La pesca andaluza se pone en pie de guerra contra el Gobierno por el cierre del cerco en el golfo de Cádiz

El sector pesquero andaluz se ha puesto en pie de guerra contra el Gobierno de España después de que un correo electrónico del Ministerio de Agricultura y Pesca lo haya obligado a amarrar la flota de cerco del golfo de Cádiz durante este mes de noviembre.

La Federación Andaluza de Cofradías de Pescadores (Facope) denuncia que la orden se produjo «sin aviso previo ni resolución o documento de cierre», a la vez que el sector pesquero asumía la suspensión de la totalidad de la pesquería de cerco un mes antes de la parada temporal obligatoria (veda), establecida para los meses de diciembre y enero. Esta circunstancia condena al sector a estar sin poder faenar, como mínimo, hasta febrero, ya que se desconoce también fecha de apertura.

El sector pesquero andaluz se enfrenta a un «panorama muy crítico» que se completa con otras circunstancias que rodean a esta pesquería y que, a su juicio, «no hacen más que desestabilizar a la flota sin que se les ofrezca compensación alguna».

Por esta razón, Facope pide que se apruebe en la próxima Conferencia Sectorial la petición «urgente y necesaria» para que esta flota pesquera obtenga por parte del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación algún tipo de ayuda que compense este cierre del mes de noviembre.

«Necesitamos que se considere favorablemente esta petición urgente de ayudas al sector en estos momentos en los que los armadores y marineros del cerco del golfo de Cádiz se encuentra en un clima de desesperación y preocupación», ha asegurado Manuel Fernández Belmonte, presidente de Facope.

Una flota muy importante

La flota de cerco del golfo de Cádiz está compuesta por casi un centenar de barcos. El cierre de esta pesquería afecta a 1.000 trabajadores directos y a 5.000 trabajadores de forma indirecta.

Se trata de la modalidad con más necesidad de sectores servicios y con el más elevado nivel económico en la cadena de suministros y comercialización, lo que conlleva a grandes pérdidas a numerosas empresas dependientes de estos buques.

«Son muchas las familias que viven de este arte de pesca y que se están viendo afectadas además de ser muy significativo el perjuicio económico que ocasiona al producto interior bruto (PIB) de Andalucía», añaden desde Facope.