Salvador Illa entierra el dumping fiscal

Durante los últimos años tanto María Jesús Montero como Salvador Illa han criticado la política tributaria aplicada por el PP en las autonomías que gobierna, en especial las rebajas fiscales de Díaz Ayuso en Madrid. El argumento, falso, siempre es el mismo: las comunidades del PP en general, y Madrid en especial, so insolidarias porque piden más dinero al gobierno central mientras aplican rebajas fiscales que provocan una caída de ingresos y un empeoramiento de los servicios públicos.

Borrell (ex secretario de Estado de hacienda), Sánchez, Montero, Illa, Díaz, ningún líder de la izquierda ha perdido la oportunidad de criticar la política de rebajas acusando a Madrid y al resto de autonomías populares de realizar dumping fiscal.

Según los socialistas la competencia fiscal entre autonomías es injusta hasta el extremo que Illa hablo en Madrid en su conferencia de hace una semana de «prosperidad compartida» y enfrento su modelo con el de la Comunidad de Madrid.

En su afán de crítica a Ayuso a los socialistas no les frena que, a pesar de tener una fiscalidad más baja, y sobre todo más simplificada, sin figuras tributarias propias, Madrid recaude más que Cataluña. El Sanchismo está abonado a la idea de que la verdad no estropee un buen titular y olvida que la potestad de las comunidades autónomas de regular sobre un tramo del IRPF fue una cesión de Felipe González a Jordi Pujol a cambio del apoyo de este en 1993.

El dumping del que acusan a Díaz Ayuso solo existiría en el caso de que Madrid, o cualquier otra comunidad, hubiera aplicado un tipo de IRPF fuera del marco legal, pero eso no ha sucedido nunca. Lo que han hecho Madrid, Andalucía, etc ha sido aplicar los márgenes dentro de la ley pactados entre el nacionalismo catalán y los diversos presidentes que han morado en La Moncloa.

Lo que nunca pensaron los nacionalistas, cuando pidieron la capacidad de fijar tipos sobre un tramo del IRPF, potestad que luego amplio Aznar en 1996, fue que alguna comunidad autónoma no lo usará para subirlos si no para bajarlos. Es normal que no cayeran en esa posibilidad dado que el nacionalismo es, por definición, una ideología basada en el control de la sociedad desde el poder y que reniega de la diferencia y la individualidad.

La Sindica de Greuges, defensora del pueblo en Cataluña, denunció en su reciente y último informe que «la ineficaz administración -refiriéndose a la Generalitat de Cataluña- es un obstáculo para el desarrollo económico». Durante mucho tiempo todo tipo de organizaciones y estudios han señalado que el motivo por el cual las empresas se van, a miles, de Cataluña no es solo el proceso separatista sino también la elevada fiscalidad y la burocracia asfixiante. También hay estudios que indican que el éxodo empezó antes del fatídico 2017, aunque es cierto que en ese año tomo velocidad de crucero.

La rebaja del IRPF para las personas que ingresan menos de 33.000 euros en Cataluña es una auto enmienda en toda regla. Durante el reciente, e inacabado debate, sobre la condonación de la deuda, Cataluña argumento que ellos tienen menos recursos por la competencia fiscal injusta a la que se ven sometidos por otras CC.AA. La realidad es una vez la Generalitat ha conseguido traspasar el 22 % de su deuda al estado ha hecho dos cosas: pedir 8.500 millones más al FLA y bajar los impuestos.

Montero llegó a insinuar que el gobierno trabajaba en un proyecto para acabar con la potestad de las CC.AA. de fijar tipos propios en el 50 % del IRPF. La contradicción sería absoluta, un gobierno sustentado por independentistas aprobando leyes jacobinas.

Cataluña baja el IRPF y reconoce, sin explicitarlo, que su política fiscal ha sido errónea. No es la primera vez que la Generalitat intenta bajar los impuestos. En 2024 ERC ya lo intentó, pero los Comunes tumbaron el presupuesto y Cataluña fue a elecciones.

Ahora Cataluña reduce sus tramos de 9 a 8 y lo hace de forma retroactiva desde enero de este año. Con esta medida los catalanes con rentas de hasta 33.000 euros anuales dejan de ser los que más pagan y se ponen al nivel de Castilla – La Mancha, Andalucía, Aragón y la Región de Murcia. ¡Descanse en paz el dumping¡