Un mal negocio
El pacto de la pureza catalana se le va de las manos al Gobierno
Los ministros niegan que el acuerdo con Junts permita denegar permisos de residencia por razón de la lengua, pero los de Puigdemont insisten. En Sumar surgen las primeras grietas
El PSOE a Junts o Junts al PSOE, ¿quién pretende engañar a quién? Socialistas e independentistas están haciendo interpretaciones distintas, casi opuestas, de la polémica proposición de ley orgánica que sus respectivos grupos parlamentarios registraron el martes en el Congreso; la que delega en Cataluña las competencias exclusivas del Estado en materia migratoria.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, desmintió este jueves que el catalán vaya a ser condición sine qua non para conceder los permisos de residencia, en contra de lo dicho por la portavoz de Junts en el Congreso, Míriam Nogueras. «La lengua no es un requisito para denegar un permiso, para expulsar a una persona de nuestro país o para prohibir la entrada en nuestro país. A esta delegación de competencias se le va a aplicar la Ley de Extranjería, donde no es un requisito el conocimiento de una lengua», aclaró.
Sin embargo, Junts volvió a la carga tras escuchar a la ministra Saiz, esta vez por boca de su secretario general, Jordi Turull: «El catalán debe ser un requisito. Una reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la UE sobre Holanda dice que el conocimiento de las lenguas propias del territorio donde se está debe ser y puede ser un requisito para los permisos de residencia. Si conocer el castellano en Zamora es un requisito para tener los diferentes permisos, conocer el catalán en Cataluña también debe serlo porque es la lengua propia de Cataluña», insistió.
Míriam Nogueras y Jordi Turull observan a Carles Puigdemont en plasma
«No contiene ningún requisito en referencia a la lengua», insistió el ministro Félix Bolaños. La literalidad de la proposición de ley, no. Sin embargo, la iniciativa alude como «marco legislativo preexistente» a la Ley 10/2010 de acogida de las personas inmigradas y retornadas a Cataluña y al decreto que la desarrolla, ambos en vigor.
Y ese decreto, que incluso fue recurrido en su día por la Defensora del Pueblo ante el TC por inconstitucional, establece al respecto de las Competencias lingüísticas básicas: «El catalán, como lengua propia de Cataluña, es la lengua común para la gestión de las políticas de acogida e integración. También es la lengua vehicular de la formación y la información, instrumento básico para la plena integración en el país. A tal fin, el aprendizaje lingüístico ofrecido por los servicios de primera acogida empieza por la adquisición de las competencias básicas en lengua catalana» (artículo 9.4). Como también: «El servicio de primera acogida, terminada la formación en lengua catalana, debe ofrecer la formación para adquirir las competencias básicas en lengua castellana a las personas que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana y que lo soliciten o lo requieran» (artículo 9.5).
En 2017, el Constitucional acabó declarando inconstitucional el requisito exigido en el artículo 9.5, «que hayan alcanzado la adquisición de competencias básicas en lengua catalana», y también limitó la interpretación del apartado anterior. De aquella sentencia (puede leerla aquí) participó el hoy presidente del tribunal de garantías, Cándido Conde-Pumpido.
No gusta a Podemos, dudas en Sumar
Sea como fuere, la proposición de ley ha ido sumando detractores en las últimas horas, conforme Junts va revelando sus verdaderas intenciones. Podemos empezó vinculando su posible apoyo a la aprobación, además, de la iniciativa legislativa popular para legalizar a más de medio millón de extranjeros que viven en España en situación irregular. Sin embargo, ahora está directamente en el «no». «Le pediría a Junts que no escondan su racismo detrás de las legítimas aspiraciones de autogobierno de los catalanes. Lo que han acordado con el PSOE no es descentralizar competencias, es descentralizar el racismo. Que tengan muy claro que con los votos de Podemos no van a contar», señaló ayer el portavoz morado, Pablo Fernández.
Sin los votos de Podemos no hay nada que hacer. Pero es que, además, dentro de Sumar hay división de opiniones. A IU y Compromís no les suena nada bien la melodía de Junts, y la portavoz de Más Madrid (que también forma parte de Sumar) en la Asamblea de Madrid, Manuela Bergerot, afirmó: «A mí me preocupa que esto vaya a impedir que podamos hacer acogida de personas migrantes en cualquier parte de España».
En Junts saben que Sánchez tiene por costumbre prometer cosas que sabe que no va a cumplir, dada su mezcolanza de alianzas a izquierda y derecha. A Podemos, ERC, Bildu y el BNG les prometió prorrogar este año el gravamen temporal a las energéticas. De hecho, el Consejo de Ministros del pasado 23 de diciembre aprobó la medida mediante un real decreto. El presidente mejor que nadie sabía que nacía muerto, puesto que en cuanto el Gobierno lo llevara a su convalidación por el Congreso, el PP, Vox y Junts lo tumbarían. Y así fue.
No obstante, los de Carles Puigdemont han dado sobradas muestras a Sánchez de que nunca olvidan un pacto. Y, antes o después, reclaman la factura. Por esto mismo, recientemente el PSOE ha tenido que reactivar su labor diplomática para conseguir que el catalán sea lengua oficial en la UE, uno de los compromisos de Sánchez a cambio de que Junts votara a favor de la designación de Francina Armengol como presidenta del Congreso. «Hoy estamos mucho más cerca que ayer (…). Los pocos países que eran todavía reticentes están cambiando con rapidez», se felicitó hace unos días el ministro de Exteriores, José Manuel Albares.
