Page sortea el ataque fiscal del PP y Núñez le recrimina su contradicción entre palabras y hechos

Como si «fiscalidad» fuese una palabra ignota y no algo tan importante y directo como lo relativo a los impuestos de los ciudadanos, la ofensiva del Partido Popular contra el Gobierno de Castilla-La Mancha a cuenta de ella se ha mojado como la pólvora haciéndose inservible. No muchos van a acordarse de una acometida planificada, preparada y lanzada que parece que se acabó en un invierno como el ruso, pero castellanomanchego.

«La comunidad con menos impuestos propios»

La torre del homenaje del señor García-Page no ha sufrido mella alguna, y ha mandado a sus caballeros a decir lo que ya adelantó García Vargas el martes: que Castilla-La Mancha es la segunda comunidad autónoma que menos impuestos propios tiene. De hecho, ha apostillado el portavoz de Empleo y Agricultura del grupo socialista en las Cortes de Castilla-La Mancha, Antonio Sánchez Requena: «La ciudadanía de la región paga menos dinero que en aquellas comunidades que el PP utiliza siempre como referencia».

Una canción de La Unión decía: «Fueron los celos y no yo». En este caso fueron los datos y no Page, sin perjuicio de los matices y/u otros datos que contradigan dicha afirmación tomada de una noticia de El economista. El PSOE ha respondido con lluvia de flechas, desde las 26 deducciones fiscales que asegura tener el Gobierno por nacimiento, adopción o a la vivienda, y un lanzamiento de aceite hirviendo en la «hipocresía fiscal».

«La presión fiscal congelada»

La «freidora fiscal» la ha transformado el PSOE en «hipocresía fiscal». Munición mojada que han endosado a los alcaldes gobernados por el PP, de quienes aseguran que lo primero que hicieron fue subir los impuestos. Sánchez Requena, capitán de guardia del castillo, ha asegurado que en ciudades como Guadalajara, Toledo o Villarrobledo ya lo han podido comprobar y por tanto hay que lamentar «que la única forma que tiene el PP de ofrecer una alternativa es con la mentira, ese sistema de mentiras permanente, además de la hipocresía».

Aseguran desde el Gobierno castellanomanchego que van a seguir con la política de «mantener congelada esa presión fiscal, pactada, y destinar los impuestos que paga a la ciudadanía a mejorar los servicios públicos fundamentales: la sanidad, la educación y los servicios sociales, que es a lo que van destinados tres de cada cuatro euros del presupuesto de la Junta».

Y la lucha continúa, cómo no, por Castilla-La Mancha. Difícil para quienes aspiran a gobernar y quienes, sobre todo el PP, a apenas 850 votos del Gobierno, como afirmó su presidente en la Comunidad, Paco Núñez, buscan toda clase de resquicios para asaltar el fortín socialista.

El Gobierno regional que goza de no tener los defectos del Gobierno nacional y de hablar casi el mismo idioma que sus opositores, salvo porque lleva las mismas siglas que aquel, tal vez, ahora mismo, la única (o al menos la principal) puerta vulnerable sobre la que quizá deberían insistir quienes quieran de una vez ganar, como hizo el mismo Núñez el miércoles sacando a la luz la contradicción de los socialistas castellanomanchegos entre las palabras y los votos que permiten a Puigdemont «mandar» en España.