IU se une a PP y Vox para defender las terrazas de los bares frente al alcalde de un pueblo de Alicante

La oposición en el Ayuntamiento alicantino de Guardamar del Segura ha cerrado filas con los hosteleros del municipio contra la nueva ordenanza de ocupación de la vía pública impulsada por el equipo de Gobierno encabezado por el socialista José Luis Sáez. En una rueda de prensa conjunta que ha tenido lugar este jueves, representantes de Partido Popular, Vox e Izquierda Unida han manifestado su apoyo a la «Plataforma de Afectados por la Ordenanza de Vía Pública», que agrupa a los empresarios del sector en su lucha contra las restricciones impuestas por el Consistorio.

El encuentro, celebrado en el Hotel Meridional, ha contado con la presencia de los portavoces de los tres grupos de la oposición y de Ángel Braceras y Carolinas Limas, portavoces de la plataforma de hosteleros. Braceras ha agradecido el respaldo político y recuerda que los afectados han intentado negociar con el equipo de Gobierno sin éxito: «Nosotros no hemos ido a los tribunales, no queremos que a Guardamar le cueste dinero esto».

Desde el Partido Popular, su portavoz municipal, Marisol Gallud, ha sido tajante en su crítica a la normativa: «Nos enfrentamos a una ordenanza que en lugar de buscar el bien común, pues perjudica a nuestros negocios locales, a nuestra economía y a nuestra oferta turística. Y ya no es solo por motivos económicos, es porque la hostelería es una parte fundamental de nuestra vida social como pueblo». Además, denuncia la falta de diálogo del equipo de Gobierno y asegura que su partido seguirá respaldando las reivindicaciones de los hosteleros hasta que se logre una solución satisfactoria.

Por su parte, el concejal de Vox en el Ayuntamiento, Ángel Delfín, califica la ordenanza de «abuso» y se compromete a exigir su modificación: «Ha llegado el momento de que venga el tío de la vara y pase martillo. No podemos dejar que siga decayendo el Producto Interior Bruto de este pueblo y, por lo tanto, la defensa del empresariado es nuestro primer objetivo».

Desde Izquierda Unida, Guzmán Fernández justifica la abstención de su grupo en la aprobación de la norma al considerar que «regular la ocupación de la vía pública no es ningún disparate», aunque admite que las restricciones impuestas son excesivas y carecen de mecanismos efectivos de participación: «Las ordenanzas y reglamentos deben ser participados y negociados y no impuestos». También exige al alcalde la paralización del régimen sancionador hasta el fin de la temporada alta y la creación de una mesa de trabajo con el sector.

Argumentos contra la normativa

Los hosteleros han manifestado su total rechazo a la nueva normativa municipal, que les obliga a retirar las tarimas y cerramientos de sus terrazas, así como cualquier mobiliario anclado al suelo. Consideran que esta medida no solo afecta la comodidad de los clientes, sino que también dificulta su operativa diaria y pone en peligro la viabilidad de sus negocios.

«Solo queremos trabajar en paz y seguir ofreciendo un servicio de calidad a los habitantes del pueblo y a los miles de turistas que nos visitan cada año y disfrutan de nuestras maravillosas, cómodas y, hasta el momento, seguras terrazas», afirmaron desde la plataforma tras manifestarse frente al Ayuntamiento hace unas semanas.

Uno de los principales problemas que denuncian es la dificultad logística de montar y desmontar el mobiliario cada día. Según explican, retirar elementos como maceteros, paravientos y mesas supone un esfuerzo adicional para los trabajadores, además de generar molestias innecesarias a los vecinos. Asimismo, alertan de que la regulación no garantiza que puedan ocupar su espacio de terraza al iniciar la jornada laboral, ya que si otros vehículos ocupan la zona, no podrán instalar sus mesas, a pesar de haber pagado tasas municipales por el uso de la vía pública.

También acusan al Ayuntamiento de no haber facilitado un verdadero diálogo en estos años de proceso. «Hemos presentado escritos de alegaciones en tiempo y forma, y nunca obtuvimos respuesta», denuncian. En sus redes sociales, la plataforma acusa al alcalde y a su equipo de «hacer oídos sordos» a sus peticiones y exigen la suspensión de la ordenanza hasta que se alcance un acuerdo.

Exigencia de diálogo y soluciones

La plataforma de afectados reclama que el Ayuntamiento atienda sus peticiones y reconsidere la aplicación de la ordenanza. Braceras insiste en que no se oponen a la regulación, sino a la falta de consenso: «Lo que queremos es demostrar el interés general. Tenemos el respaldo de las principales asociaciones de comerciantes y de empresarios de Guardamar, de los tres grupos políticos de la oposición y de miles de firmas de ciudadanos».

El portavoz de la plataforma insta a la oposición a llevar el debate al pleno municipal: «Os pido que llevéis esta moción y que todos los asistentes que puedan vayan y hagan las preguntas que tengan que hacer al alcalde». Los portavoces de los tres partidos se han comprometido a trasladar la petición a la próxima sesión plenaria y a seguir presionando para lograr una revisión de la norma.

El conflicto entre hosteleros y el equipo de Gobierno de Guardamar del Segura sigue sin resolverse, pero el alcalde del municipio ha conseguido poner de acuerdo a empresarios y hosteleros del pueblo en su contra y lo que es más llamativo, que IU, PP y Vox se hayan alineado ante lo que consideran un ataque contra los hosteleros y empresarios de su municipio.