La Universidad Politécnica de Cataluña exige el C1 de catalán con carácter «retroactivo» para poder ascender

Maria Isabel Garcia Planas es doctora en matemáticas y ejerce como profesora en la Universidad Politécnica de Cataluña (UPC). Tiene la acreditación de catedrática desde 2012, «pero nunca soy lo suficiente buena para promocionar, como no soy de la cuerda...». Es lo que ha explicado a El Debate esta profesora, catalanoparlante, que lamenta que siempre ha habido alguna excusa para que no consiga esa cátedra. Y esta vez, ha sido que no disponga del certificado que acredita que tiene el nivel C1 de catalán.

Pero no sólo es ella. María Isabel García Planas ha recordado que cada año se presentan las personas que tienen esa acreditación. Y esta vez, ha añadido, se han encontrado con una «sorpresa». Y es que prácticamente la mitad de los que estaban en la lista (una veintena de personas) han sido excluidos y no van a poder ser promocionados a catedráticos. ¿Por qué? No tienen la acreditación de catalán. Y según García, «si van en las listas, es porque cumplían todos los requisitos». «Entonces, ¿a qué viene que te pidan algo ahora con efecto retroactivo?», se pregunta.

Desde principios de año, prácticamente, los profesores de las universidades catalanas están recibiendo comunicaciones en las que se les insta a acreditar que disponen el nivel C1 de catalán para poder obtener una plaza permanente o para poder promocionar. Es la medida que tomó la consejería de Universidades para «proteger» el catalán ante su «retroceso», en palabras de la entonces responsable del departamento, Gemma Geis. «Se establece que el profesorado permanente de las universidades catalanas tiene que demostrar el nivel C1 de competencia en lengua catalana en el momento de obtener una plaza permanente, o bien en el plazo posterior de dos años».

Son funcionarios del Estado

Esta profesora dice que «ya no llego para ser catedrática», porque se jubila el próximo año, pero deja claro que «va a morir con las botas puestas» y va a luchar por lo que considera justo. «Nunca me he examinado y no lo haré, porque no me da la gana», asegura, porque «los profesores tienen que poder escoger». Y deja claro que, en su caso, las clases son bilingües.

Pero Maria Isabel García Planas defiende que en su caso concreto, y el de otros profesores que están en una situación parecida, tampoco se les podría exigir el nivel C1 de catalán porque «somos funcionarios del Estado, no de la Generalitat. Que lo exijan al personal laboral, pues vale. ¿Pero a nosotros? Salimos en el BOE, ¿eh?». Y en cualquier caso, recuerda que lo que se les exige es que tengan conocimientos de ambas lenguas, de catalán y de castellano. Y por esa regla de tres, se pregunta, ¿por qué no se nos exige el C1 de castellano?

El rector de la UPC es Daniel Crespo y según dice esta profesora en tono irónico, se ve como «ministro de Educación de la Generalitat cuando se proclame la independencia. Y está haciendo puntos para eso». En cualquier caso, intuye que lo que está sucediendo, «poniéndose más papistas que el Papa» y exigiendo esa medida, «es promocionar a los que queremos. Y hala, ya tendremos a los nuestros colocados».

En duda la calidad de la formación

Pero esta profesora apunta a otro problema: la calidad de la educación. El objetivo, asegura, tiene que ser la formación de las personas, «es que estamos formando a los dirigentes del futuro, pero si sólo te dedicas a esto, a que se sepa el catalán, mal vamos. Pero entonces, ya pueden decir: hemos cumplido, que tienen el nivel C-1». Y añade: «pues muy bien, yo tengo que acreditar un nivel C1 de catalán. Y los estudiantes que me llegan, se supone que ya lo tienen. Pero mira, hacen unas faltas de ortografía tremendas. Y yo me pregunto: ¿dónde está ese nivel?».

Esta denuncia de María Isabel García Planas lo corrobora los resultados de las pruebas de competencias básicas en primaria y secundaria, que se han hecho públicos hace sólo unos días. Unos resultados que constatan el bajo nivel en lenguas castellana y catalana, especialmente en expresión escrita. Y de hecho, en secundaria, el nivel de estas dos lenguas es el más bajo de los últimos diez años.

Ante este panorama, el CSIF va a pedir esta semana a la Junta de personal docente e investigador funcionario, que apoye la propuesta de «suspensión de la exigencia de la acreditación del nivel C1 de catalán en todos los concursos de funcionarios afectados».

Petición del CSIF

El sindicato considera que pedir ese certificado «es una alteración inaceptable de las condiciones de estos concursos y vulnera las expectativas de estabilización y promoción del profesorado de la UPC». Y esta situación, advierten, puede acabar repercutiendo en la captación de talento y en la calidad docente de la institución.

Recuerda también el CSIF que tanto alumnos como profesores tienen el derecho legal a expresarse en cualquiera de las dos lenguas oficiales, por este motivo, considera que «la exigencia de una acreditación lingüística determinada es una asimetría injustificable que, además, puede perjudicar la convivencia entre las dos lenguas cooficiales».

Pero, además, denuncian la «falta de una justificación jurídica detallada» sobre la interpretación que ha hecho la UPC de la legislación vigente, lo que, a juicio del sindicato, «genera incertidumbre sobre la seguridad jurídica de la normativa lingüística y, en consecuencia, susceptible de impugnación».

En cualquier caso, no consideran que pueda prosperar esta petición, porque no van a contar con el apoyo de otros sindicatos, como es el caso de UGT o CCOO. Y eso, que según asegura la profesora Maria Isabel Garcia Planas, trabajadores que han votado a otras organizaciones sindicales, luego les han dado las gracias por seguir luchando para que se elimine esa acreditación de C1.

La universidad, objetivo del Govern

El catalán o el impulso de esta lengua es uno de los caballos de batalla del independentismo en general, y del Gobierno de la Generalitat en particular, ante el retroceso que, aseguran, está sufriendo. Retroceso sobre todo en el uso social del catalán. La fijación de los separatistas siempre ha estado en la educación obligatoria, en las escuelas, pero ahora ha puesto también en el punto de mira a las universidades.

Recordemos, además, que los rectores de las universidades públicas catalanas suscribieron un documento por el que se comprometían a que un 80 % de las clases se dieran en catalán. Una medida que han denunciado las asociaciones a favor del bilingüismo, que los porcentajes sí valgan para la universidad, pero no así para infantil, primaria y secundaria.

Potenciar el uso del catalán en este ámbito había sido una de las obsesiones de la exconsejera de Junts, Gemma Geis. Bajo su dirección se impulsaron las delaciones. Y es que los centros tienen que hacer un informe semestral en el que se recogen las incidencias que pueda haber sobre cambios en la lengua de las asignaturas, las causas, y también el seguimiento y la respuesta que se da por parte del centro universitario.

Pero lo cierto, y según datos de la consejería, es que las quejas presentadas sólo representan un 0,1 % de la oferta de asignaturas de grados y másteres en el conjunto del sistema universitario catalán. Además, algunas universidades han habilitado buzones de queja u otros canales para denunciar a aquel profesor que cambie de lengua. Es más, el Ejecutivo catalán ha reimpulsado reciente la campaña Si te cambian la lengua, no te cortes, para hacer uso precisamente de estos buzones.