial de Madrid, Pilar Rodríguez, que hoy se encuentra investigada junto a García Ortiz, por la Sala Segunda del Supremo. La nota institucional, sellada por el Departamento del que es titular Rodríguez y al que fue ascendida bajo el primer mandato del actual fiscal general, contenía datos confidenciales de las diligencias penales abiertas a un ciudadano particular, el novio de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador.

La propia Rodríguez, que en conversación con García Ortiz la noche del 13 de marzo del año pasado, avaló la nota informativa oficial que se difundió a la prensa un día después, dijo días más tarde, con otro interlocutor, que daban ganas de meter «un poquito de cianuro» en la misma. De los mensajes interceptados en su móvil, claves para la causa, también se deduce que aquella misma fecha Rodríguez preguntó a su jefe, a «disposición» de quien se puso, a qué correo enviaba los 'emails' cruzados entre el fiscal Salto y el abogado del novio de Ayuso. El fiscal general le proporcionó una cuenta personal de Gmail para la gestión.

Cabe recordar, además, cómo los agentes determinaron la existencia de «una o varias personas en la Fiscalía General que están apoyando al fiscal general en los cometidos relacionados con la redacción de la nota de prensa, que no pueden ser identificadas con la información que se posee en este momento».

8. «Cero mensajes» en el móvil del fiscal

Tras la imputación de García Ortiz en el Supremo y una semana después de conocer que estaba siendo investigado, el fiscal general cambiaba de teléfono móvil, pese a que en el ejercicio de su cargo debía ser consciente de que se trataba de una prueba determinante para la investigación. Por ello, los agentes de la UCO de la Guardia Civil que duplicaron el contenido de su teléfono -ya el nuevo-, concluyeron que se habían «borrado, totalmente», como adelantó El Debate en primicia, todas las comunicaciones, todas, las correspondientes a Whatsapp. Textos que, sin embargo, sí aparecían parcialmente reflejados en el móvil de la fiscal provincial Pilar Rodríguez con su jefe, el día de autos.

«Cero mensajes pertenecientes a cualquier tipo de aplicación de mensajería instantánea en el periodo analizado que comprende entre el 8 y el 14 de marzo de 2024», aseguró la UCO en su segundo informe al juez del Supremo, entregado el pasado 19 de diciembre. Un indicio más que, sin duda, para los expertos, como mínimo «si no constituye un posible delito adicional de obstrucción a la acción de la Justicia», por la destrucción de pruebas fundamentales, sí puede «traducirse con un indebido cumplimiento del deber de custodia» que García Ortiz, por razón de su puesto y responsabilidad, tenía sobre los documentos que recibió tras haberlos pedido y que más tarde hizo desaparecer.

9. La declaración de los testigos

En este sentido, será determinante la declaración que prestará, la próxima semana, la fiscal superior de Madrid, Almudena Lastra quien ya confirmó, en un primer momento, en sede judicial, como testigo y por lo tanto obligada a decir la verdad, que había recibido órdenes expresas de García Ortiz, el 13 de marzo de 2024, para revelar datos del novio de Ayuso que ella misma juzgó comprometidos por el deber de confidencialidad.

Además, Lastra puso su terminal móvil a disposición del juez del TSJM, en el cual según ha podido saber El Debate conserva las comunicaciones que, vía mensajería, intercambió con el máximo titular de la Fiscalía en aquella aciaga noche para la Institución. Pese a que en un primer momento el magistrado, encargado de valorar la posible elevación de la causa al Supremo, descartó dicha posibilidad, fuentes próximas a las diligencias actuales apuntan a que su compañero de la Sala Penal del Supremo, el juez Hurtado, podría requerirlo para completar la versión de los hechos conocidos hasta el momento.

10. La mera apropiación, como delito

Dos de las acusaciones personadas en la causa contra el fiscal general del Estado, la Asociación Profesional e Independiente de Fiscales (APIF) –que interesaba interrogar ya al fiscal general– y la del propio González Amador, ya apuntaron en sus últimos escritos, del pasado mes de diciembre, la posibilidad escucharle y, en su caso, ampliar su actual imputación a los delitos de prevaricación y apoderamiento ilícito de información.

No en vano, en este último supuesto, tal y como prevé el artículo 197 del Código Penal, a juicio de los abogados de la APIF, y de su director jurídico Juan Antonio Frago, la obtención de los documentos confidenciales de González Amador, por el fiscal general del Estado por razón de su cargo, sería motivo suficiente en sí misma para, llegado el momento, procesar por revelación de secretos a García Ortiz.