Mazón activa a la Abogacía de la Generalitat para intentar tumbar la amnistía de Sánchez a los separatistas

El Consell, liderado por Carlos Mazón, ha acordado autorizar a la Abogacía de la Generalitat Valenciana a iniciar los trámites para interponer un recurso de inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica 1/2024, de Amnistía para la Normalización Institucional, Política y Social en Cataluña, al estimar que infringe varios preceptos de la Constitución Española y del Estatuto de Autonomía, entre los que figuran el principio de legalidad, el derecho a la igualdad ante la ley o la división de poderes.

A través de este acuerdo, se solicita la emisión, con carácter previo a la interposición del recurso, del preceptivo dictamen del Consejo Jurídico Consultivo de la Comunidad Valenciana y se autoriza a la Abogacía General de la Generalitat a iniciar los trámites para la interposición de este recurso de inconstitucionalidad, tal y como ha explicado en la rueda de prensa la portavoz y consejera de Hacienda, Ruth Merino.

«Tenemos la firme determinación de llegar hasta el final con la aprobación de una norma que rompe con la igualdad entre todos los españoles, que premia a los que delinquen, incluso con delitos de malversación, y que relega al resto de ciudadanos a ser ciudadanos de segunda», ha señalado la consejera.

Merino ha subrayado en este sentido que la Ley de Amnistía supone una vulneración, por parte del poder legislativo, del principio de legalidad consagrado por la Constitución, así como del derecho a la igualdad de todos los españoles ante la ley, reconocido por la Carta Magna y recogido en el Estatuto, y y también representa una vulneración de la división de poderes, «al hurtar a los jueces y magistrados sus funciones de juzgar y hacer ejecutar lo juzgado».

Recurso ante el Supremo

Por otro lado, la portavoz ha anunciado que el Gobierno valenciano va a presentar un recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Supremo ante la «negativa» del presidente Gobierno de España, Pedro Sánchez, a convocar la Conferencia de Presidentes.

El Consell argumenta en este sentido que se ha incumplido la obligación legal de convocar la Conferencia de Presidentes dos veces al año, tal y como establece el Reglamento que regula este órgano de participación, y además, recuerda que tampoco la ha convocado ante la expresa petición de más de 10 presidentes de comunidades y ciudades autónomas (en concreto, por 14, entre ellas, la Comunidad Valenciana) presentada en noviembre de 2023.

Merino también ha recordado que se ha pedido la celebración de esta Conferencia de Presidentes no solo para abordar la crisis migratoria, sino también otras cuestiones igualmente prioritarias como la reforma del sistema de financiación, sin que hasta ahora se haya atendido esta petición.

Por ello, ante la «inactividad» y lo que se considera una «deslealtad institucional» se ha decidido acudir a la vía contencioso-administrativa para reclamar la convocatoria de este órgano de interlocución del Gobierno con las comunidades autónomas.