Qué dice la ley LGTBI de Extremadura y por qué Vox quiere derogarla

Ocurrió estos días con la ley LGTBI algo similar a lo que pasó hace unos meses con la ley de memoria histórica, aunque en ese caso el Partido Popular no estaba de acuerdo con la norma -tampoco con la propuesta de Vox-, de hecho votaron en contra de su aprobación, y en esta ocasión no quiere derogarla, y además se aprobó con un Gobierno del PP. La presidenta, María Guardiola, ha avanzado ya su voto en contra cuando la iniciativa de la formación de Santiago Abascal para derogar la ley LGTBI, de 2015, se lleve a la Cámara autonómica.

No obstante, ahora, como en enero con la citada ley de memoria, el hecho de que la Junta haya permitido que sea tramitada la iniciativa de Vox para derogar esta norma ha provocado la reacción de la izquierda, que se ha apresurado a lanzar que María Guardiola «no es de fiar» en la defensa de esta ley -«sus cambios de criterio y la postura de la Junta de Extremadura ante la petición de Vox de derogar la Ley LGTBI de Extremadura generan muchas dudas», sostuvo ayer el PSOE. Y ha llevado a los populares a recalcar que se ha dado luz verde a la tramitación en cumplimiento de la normativa, pero que ello no implica que estén de acuerdo con la propuesta de Vox, que no lo están.

En un vídeo difundido en redes sociales a propósito además del décimo aniversario de la aprobación de esta ley, la presidenta extremeña aseguró que no darán «ni un solo paso atrás». «Lo digo alto y claro: sus derechos están blindados. (...) Creo en una Extremadura libre, en la que ninguna propuesta vulnere los derechos de las personas. Y quiero dejar claro que las tramitaciones parlamentarias que se autorizan responden al cumplimiento de la ley como garantes y defensores de la democracia. Aunque se tenga que tramitar, el PP votará en contra», afirmó.

La Ley 12/2015, de 8 de abril, de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género en la Comunidad Autónoma de Extremadura fue aprobada en marzo de 2015, cuando gobernaba el popular José Antonio Monago, y salió adelante por unanimidad en la Asamblea. La Junta ha remarcado que esta norma extremeña fue de hecho «pionera» en España.

Su objetivo, tal como se recoge en el texto, es «regular los principios, medidas y procedimientos destinados a garantizar plenamente la igualdad real y efectiva y los derechos» de estas personas mediante «la prevención, corrección y eliminación de toda discriminación por razones de orientación sexual, expresión e identidad de género, en los sectores públicos y privados» de la región «en cualquier ámbito de la vida y, en particular, en las esferas civil, laboral, social, sanitaria, educativa, económica y cultural».

La norma establece la creación de un Observatorio Extremeño contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género, encargado, por ejemplo, de realizar estudios o lanzar propuestas en materia de políticas públicas. Se recoge que las instituciones autonómicas contribuirán a «la visibilidad» de las personas LGTBI, como puede ser respaldando campañas y acciones destinadas a «promover el valor positivo de la diversidad» en esta materia, en las relaciones afectivo sexuales y familiares, así como colgando la bandera de arcoíris en la sede de Presidencia y de la Asamblea el día internacional contra la homofobia.

Protocolo de atención integral a personas trans

Esta ley, por otro lado, habla de establecer un protocolo de atención integral a personas transexuales para «mejorar la detección temprana de las manifestaciones de transexualidad y la calidad de la asistencia sanitaria que se presta a este colectivo» que respete los principios de libre autodeterminación de género y no discriminación. Entre otras cosas, se señala que dicho protocolo incluirá en la cartera de servicios básica tratamiento hormonal, «en particular en el caso de menores de edad, quienes -indica-tendrán derecho a recibir tratamiento hormonal al inicio de la pubertad (...), y mediante tratamiento hormonal cruzado cuando se evidencie que su desarrollo corporal no se corresponde con el de los menores de su edad».

En el capítulo en el que se recoge, entre otros, este protocolo, se apunta que para los tratamientos previstos será necesario el «consentimiento previamente informado, emitido por persona con capacidad legal o, en el caso de consentimiento por representación, podrá prestarlo el miembro de la pareja de hecho en los términos previstos en la Ley 3/2005, de 8 de julio, de Información Sanitaria y Autonomía del Paciente».

Ámbito educativo

Respecto a lo que tiene que ver con la educación, se recoge que la Administración extremeña elaborará un plan integral sobre educación y diversidad LGBTI que partirá de un estudio al respecto que «analice la percepción que se tiene de estas cuestiones por parte del profesorado, progenitores y alumnado» y contemplará las medidas necesarias para «garantizar la igualdad y la no discriminación» de estas personas en el ámbito educativo, aplicándose en todos los niveles y ciclos formativos.

Asimismo, se expresa en el texto que con la intención de evitar discriminaciones o el «menoscabo de los derechos a la intimidad y vida privada» de los alumnos, se indicará a los profesores y al personal no docente que se dirija al alumno transexual por el nombre que elija él o sus representantes legales. Y, por ejemplo, se indica que a la hora de realizar actividades diferenciadas por sexo, se tendrá en cuanto el «sexo sentido» por él, «garantizándose el acceso y uso de las instalaciones del centro de acuerdo con su identidad de género, incluyendo los aseos y los vestuarios».

Por otra parte, establece también que los planes educativos contemplen «pedagogías adecuadas para el reconocimiento y respecto de los derechos» de estas personas y den cabida a «proyectos curriculares que contemplen o permitan la educación afectivo-sexual y la discriminación por motivos de orientación sexual o identidad de género».

Deporte

Asimismo, en la ley de 2015 se señala que la Junta promoverá y velará para que la participación en los deportes y la actividad física se haga «en términos de igualdad, sin discriminación por motivos de orientación sexual o identidad y expresión de género». Y se recoge que en los eventos y competiciones deportivas que se celebren en Extremadura «se considerará a las personas transexuales que participen atendiendo a su identidad sexual a todos los efectos».

Qué dice Vox

El partido de Santiago Abascal subraya en su propuesta de ley para derogar esta norma autonómica que considera urgente derogar «toda la normativa derivada de la ideología de género y woke». En concreto, señala que las leyes trans y las políticas de autodeterminación de género han resultado, a su juicio, «dañinas para la sociedad en su conjunto», pero especialmente para las mujeres y los menores.

En este sentido, recalca, por un lado, que estas leyes «amenazan gravemente el desarrollo armónico de los menores» al permitir que puedan acceder a procesos de hormonación «e incluso cirugías irreversibles». Y denuncia, por otra parte, que estas normas «refuerzan el adoctrinamiento» en los colegios por parte de activistas «con contenidos anticientíficos y totalmente alejados del sentido común más elemental».

Vox también alerta sobre el «borrado de la mujer» que trae consigo la autodeterminación de género, además de sobre el hecho de que se pongan en riesgo -apunta- espacios de intimidad de mujeres y niñas, algo «especialmente grave» en los centros educativos. E igualmente denuncia el «profundo agravio» que estas leyes promueven en el deporte femenino.

Así, la formación viene recriminando al Partido Popular que defienda a nivel nacional que es partidario de derogar la ley trans impulsada por el Ministerio de Igualdad de Irene Montero en la pasada legislatura y, sin embargo, no derogue este tipo de normas a nivel regional.