La Fiscalía apoya que se suspenda el ingreso en prisión de Borràs a la espera del indulto

La Fiscalía apoya que la justicia suspenda la entrada en prisión de la expresidenta del Parlament, Laura Borràs para cumplir su condena de cuatro años y medio de cárcel por los contratos a dedo en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC), mientras el Gobierno resuelve si la indulta.

En un escrito remitido al alto tribunal catalán, el ministerio público comunica al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que no se opone a la petición de la expresidenta de Junts de que se suspenda su pena de prisión, «con el fin de evitar posibles perjuicios a la condenada en el caso de que se resuelva favorablemente su petición de indulto».

Recordemos que Borràs fue condenada a cuatro años y medio de prisión, a 13 de inhabilitación y a 36.000 euros de multa por prevaricación y falsedad documental, por trocear contratos y adjudicarlos a un conocido suyo cuando dirigía la Institución de las Letras Catalanas.

Hay que tener en cuenta que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, en su sentencia inicial, ya propuso un indulto parcial para la pena de prisión hasta el tiempo que excediera de los dos años. Reconoció que la pena que correspondía a Borràs por el delito de falsedad documental, castigado con cuatro años y medio de cárcel como mínimo, era «desproporcionada y excesiva» para los hechos cometidos por la exdirigente de Junts, teniendo en cuenta que si fraccionó los contratos de la ILC fue para adjudicarlos de forma «arbitraria» a su amigo, no para obtener con ello un «lucro personal».

De ahí la decisión del ministerio público que, eso sí, recuerda que el indulto está limitado a la pena de cárcel, por lo que considera que la multa y la inhabilitación para cargo público sí debería cumplirla. El Tribunal Supremo confirmó la condena, pero descartó proponer el indulto que sí ha pedido Borràs.

Con relación a los otros condenados, Isaías Herrero y Andreu Pujol, la fiscalía también pide flexibilizar las condenas, que fueron de 24 meses y 14 meses de prisión respectivamente, inhabilitación y multas.

En el caso de Herrero, que era el conocido de Borràs al que fueron a parar todos los contratos, el ministerio público pide que se tenga en cuenta su «colaboración y arrepentimiento» mostrados durante el juicio y que ha acreditado que superó su adicción a las drogas. Él ya ha pagado la multa, y, por este motivo, la fiscal pide que se sustituya el ingreso a prisión por trabajos en beneficio de la comunidad.

En el caso de Andreu Pujol, que ayudó a Herrero a presentar presupuestos y facturas falsas, la Fiscalía pide suspender su ingreso en prisión y no se opone a que se puedan ampliar los plazos para pagar la multa, porque su empresa se ha disuelto por insolvencia.