El nacionalismo gallego pisa el acelerador en su plan contra el turismo en plena temporada alta

En apenas un mes, el BNG se ha propuesto impulsar el freno al turismo de Galicia a través de varias iniciativas. Concretamente, su gobierno en el Ayuntamiento de Santiago de Compostela se ha traducido en la implantación de varias restricciones encaminadas a frenar el auge de la llegada de turistas justo al comienzo de la temporada alta.

La primera de ellas está relacionada con la limitación de las licencias de pisos turísticos. La decisión generó polémica inmediata al afectar a más de 600 familias que se han visto desamparadas por el gobierno local que había prometido que sus pisos quedarían encajados, de una u otra manera, en la nueva ordenanza. Sin embargo, esto no ocurrió y no contarán con licencia. Para conseguirla necesitan cumplir unos requisitos que la mayoría no están dispuestos. Uno de ellos es la necesidad de poner en alquiler de larga duración sus propiedades durante un cierto periodo de tiempo. Aún así, esto supondría que podrían alquilar sus pisos como vivienda turística, únicamente, durante 60 días.

Por otro lado, el BNG ha suspendido la concesión de licencias en el casco histórico para aquellos comercios que quieran dedicarse a la venta de recuerdos. El centro de la ciudad está plagado de este tipo de negocios que surten de souvenirs a los millares de peregrinos que transitan por sus calles.

La alcaldesa, Goretti Sanmartín, asegura que se estudiarán «los ejes comerciales» de la ciudad histórica para analizar sus actividades y usos. Desde el gobierno local defienden que esta decisión era necesaria para proteger el comercio de proximidad.

Además, este mismo jueves el concello remitió una carta a la Xunta para comenzar la tramitación para imponer una tasa turística en la ciudad. De aplicarse, los turistas tendrán que pagar entre 1 y 2,5 euros dependiendo del lugar donde decidan instalarse y del tipo de turismo que consideren realizar. Al menos, esas son las intenciones del Ayuntamiento.

La creación de una tasa turística estaría amparada a nivel legal con una ley autonómica que plantea un modelo en el que la Agencia Tributaria de Galicia (Atriga) se encargaría de su recaudación para su posterior cesión a los ayuntamientos, encargados de gestionar el 95 % de lo recabado en sus municipios. El 5 % restante iría destinado al fondo autonómico de promoción turística.

Estas medidas, encaminadas a reducir la afectación del turismo, han puesto en alerta a los hosteleros de la ciudad que temen que pueda repercutir de manera negativa en la llegada de clientes.

Además, el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, advirtió que hay que ser cauto y no caer en la «turismofobia»: «Tenemos que tener la cabeza suficiente y pensar que no es muy justo que pague la gente que viene a un hotel y hace el gasto de la noche, pero que el desembarco de autobuses no tiene ninguna repercusión», opinó sobre la tasa turística a la que, por otro lado, asegura estar abierto.