Quién es Lupe Sánchez, la abogada alicantina del novio de Ayuso a la que le han robado el ordenador

Lupe Sánchez, la abogada alicantina de Alberto González Amador, pareja de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, se encuentra en el centro de una trama que mezcla espionaje, robos y filtraciones judiciales. El robo de su ordenador portátil y otros dispositivos electrónicos, ocurrido el pasado 11 de enero, ha desatado una investigación que apunta a un posible patrón de ataques dirigidos contra el entorno de la política 'popular'. La recuperación parcial del material sustraído y las recientes detenciones en Algeciras no han hecho más que intensificar un caso que tiene implicaciones tanto judiciales como políticas.

La alicantina, conocida en redes como @Proserpinasb, es una de las abogadas más reconocidas en España, pero además una voz mediática y literaria de nivel. Colaboradora habitual en programas radiofónicos y medios digitales, la jurista ha publicado dos libros que abordan la situación política y jurídica de España: Crónica de la degradación democrática española (2023) y Populismo punitivo (2020). Ambos textos fueron presentados por Ayuso, una figura política con la que ahora se encuentra indirectamente vinculada en esta trama judicial que afecta a su pareja.

El robo de su ordenador portátil, el pasado 11 de enero, ha destapado una serie de acontecimientos que parecen entrelazarse con una investigación judicial que afecta al entorno de Díaz Ayuso. La abogada ha denunciado públicamente que el robo, junto con el allanamiento de su domicilio y la sustracción de otros dispositivos electrónicos, podría formar parte de una serie de eventos dirigidos a interferir en la privacidad y confidencialidad de su trabajo como defensa de González Amador, quien enfrenta acusaciones de fraude fiscal.

El robo narrado por la víctima

Sánchez relata en un comunicado difundido este jueves que la noche del sábado 11 de enero recibió en su vivienda a dos agentes de la Guardia Civil tras percatarse del robo. Según explica, acordó con ellos interponer la denuncia en la Comandancia de su lugar de residencia a la mañana siguiente. Desde el inicio, la abogada comunicó la gravedad del caso, ya que el portátil contenía información «sensible» vinculada a la representación legal de González Amador.

El lunes 13 de enero, Sánchez informó del robo a su cliente y a los dos abogados que colaboran con ella en los procedimientos judiciales. Durante esa misma jornada, se amplió la denuncia, detallando el contenido de los dispositivos robados y señalando otros incidentes recientes que afectan a su entorno profesional. En particular, destacó un allanamiento en el domicilio de Carlos Neira, uno de los abogados del caso, y el hackeo de su correo electrónico, sobre el cual ya se instruyen diligencias en un juzgado de Madrid.

El 17 de enero, Sánchez tuvo conocimiento de un nuevo robo, esta vez en el domicilio del arquitecto que trabajó en la reforma de la vivienda de González Amador, donde también reside la presidenta madrileña. Según su declaración, existen grabaciones de seguridad que muestran a tres personas con los rostros cubiertos, tanto en este allanamiento como en el sufrido por Neira. Estos datos fueron entregados a la policía judicial, responsable de investigar el caso.

El 19 de enero, tras recibir preguntas de varios periodistas sobre los robos, Sánchez y los demás abogados decidieron confirmar los hechos a un medio digital. La noticia fue publicada al día siguiente, pero para sorpresa de la abogada, aparecieron detalles adicionales sobre su denuncia en medios afines al Gobierno como eldiario.es y la Cadena Ser, con los que no había tenido ningún contacto.

El caso dio un giro este miércoles, cuando la abogada, utilizando otro ordenador Apple y una aplicación de rastreo, localizó la ubicación del portátil en Alicante. Desde las primeras horas de la mañana, realizó un seguimiento de los movimientos del dispositivo, informando regularmente al agente de la EDITE (Equipo de Delincuencia Informática y Tecnológica). Por la noche, en torno a las 20:30 horas, la Guardia Civil le confirmó que el dispositivo había sido recuperado en el puerto de Algeciras, donde tres personas intentaban cruzar a Tánger con el material robado.

Sin embargo, Sánchez aclara en su comunicado que los detenidos –dos mujeres y un hombre de origen marroquí, según ha confirmado el Instituto Armado a El Debate– no son los autores del asalto a su domicilio, y que el resto de los dispositivos sustraídos continúan desaparecidos.

Un caso con eco político

El robo y la recuperación parcial del material han generado reacciones en el ámbito político. Miguel Ángel García Martín, consejero de Presidencia, Justicia y Administración Local de la Comunidad de Madrid, ha afirmado este jueves desde Fitur que «no cree en casualidades» respecto a lo sucedido. Según García Martín, «están ocurriendo cosas muy extrañas en el entorno de la presidenta» y señala directamente al Gobierno de Pedro Sánchez, al que acusa de llevar a cabo «una operación de desgaste» contra Ayuso.

El consejero recuerda también la imputación del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, por un presunto delito de revelación de secretos relacionado con la filtración de correos del abogado de González Amador. Este episodio, que comenzó en febrero de 2024, ha puesto bajo sospecha al propio Ministerio Público y a Presidencia del Gobierno, al sugerirse que desde Moncloa se habrían realizado gestiones para filtrar información sensible a los medios de comunicación.

El magistrado del Tribunal Supremo, Ángel Hurtado, ha citado a declarar a García Ortiz el próximo 29 de enero. Según la denuncia, desde la Fiscalía General del Estado y Presidencia del Gobierno se habría gestionado la publicación de un correo entre el abogado de González Amador y el fiscal Julián Salto en el medio El Plural.

El contexto jurídico y político

La imputación del fiscal general y las acusaciones de una operación orquestada desde Moncloa han elevado la tensión política. Mientras el Gobierno de Pedro Sánchez defiende la actuación de García Ortiz y mantiene su «absoluta confianza» en él, desde el entorno de Díaz Ayuso se denuncia una persecución política dirigida a desprestigiar a la presidenta madrileña por medio de su entorno.

Por su parte, Lupe Sánchez se encuentra en una situación de máxima exposición. Además de enfrentar las consecuencias del robo, que ha comprometido información confidencial de sus casos, la abogada se ha convertido en una figura clave en el proceso judicial y político que rodea al entorno de Díaz Ayuso. La letrada ha manifestado su indignación ante las filtraciones mediáticas y ha exigido garantías para preservar la confidencialidad de sus clientes.

Aunque el portátil robado ha sido recuperado, el resto de los dispositivos sustraídos y los autores materiales del asalto siguen sin identificarse. Las grabaciones de cámaras de seguridad en los domicilios afectados muestran a tres personas con los rostros cubiertos.