Los 17.000 euros de la discordia que han desatado una guerra en el Ayuntamiento de Valencia

Son apenas 17.000 euros, pero esta ínfima cantidad para lo que supone el presupuesto de una ciudad como Valencia ha desatado toda una guerra política en el seno del Consistorio de la ciudad del Turia con visos de convertirse en judicial.

La cifra corresponde a una subvención otorgada a Vox para gastos de funcionamiento sobre la que hay tres versiones. La primera de ellas, y la causante del tsunami generado, está incluida en un informe de la Intervención municipal en el que se refleja que no se había justificado. La segunda, la que sostiene el PSOE-PSPV, señala que el dinero no está en la cuenta municipal del partido. Y una última, la de Vox, asegura que el dinero estaba en la tesorería del grupo y ya se ha devuelto «en su totalidad en tiempo y forma».

Sea cual sea la que más se aproxime a la verdad de las tres, la realidad constatable es que este asunto ha levantado un intercambio de ataques entre socialistas y Compromís, de un lado, y los de Santiago Abascal, por el otro, con una alcaldesa, María José Catalá, que se encuentra en medio y con una posición incómoda, ya que su partido, el PP, gobierna en coalición con la formación liderada a nivel municipal por Juanma Badenas, segundo teniente de alcalde y portavoz municipal del partido de derechas.

Catalá indicaba este lunes que la contabilidad de los grupos municipales del anterior mandato, que es cuando se transfirió la subvención de la discordia, «está saldada». «Todos los grupos han hecho o bien la justificación o el ingreso de los fondos de forma oportuna», añadía ante los medios, antes de querer dar por zanjado el tema: «Aquí terminan legalmente las competencias que tenemos por nuestra parte».

Fuego contra la primera edil

Pero el tema, o al menos la polémica en torno a él, parece estar muy lejos de poder darse por finiquitado. La semana pasada La portavoz socialista en el Ayuntamiento, Sandra Gómez, anunciaba que su grupo iba a informar a la Fiscalía y al Tribunal de Cuentas sobre el uso de ese montante que, a su juicio, «podría ser constitutivo de malversación, de fraude e incluso de un delito electoral». Gómez aprovechaba para tratar de que la metralla alcanzase también a la alcaldesa valenciana, a quien exigía que actuase.

«Lo que tiene que decidir ahora la señora Catalá es si es rehén de sus socios de Gobierno aunque eso suponga claudicar y callar ante un posible delito y eso es lo que tienen que esperar los valencianos y valencianas, una alcaldesa que calla ante sus socios aunque puedan cometer un posible delito, o si es una alcaldesa que vela por la legalidad y por la honradez de este Gobierno y es ella la primera en tomar medidas», retaba a la regidora.

Desde las filas de Compromís cargaban hace unos días contra Vox y Badenas, aunque también con la intención de salpicar a Catalá. «Es consciente de que depende de un grupo municipal que ignora la ley y que desprestigia a la institución municipal», aseguraba la concejal de los nacionalistas Eva Coscollà, quien advertía de que la primera edil era «la única responsable del desgobierno que está causando un concejal que está fuera de control y que es capaz de poner patas arriba al Ayuntamiento antes que reconocer su negligencia».

Desde Vox no se han limitado a aseverar que sus cuentas están en orden, sino que han ido más allá, con una ráfaga disparada sobre todos los grupos municipales que integraban el Pleno del Ayuntamiento durante la anterior legislatura, incluido el suyo. Badenas afirmaba el pasado jueves que su formación iba a pedir una auditoría de las cuentas de PSPV, Compromís, PP y Vox realizada por una entidad independiente.

Badenas también apuntaba a que algunos de los gastos de la anterior Corporación municipal de izquierdas no olían a limpio. «Queremos saber quiénes viajaron a Silicon Valley con Valencia Activa o a Nápoles con el entonces alcalde, y por qué alargaron sus viajes para hacer turismo personal», señalaba el portavoz de Vox, quien incluso parafraseaba al socialista Alfonso Guerra para avisar de que la auditoría sería «de infarto» y que iba a poner esos desplazamientos en conocimiento de la Fiscalía.