Laura Borràs, condenada por corrupción e inhabilitada, se aferra al puesto que le reservó Puigdemont

Hace dos meses que Laura Borràs cedió la presidencia de Junts a Carles Puigdemont, en lo que supuso la restauración del liderazgo fáctico del partido y la retirada de la primera línea política de la que había sido consellera de Cultura de la Generalitat y presidenta del Parlament.

En agradecimiento a los servicios prestados, Puigdemont le reservó un puesto al frente de la nueva fundación de Junts, el think tank FunDem, heredado de Demòcrates. Sin embargo, hace unos días trascendió un informe encargado por el gobierno de Salvador Illa en el que se ponía negro sobre blanco que las personas inhabilitadas no pueden estar en el patronato de una fundación.

Esta situación afecta tanto a Borràs como al también exconseller Raül Romeva, que hace dos semanas renunció a presidir la Fundación Irla, vinculada a ERC, por este mismo motivo. Borràs, sin embargo, no está dispuesta a rendirse sin pelear, y así lo dejó claro este lunes a última hora, en una publicación en X en la que defiende su derecho a presidir FunDem.

«La ley es clara: una persona sin sentencia firme condenatoria puede formar parte de un patronato y presidirlo», señala Borràs en su mensaje, en el que desdeña el informe del Govern y vuelve a tachar de «lawfare» y «persecución política» su condena a cuatro años y medio de cárcel y 13 años de inhabilitación por trocear contratos cuando era directora de la Institució de les Lletres Catalanes (ILC).

«Estoy dispuesta a seguirlo haciendo [combatir la persecución] y a trabajar en el ámbito de las ideas y el pensamiento para el independentismo», insiste Borràs, que se ampara en que la sentencia no es firme y espera a que el Tribunal Supremo resuelva el recurso de casación que interpuso.

Según constata La Vanguardia, en caso de que Borràs llegase a ser nombrada para formar parte del patronato de la fundación de Junts –paso previo necesario para presidir esta entidad, que aún no ha sido registrada como parte del censo oficial–, el gobierno catalán podría denegar la inscripción y dejar el nombramiento en nada.