
El ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, conversa con la mujer del presidente del Gobierno de España, Begoña Gómez
El juez Peinado apunta a un delito de malversación por la asesora de Moncloa que trabajó para Begoña Gómez
El magistrado cita al ministro Félix Bolaños por si en su declaración «pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación de caudales y/o fondos públicos»
El juez Juan Carlos Peinado, que investiga a Begoña Gómez –esposa del presidente del Gobierno– ha acordado tomar declaración en calidad de testigo al ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, el 16 de abril a las 10.30 horas al entender que puede existir un delito de malversación en la contratación de la asesora Cristina Álvarez por parte de Moncloa.
En el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, el titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid señala que tras la declaración como investigada de Cristina Álvarez, asesora de Begoña Gómez, y de Alfredo González, la persona que habría propuesto el nombramiento en Moncloa de la asesora, y después de recibir el informe de la Secretaría General de la Presidencia del Gobierno, considera pertinente la declaración de Bolaños por si de estas diligencias «pudiera desprenderse la comisión de un delito de malversación de caudales y/o fondos públicos».
El Debate adelantó el pasado mes de julio que esta asesora de la Moncloa –que medió en los cobros de la cátedra Begoña Gómez– pudo incurrir en un delito de malversación ya que «las gestiones que llevó a cabo esta asesora en ningún caso fueron en beneficio de Presidencia del Gobierno, que es para quien trabaja, sino para ayudar en sus negocios a la mujer del presidente, que es distinto».
De esta forma, y en caso de que finalmente investigue ese nuevo delito de malversación, se sumaría a los que ya indaga: tráfico de influencias, corrupción en los negocios, apropiación indebida de marca e intrusismo laboral.Añade que «los hechos por lo que debe prestar su testimonio acontecieron cuando tenía la condición de secretario general de la Presidencia del Gobierno». «Por lo que al no ser los hechos conocidos por razón de su cargo actual, de conformidad con lo establecido en los artículo 412 y 413 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, se llevará a cabo dicha diligencia en su despacho oficial», reza el auto de citación.
Acuerda además formar una pieza separada nueva en el caso para incluir en la misma el testimonio del ministro, las declaraciones de Álvarez y González y el informe de Presidencia del Gobierno.
La declaración de Bolaños
Cabe recordar que Bolaños ya estuvo citado como testigo en otro caso, el que investiga en la Audiencia Nacional el presunto espionaje con el software Pegasus, si bien en esa ocasión lo hizo por escrito.
El artículo 412.2.1 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal ofrece esta posibilidad, por cuanto establece que el presidente y los demás miembros del Gobierno «están exentos de concurrir al llamamiento del juez, pero no de declarar, pudiendo informar por escrito sobre los hechos de que tengan conocimiento por razón de su cargo».
Según fuentes del Ministerio, consultadas por Europa Press en la tarde de este lunes, Bolaños estaba a la espera de recibir esta citación de la que ha tenido conocimiento a través de los medios y, cuando así sea, el ministro responderá en su condición de testigo a «cualquier cuestión que se le plantee».
Peinado da este paso después de imputar a Álvarez el pasado febrero. La asesora de Gómez acudió a declarar como testigo el 20 de diciembre, cuando confirmó que envió varios correos electrónicos relacionados con la actividad privada de Gómez, explicando que se la nombró para ayudar a la esposa del presidente del Gobierno con temas tanto oficiales como privados.
El instructor la volvió a llamar en calidad de investigada el 26 de febrero. Entonces, negó haber realizado gestiones con la Universidad Complutense de Madrid (UCM) o empresas patrocinadoras para beneficiar a la esposa del presidente del Gobierno antes de la creación de la cátedra en octubre de 2020.
Álvarez, por su parte, ha recurrido su imputación afeando al magistrado que le tendiese «una trampa» al utilizar su declaración como testigo para cambiar su condición a la de investigada.