Conde-Pumpido organiza un acto conmemorativo de la Constitución de 1812 mientras «retuerce las bases» de la actual

El presidente del Tribunal Constitucional (TC), Cándido Conde-Pumpido, organizaba este martes, en el Oratorio de San Felipe Neri de Cádiz, un acto institucional para conmemorar el legado de las Cortes de 1812 que apoyado en el «pluralismo y el espíritu de diálogo» dio lugar al «consenso» y a un gran acuerdo democrático del que emanó la Carta Magna de ese mismo año.

Un consenso que «necesariamente requiere de respeto hacia las instituciones, hacia los derechos fundamentales y hacia los cimientos de nuestro Estado social y democrático de derecho», apuntaba Conde-Pumpido quien, pese al tono conciliador del discurso, desde su llegada al cargo, ha sido muy criticado por «estirar las costuras» de la vigente Constitución de 1978, para encajar algunas de las pretensiones ideológicas más sensibles para el Gobierno de Pedro Sánchez que, desde la última renovación de la Corte de Garantías, no ha perdido ni un solo recurso relevante.

La validación de la Ley 'Aído' del aborto impulsada por el Ejecutivo de José Luis Rodríguez Zapatero, 13 años después de su aprobación, que consagró la interrupción voluntaria del embarazo como un cuasi derecho fundamental inédito en los países de nuestro entorno; el rechazo del recurso del Partido Popular contra la renovación urgente del Consejo de Administración de Radio Televisión Española (RTVE) y su presidente, consumado por Pedro Sánchez vía Real Decreto, el 22 de junio de 2018; el aval de la polémica 'Ley Celàa' de la reforma educativa contra la enseñanza concertada, la educación religiosa, la educación diferenciada y los centros de educación especial, así como contra el carácter excluyente del castellano como lengua vehicular; o la luz verde de la eutanasia concebida como un derecho de morir ' a la carta', conformaron el sello del actual Pleno del TC, de mayoría izquierdista, durante sus primeros doce meses de andadura.

Más tarde llegaría el respaldo de la Corte a la ex presidenta del Congreso de los Diputados, Meritxell Batet, ante su negativa a exigir al Gobierno los expedientes de los indultos concedidos a los separatistas catalanes condenados por sedición; la corrección al Supremo, «excendiéndose» de las competencias que le son propias, en asuntos favorables a Arnaldo Otegi, el ex diputado de Podemos Alberto Rodríguez o la retirada de la sentencia de los ERE de Andalucía, con una interpretación ad hoc del delito de malversación. Y así hasta llegar al posible encaje de la amnistía en la Constitución que, según apuntan fuentes próximas a la Corte, será el último «gran servicio» de Conde Pumpido al Ejecutivo socialista, antes de su jubilación.

Un detalle, este último que choca con las manifestaciones del presidente del TC, este martes, sobre la actual Carta Magna española, a la que definió como «un pacto en el que todas las personas pueden y deben participar» y que «garantiza de forma indiscutible la unidad indisoluble de la nación española y la fortaleza del Estado social y democrático de derecho». Un principio básico que «quedará comprometido» si se consuma el borrado penal del procés de la mano del máximo intérprete de nuestro ordenamiento.

En este contexto, ha reivindicado «el imperio de la ley democráticamente aprobada e imparcialmente aplicada» y el Estado de derecho, en un contexto en el que el Gobierno de Pedro Sánchez ha batido récords con el uso del decreto-ley como herramienta legislativa.

Además, Conde-Pumpido recordaba cómo la Constitución es «vinculante» para todos los poderes públicos, que deben proteger la separación de poderes y de los derechos fundamentales de los ciudadanos.

«Todos los poderes públicos deben actuar sometidos a la ley y al Derecho, especialmente, a la ley de leyes que nos dimos en 1978», añadía el mismo jurista que ha irrumpido por sorpresa, en contra de su propio criterio, en los recursos de Oriol Junqueras y varios ex consejeros separatistas contra la negativa del Supremo a aplicarles la amnistía sobre el delito de malversación; o, quien maniobró para apartar al recién llegado magistrado José María Macías al TC del recurso guia de la amnistía cuyos tiempos quería controlar.

La vigencia de la Constitución

Conde-Pumpido defendía, también, la «relevante» función del Tribunal Constitucional para la vigencia de la Constitución, dado su triple papel de juez de las leyes, juez de los conflictos y juez de los derechos fundamentales.

«Estas relevantes funciones de control de la constitucionalidad de las leyes y tutela de los derechos fundamentales son llevadas a cabo por los magistrados y magistradas que componemos el Tribunal Constitucional, quienes son elegidos democráticamente siguiendo el mandato constitucional, atendiendo única y exclusivamente a la Constitución y a su Ley Orgánica, sin presiones directas o indirectas de ningún poder», señaba el presidente de la Corte, en Cádiz.

El Tribunal Constitucional, según ha destacado su presidente, es «el último bastión de las garantías constitucionales, en su papel de máximo intérprete de la Constitución», un último bastión que le permite configurarse como «el último guardián de las libertades», se atrevía a asegurar.

Sobre la predecesora de nuestra Carta Magna, denominada 'La Pepa', pese a ser la Constitución «menos duradera de la historia española y una de las más accidentadas», en ella se establecieron por primera vez principios «fundamentales e indispensables hoy en día para nuestra democracia», como son la soberanía nacional, la independencia judicial, la fundación del Tribunal Supremo, la separación de poderes o la garantía de los derechos y las libertades individuales. Una referencia al más Alto Tribunal que choca con la dinámica por la que Conde-Pumpido y la mayoría izquierdista que lidera en el Pleno del TC han entrado a corregir, incluso, en una función exclusiva del TS como la interpretación de la ley aplicable al caso.

El presidente del TC matizaba en sus palabras que el régimen constitucional de la Cádiz de 1812 «no es equiparable al actual» pero que desde entonces las distintas constituciones españolas han ido incorporando «importantes avances», hasta ser capaces en la actualidad de contar con «instrumentos eficaces para garantizar el equilibrio entre los poderes, lejos de las injerencias externas, lo que se traduce cada vez en mayor seguridad jurídica» que, en realidad, «se aleja mucho de los estándares que proporciona» la Corte bajo su mandato.