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Juana Rivas, condenada a cinco años de prisión y seis sin sus hijos

Juana Rivas, condenada a cinco años de prisión y seis sin sus hijosEP

Comisión Permanente

Un CGPJ unánime ampara a la juez del caso Juana Rivas frente a los ataques de Irene Montero y su sucesora

La Comisión Permanente del CGPJ dará traslado a los cargos públicos que han pretendido «influir» en la independencia de la magistrada para que remitan sus alegaciones sobre lo ocurrido

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) se ha mostrado unánime en la necesidad de admitir el amparo solicitado por la titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer número 2 de Granada, la magistrada Aurora Angulo, encargada del último episodio del 'caso Juana Rivas', tras los ataques recibidos desde diferentes cargos públicos, entre ellos varias ministras y ex ministros, al pronunciarse hace unos días sobre la inexistencia de maltrato en el hijo menor de la granadina, por hechos ocurridos en España.

La magistrada, que en un auto fechado el día 9 de enero, rechazaba abrir diligencias sobre lo declarado por Rivas y sus abogados, se convertía en objeto de críticas furibundas por parte de la ex titular de Igualdad Irene Montero, que llegó a asegurar que la juez «está fuera de la ley»; su sucesora en el cargo, Ana Redondo; la actual ministra de Infancia, Sira Rego; el ex vicepresidente del Gobierno, Pablo Iglesias; y la ex magistrada Victoria Rosell, vinculada a la órbita de Podemos.

Angulo declinó investigar el caso al entender que no era de su competencia y pese a la fuerte presión mediática que apoya a Juana en su intento porque el menor de sus hijos, fruto de su relación con Francesco Arcuri, no vuelve a Italia donde, hasta ahora, los dos niños (uno de ellos ya mayor de edad), residían con su padre.

Ahora, según ha podido confirmar El Debate, y apoyándose en los criterios del procedimiento de amparo que se regula en el artículo 14 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) y los artículos 318 y siguientes del Reglamento de la Carrera Judicial, la Comisión Permanente del Consejo ha decidido aceptar los argumentos de la juez y respaldar su petición para que cesen las informaciones que han sido circuladas sobre ella, en un presunto intento por vulnerar su independencia e influir en su libre capacidad de resolución. En definitiva, el CGPJ entiende que hay motivos de peso para defender la labor de una magistrada que se ha sentido «inquietada» en el ejercicio de su función jurisdiccional.

Llegado el momento, las medidas de protección concretas instables, a partir de la petición de Angulo, irán referidas tanto a las autoridades y ex autoridades ya citadas, en sus respectivos Ministerios, como al despacho del letrado Carlos Aránguez Sánchez y las asesoras jurídicas que acompañan a Juana Rivas en su periplo judicial, entre ellas Francisca Granados, para que cesen en su señalamiento.

De acuerdo con lo previsto en el artículo 322 del Reglamento que desarrolla la LOPJ, una vez admitida a trámite la petición de amparo por parte de la juez, la Comisión Permanente dará traslado a la persona o personas, entidades o asociaciones de quien hayan derivado los actos que motivaron la solicitud para que formulen todas las alegaciones que consideren oportunas al proceso. Al mismo tiempo, podrá instar todas las diligencias que se consideren oportunas para centrar y comprobar los hechos denunciados por la magistrada.

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