Sánchez convierte el abordaje de Telefónica en un alarde de fuerza frente a su debilidad política

El pasado mes de mayo, el grupo parlamentario de Vox registró una pregunta escrita al Ejecutivo en el Congreso en la que pedía explicaciones por la designación de Carlos Ocaña como hombre del Gobierno en el Consejo de Administración de Telefónica. Ocaña había sido director de Gabinete del exministro Miguel Sebastián y fuente de inspiración para la tesis de Pedro Sánchez.

La Moncloa respondió: «La Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI) ha ejercido su derecho de estar representada en el órgano de gobierno de Telefónica S.A. (…). El consejero fue nombrado previo informe de la Comisión de Nombramientos, Retribuciones y Buen Gobierno y contó con el voto favorable del Consejo de Administración de Telefónica, compuesto, en un porcentaje superior al 50%, por consejeros independientes».

Esta vez, el Gobierno se ha dejado de formalismos. El pasado viernes por la tarde, el director de la Oficina Económica de la Presidencia, Manuel de la Rocha, citó a José María Álvarez-Pallete a una reunión en la Moncloa en la que le comunicó su sustitución por Marc Murtra. No sin antes agradecerle los servicios prestados, que es la fórmula que también emplean los presidentes del Gobierno cuando cesan a un ministro u otro alto cargo.

Con su operación relámpago para forzar el relevo de Álvarez-Pallete, Pedro Sánchez ha hecho un alarde del poder que tiene en el Consejo de Ministros, en contraste con la debilidad crónica, y crítica, que arrastra en el Parlamento. La salida del presidente de Telefónica se cerró el mismo día en que Carles Puigdemont anunció la suspensión de las negociaciones sectoriales con el PSOE hasta la celebración de una reunión urgente en Suiza.

Los saudíes, el aliado necesario

En el Gobierno se muestran satisfechos con el resultado de un abordaje que, en los orígenes, presentaron como una defensa de los intereses nacionales frente a la entrada de capital saudí en la multinacional española. Pero los saudíes han resultado ser la mejor coartada y, a la postre, un aliado para precipitar la caída de Álvarez-Pallete.

El pasado mes de noviembre, el Consejo de Ministros autorizó a la operadora saudí STC incrementar su participación en Telefónica hasta el 9,97 % del capital social, lo que a su vez le abrió las puertas a su Consejo de Administración (tendrá un consejero en breve); a pesar de que el Ejecutivo tenía la bala de plata que le confiere el llamado «escudo antiopas», que le permite vetar operaciones de compra extranjeras sobre empresas estratégicas españolas. De hecho, el Gobierno acaba de prorrogar este escudo dos años más, hasta el 31 de diciembre de 2026. En el caso de Talgo, en verano lo utilizó para prohibir el intento de compra por parte del Estado húngaro.

Sánchez viaja este martes al Foro Económico Mundial de Davos con la cabeza de Álvarez-Pallete bajo el brazo. «Ese relevo que tenemos que dar es muy importante para seguir caminando y tener dinamismo», señaló el domingo la vicepresidenta María Jesús Montero, hablando de Telefónica en primera persona. Su comentario acentúa la percepción de que el Gobierno ha relevado a Álvarez-Pallete por Murtra para asegurarse su subordinación, que es también la teoría de la oposición. Alberto Núñez Feijóo llamó este lunes a activar la «alerta antidemocrática en España» porque el Ejecutivo de Sánchez va también «a por las empresas privadas». Santiago Abascal habló de «asalto de las empresas estratégicas» desde Washington.

En este caso, Telefónica tiene además un papel no menor en dos de las causas judiciales que afectan al Gobierno: la del fiscal general del Estado, en la que el juez ha pedido a la compañía el registro de llamadas de Álvaro García Ortiz; y la de Begoña Gómez. Precisamente esta semana, Juan Carlos Peinado tomará declaración a responsables de Indra, Telefónica y Google por sus inversiones en el software de la Complutense del que, presuntamente, se apropió de forma indebida la esposa del presidente.

Con Telefónica, el Gobierno ha batido su propio récord. Como informó El Debate, de las 21 empresas en las que la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales tiene participación por encima del 5 %, en 18 ha colocado a afines al PSOE. Las únicas excepciones son Epicom, Saeca y Ebro Foods.

A Sumar, socio de Sánchez, no le preocuparon los 2.285 millones de euros de dinero público que el Gobierno gastó en la entrada en Telefónica y tampoco le han preocupado las formas ni el fondo de la designación de un cercano al PSC como Marc Murtra. Pero sí la indemnización que va a recibir Álvarez-Pallete y que podría ascender a 45 millones. Su portavoz y ministro de Cultura, Ernest Urtasun, la calificó de «escandalosa» y «vergonzosa» y anunció que su partido propondrá limitar por ley los finiquitos a altos directivos.