Qué dice la ley de concordia de Vox en Extremadura que ha vuelto a generar tensión con el PP

En medio del desencuentro entre el PP y Vox en Extremadura ante la dificultad de llegar a un entendimiento para los presupuestos de la región, a final de año la Junta extremeña aceptó tramitar la ley de concordia presentada por Vox -por la que se derogaría la ley de memoria- «al no suponer aumento ni disminución de los ingresos en los estados numéricos aprobados» en las cuentas públicas, según explicó. Una decisión que fue interpretada como un intento por tender un puente con el partido de Santiago Abascal y acercar posturas.

Sin embargo, esta semana ha vuelto la tensión entre ambos partidos, exsocios de gobierno, a cuenta de esta norma. Para empezar, el portavoz del PP de Extremadura, José Ángel Sánchez Juliá, señaló este martes que al aceptar la Junta que se tramitara lo que ha hecho ha sido cumplir con lo que estipula el Reglamento de la Asamblea, pero que la ley de Memoria Histórica y Democrática autonómica sigue en vigor y que el Consejo de Gobierno aún no ha hecho nada con respecto a la propuesta de Vox. Ahora que se ha aceptado que sea tramitada, se abrirá un plazo de enmiendas y se debatirá en la Cámara.

El portavoz popular criticó que la propuesta de Vox se ha presentado «de manera unilateral, sin consenso ni diálogo previo», y que el PP no tiene «obligación ninguna». «Nosotros entendemos que una ley de concordia tiene que venir consensuada, tiene que venir hablada, que no puede ser frentista, todo lo contrario, tiene que construir y no venir a destruir», expresó ante los medios. Cabe recordar que los populares votaron en contra de la ley de memoria aprobada en 2018 durante el Gobierno del PSOE y presentaron una enmienda a la totalidad.

Desde Vox, el presidente del grupo parlamentario de Vox, Ángel Pelayo, contestó al PP que les presentaron la propuesta en mayo para que la estudiaran, pero -les afeó-: «nunca obtuvimos respuesta». Recordó que la derogación de la ley de memoria y su sustitución por esta de concordia formaba parte del acuerdo de gobierno y criticó la «falta de voluntad de consenso» del partido de María Guardiola. Vox la registró en noviembre, cuando ya era oposición, desvinculándola de las negociaciones de los presupuestos.

La proposición de ley de concordia tiene como finalidad fundamental «delimitar la actuación» de la Administración extremeña «para el reconocimiento de quienes padecieron persecución o violencia por motivos ideológicos, religiosos y sociales desde el año 1931 hasta el año 1978». Con ella quedaría derogada la ley de Memoria Histórica de la región, así como las normas de igual rango o inferior contrarias, y se disolverían las comisiones, organismos e instituciones públicas que se hubieran creado por la ley de memoria.

La propuesta de Vox, tal como recoge el texto consultado por El Debate, contempla la elaboración y actualización de mapas de fosas y reconoce el derecho de toda víctima a la investigación, la localización, la exhumación y la identificación de sus restos. Establece en este sentido que la Administración adopte las medidas necesarias para localizar, exhumar e identificar esos restos para entregarlos a sus familiares, «con independencia de la ideología, creencia, afiliación o preferencia política de la víctima».

También recoge un reconocimiento expreso de la libertad de expresión y de la de cátedra y la intención de que se evite «toda intromisión de los poderes públicos en la fijación de una determinada versión de los acontecimientos históricos».

Según denuncia el partido de Abascal en la exposición de motivos, la ley de memoria extremeña «no persigue los valores de libertad, respeto y tolerancia que impulsaron la Transición, al decretar la intromisión del Estado en la esfera de la conciencia de los españoles, moldear su memoria individual, impedir la libertad de opinión, limitar la libertad de cátedra y penalizar el trabajo de los historiadores si este no se ajusta a la interpretación sectaria e interesada de los acontecimientos históricos que hacen ciertos partidos políticos». Además, a su juicio, atenta contra la igualdad de todos los españoles y vulnera derechos y libertades como la libertad de pensamiento, el derecho a expresar o difundir en libertad ideas u opiniones y la libertad de cátedra.

Vox señala en su iniciativa que «la Guerra Civil española llevó hasta el paroxismo las dinámicas de enfrentamiento de años anteriores», y remarca también que no hay un «relato consensuado» sobre la Segunda República ni sobre la Guerra Civil ni el franquismo, y que hay demasiadas aristas y es demasiado complejo como para que «el poder político fije relatos cerrados, simplificadores o maniqueos», máxime en una sociedad democrática. Por lo que consideran que la historia se debe dejar a los historiadores y expertos.

La formación rechaza que se trate de crear «el artificio de una memoria total y para todos», en detrimento de la memoria individual, y se intente dividir a los españoles. «La concordia y no el revisionismo rencoroso debe ser la respuesta a aquellos sufrimientos del pasado, como una manera de superar las divisiones y hostilidades entre españoles mediante la cooperación y la integración en esta empresa colectiva que es España», afirma.