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El president de la Generalitat, Salvador Illa, durante una sesión de control al presidente de la Generalitat de Cataluña, en el Parlament de Cataluña, a 13 de noviembre de 2024, en Barcelona, Cataluña (España). En el pleno de hoy se abordan el temporal que golpea el territorio sur de Cataluña y la aprobación de los presupuestos de 2025.

Kike Rincón / Europa Press
13/11/2024

El presidente de la Generalitat, Salvador IllaEuropa Press

Cataluña

Illa seguirá contando con la empresa afín a Puigdemont que fue multada por amañar contratos

Iniciatives Events, la empresa de cabecera del independentismo, obtiene un contrato público para 2025

Que el gobierno de Salvador Illa contrate a una empresa para que lleve a cabo los actos institucionales y las comparecencias del presidente de la Generalitat no debería ser noticia. Que el coste de estos trabajos asciendan a los 545.545 euros también puede entrar dentro de la normalidad. Ahora bien, la anormalidad surge cuando se da un contrato a una empresa que no puede licitar en concursos públicos.

Así ocurre con las empresas Iniciatives Events y Arcoiris Lighting Systems, sancionadas en 2022 por la Autoridad Catalana de la Competencia (ACCO) por prácticas restrictivas de la competencia en licitaciones públicas del departamento de Presidencia de la Generalitat y de los ayuntamientos de Calella e Igualada.

Ambas compañías se habían puesto de acuerdo en licitaciones llevadas a cabo entre 2018 y 2021 que tenían como objeto la contratación de servicios de realización técnica de actos y eventos institucionales del presidente de la Generalitat en diferentes espacios, entre ellos en el Palau de la Generalitat. Además, habían concertado también sus actuaciones en licitaciones promovidas por los consistorios de Calella, en 2018, y en Igualada, en 2020, para prestar servicios técnicos para actividades durante las fiestas mayores de estas localidades.

La multa impuesta a Iniciatives Events asciende a 360.000 euros y la de Arcoiris Lighting Systems, a 56.000 euros. Además de las sanciones, ACCO prohíbe a estas empresas volver a contratar al departamento de Presidencia en un período de 24 meses. Las dos empresas están vinculadas a Toni Fusté y Roc Aguilera, amigos íntimos y socios de Xavier Vendrell, el miembro de ERC y colaborador del presidente de Colombia, Gustavo Petro, que estuvo implicado en el caso Voloh por irregularidades con los presidentes Quim Torra y Carles Puigdemont.

Relación con Puigdemont y Aragonès

De hecho, la empresa Iniciatives Events ha sido la empresa de cabecera del independentismo, con un peso específico en muchos actos llevados a cabo por Puigdemont, así como en el Consell de la República, el Tusnami Democràtic y todo lo que tenga a ver con el procés independentista. Y todo el dinero que recibieron, lícita y ilícitamente, salía de dinero público.

Con Pere Aragonés las cosas no cambiaron. A pesar de no poder licitar, en marzo de 2023 se les adjudicó un contrato de 1,2 millones de euros. En realidad, esta compañía vulneró la ley en la contratación de la organización de los actos de la Presidencia de la Generalitat desde 2018 a 2020 y en el contrato que debería abarcar desde 2020 a 2023. El método de amaño de contratos fue utilizado también en otras ocasiones para hacerse con contratos públicos de ayuntamientos controlados por partidos independentistas.

Pero aquí no acaba la historia. En enero de 2024, Iniciatives Events firmó un contrato con la Generalitat por un valor de 10 millones de euros, aunque hasta ese momento tenía prohibido licitar en cualquier organismo que dependiera de las administraciones catalanas. Esta prohibición se la impuso el Tribunal Catalán de Defensa de la Competencia, en el expediente 108/2020, de 21 de septiembre de 2022.

Ahora, según adelanta Crónica Global, es Salvador Illa quien contará con sus servicios, ya que Iniciatives Events ha conseguido el contrato para la realización técnica de actos institucionales y comparecencias del presidente de la Generalitat durante 2025. Con todo, es cierto que más allá de las implicaciones éticas, esta es una maniobra legal, ya que la empresa puede licitar desde septiembre de 2024, cumplidos los 24 meses de sanción.

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