El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi'

El alcalde de Cádiz, José María González 'Kichi' (Adelante), ha dado positivo en Covid-19, aunque su enfermedad evoluciona con síntomas leves.

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Las acusaciones parten de la problemática surgida por el trabajo elaborado por un asesorEuropa Press

Cádiz

José María González 'Kichi' declara como investigado por un presunto delito de prevaricación

Este lunes, 24 de junio, el político tendrá que acudir al Juzgado de Instrucción número dos de la capital gaditana

Junto al investigado, se presentarán ante las dependencias judiciales los concejales de Personal y Hacienda, correspondientes al tramo de tiempo de noviembre de 2018 a abril de 2019, y dos asesores.

Todo se remonta a seis años atrás. Las acusaciones parten de la problemática surgida por el trabajo elaborado por un asesor, el cual se introdujo en el gobierno de la ciudad gaditana en 2018. A lo largo de varios meses, se dedicó a investigar y tratar con información relativa al municipio sin ser un propio trabajador del Ayuntamiento. Tampoco fue nombrado oficialmente como consejero, ni del alcalde de aquel momento ni de ninguna otra figura perteneciente al equipo político.

Tal y como puede extraerse de las pesquisas que comenzaron en 2021, fue la entidad nacional de Podemos quien respaldo que este asesor llegara hasta el Ayuntamiento de Cádiz para desempeñar sus funciones. El consejero partió desde la plantilla de trabajadores de Podemos en Madrid y accedió hasta el gobierno gaditano para orientar en el campo de Contrataciones.

Este investigado poseía una experimentada carrera en el área mencionada y llegó avalado por el equipo de gobierno para dedicarse a imponer directrices a los empleados que debían ser respetadas.

Según Adelante Andalucía, esta acusación «se trata del décimo octavo intento del PP y su entorno de judicializar la imagen de José María González 'Kichi' a lo largo de sus ocho años de gobierno como estrategia para recuperar el poder de lo que considera suyo».

La corporación política insiste en que esta es un denuncia se sumará a las casi 20 que poseen «todas archivadas» que «responden a esa estrategia de 'lawfare' de la que hoy tanto se habla, de judicialización de la vida política para embarrarla en cuestiones jurídicas y que tenía como fin torpedear y entorpecer continuamente el trabajo en el Ayuntamiento de Cádiz con el objetivo de paralizar los avances en la actividad municipal».

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