Los siete pecados capitales de Sánchez en apenas 500 días de legislatura

Junts ha retirado la proposición no de ley en la que instaba a Pedro Sánchez a someterse a una cuestión de confianza, María Jesús Montero ha inventado una condonación milagrosa de 83.252 millones de euros para cumplir lo pactado con ERC, Gobierno e independentistas avanzan hacia un cupo catalán… otra semana más en la oficina para el presidente y los suyos.

La anormalidad se ha vuelto cotidiana en esta legislatura salpimentada por Carles Puigdemont, José Luis Ábalos, Víctor de Aldama y Álvaro García Ortiz. Pero lo cierto es que, transcurridos ya casi los primeros 500 días de la misma, el presidente está dejando la Constitución como un queso gruyére.

A la vista de la declaración judicial de Jessica del pasado jueves, el pecado capital del ex ministro de Transportes y ex secretario de Organización del PSOE fue la lujuria. Probablemente también la avaricia, eso lo dirá la Justicia. Los pecados capitales de Sánchez son constitucionales; él que durante años acusó al PP de declararse en rebeldía contra la Carta Magna por bloquear la renovación del Consejo General del Poder Judicial. Vamos a la lista de siete (y queda mucha legislatura por delante):

La igualdad ante la ley

La ley de amnistía con la que Sánchez pagó la entrada de su hipoteca con Puigdemont hace añicos el artículo 14 de la ley de leyes: «Los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier otra condición o circunstancia personal o social».

Aunque el asunto haya abandonado la primera línea informativa, el Tribunal Constitucional de Cándido Conde-Pumpido pronto tendrá noticias, probablemente esta primavera. Tiene por resolver 15 recursos de inconstitucionalidad presentados contra la norma por el PP, las comunidades donde gobiernan los populares y el Gobierno castellano-manchego de Emiliano García-Page, más las cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña y el Tribunal Supremo. El final está cantado, máxime después de que la mayoría izquierdista haya apartado de todas las deliberaciones al magistrado conservador José María Macías: Puigdemont podrá volver a casa.

El papel del Constitucional

Ello nos lleva al artículo 117, según el cual: «La justicia emana del pueblo y se administra en nombre del Rey por Jueces y Magistrados integrantes del poder judicial, independientes, inamovibles, responsables y sometidos únicamente al imperio de la ley». El TC no forma parte del poder judicial y es independiente de los demás órganos constitucionales. Sin embargo, los socialistas lo están utilizando como tribunal de casación frente al Supremo. Primero con la sentencia de los ERES y próximamente con la de la amnistía. Entre medias, García Ortiz, defendido por la Abogacía del Estado, ya estudia recurrir en amparo ante el Constitucional para que anule su causa.

El «interés público» de la Fiscalía

El artículo 124 establece cuál ha de ser la misión del Ministerio Fiscal: «Promover la acción de la justicia en defensa de la legalidad, de los derechos de los ciudadanos y del interés público tutelado por la ley, de oficio o a petición de los interesados, así como velar por la independencia de los Tribunales y procurar ante éstos la satisfacción del interés social». Con un fiscal general imputado por, presuntamente, revelar datos privados de un particular a la Presidencia del Gobierno para intentar destruir a una rival política, suena hasta a broma.

La solidaridad entre comunidades

La quita de la deuda y la financiación privilegiada para Cataluña son un golpe certero a la solidaridad entre las nacionalidades y regiones de la nación española que recoge el artículo 2 de la Constitución y al artículo 138, que en su primer apartado establece: «El Estado garantiza la realización efectiva del principio de solidaridad consagrado en el artículo 2 de la Constitución, velando por el establecimiento de un equilibrio económico, adecuado y justo entre las diversas partes del territorio español, y atendiendo en particular a las circunstancias del hecho insular».

En este caso no es solo que el Estado no sea el garante de ese principio de solidaridad, sino que es el promotor de su ruptura. En esa línea iba el plante que, el miércoles, las comunidades gobernadas por el PP hicieron a la vicepresidenta primera y ministra de Hacienda en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Por más que Montero y el resto del Ejecutivo loen sin descanso la mancomunación a partes iguales de la deuda de cigarras y hormigas.

Las competencias en inmigración

Pasamos al capítulo de la transferencia de competencias en materia migratoria que el Gobierno negocia con Junts para saldar una deuda —otra más— contraída con los independentistas en enero de 2024. El Ejecutivo, que acostumbra a moverse en los límites de la Carta Magna, busca cómo sortear el artículo 149 sin que lo parezca. Éste recoge las materias sobre las que el Estado tiene «competencia exclusiva», entre las que cita: «Nacionalidad, inmigración, emigración, extranjería y derecho de asilo».

Éste es uno de los pecados capitales más graves que va a cometer Sánchez esta legislatura, puesto que afecta al mismísimo sistema nervioso del Estado, a la seguridad nacional. Los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado han puesto el grito —ahogado, de momento— en el cielo. La extranjería requiere una gestión centralizada, y más cuando ahora está vinculada con el terrorismo transnacional.

Un experto consultado por este periódico avisa de los problemas: «La descoordinación puede ser enorme, y eso implica que la información se pierda o no llegue a tiempo. La inmediatez de la información en gestión de fronteras es básica, porque hablamos de extranjeros que solo están ‘localizables’ unos pocos minutos». Y añade: «Cataluña tiene un problema enorme con el terrorismo yihadista, y la inteligencia en relación con extranjeros radicalizados es clave para la seguridad nacional. Si los Mossos asumen esta competencia, vamos a tener un problema más serio todavía».

Los no Presupuestos

Como quien no quiere la cosa, ya han transcurrido los dos primeros meses del año y España sigue sin Presupuestos de 2025 y con los de 2023 prorrogados por segundo año. Artículo 134.3 de la Constitución: «El Gobierno deberá presentar ante el Congreso de los Diputados los Presupuestos Generales del Estado al menos tres meses antes de la expiración de los del año anterior».

La paradoja es que los socialistas han normalizado este incumplimiento de la ley de leyes pero, a la vez, invocan continuamente otro apartado de ese mismo artículo para vetar iniciativas parlamentarias que presenta la oposición, el 134.6: «Toda proposición o enmienda que suponga aumento de los créditos o disminución de los ingresos presupuestarios requerirá la conformidad del Gobierno para su tramitación». En la Moncloa ya deslizan que este trimestre ya se les ha echado encima y que, si acaso, en el segundo.

Los impuestos, ¿justos?

Y nos queda el séptimo; un artículo de la Constitución que leyó Yolanda Díaz en una rueda de prensa en la Moncloa hace tres semanas. El artículo 31.1: «Todos contribuirán al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con su capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad que, en ningún caso, tendrá alcance confiscatorio». En este caso no es la oposición la que acusa al presidente de incumplir la Carta Magna, sino su propia socia de coalición, a propósito de la tributación del salario mínimo interprofesional en el IRPF. Lo del «sistema tributario justo» también tiene mucho objetable.