Begoña y Pedro: un amor contra el poder judicial

Es curioso cómo cuando me dispongo a escribir un artículo de opinión sobre temas legales de la vida cotidiana, como qué sucede con tu perro al divorciarte, me encuentro una y otra vez con Begoña Gómez y su infatigable esposo, Pedro Sánchez, el presidente del gobierno. Esta semana, la segunda carta de Sánchez, en la que prácticamente acusa al juez de prevaricar, es imposible de ignorar. Y aquí estoy, en plena jornada de reflexión, prendiéndole fuego al teclado de mi ordenador.

La carta en cuestión, escrita por Sánchez, no es solo una defensa apasionada de su esposa, sino también una acusación directa de lo que él considera lawfare. Esta palabra, que ha adquirido una connotación casi mítica en ciertos círculos, se refiere al uso del sistema legal para perseguir a enemigos políticos. Pero, ¿realmente estamos ante un caso de lawfare, o es simplemente una táctica más de un líder que se siente acorralado?

La representación de la diosa justicia con una venda en los ojos simboliza su imparcialidad. Sin embargo, Sánchez parece sugerir que esta venda no es más que un accesorio de moda, y que los jueces actúan con intenciones ocultas para influir en el resultado electoral. Es irónico, por no decir preocupante, que el presidente del gobierno no confíe en la independencia de los jueces, y más aún, que lo haga público de manera tan vehemente.

Recordemos que Begoña Gómez no pertenece ni al gobierno ni a ninguna institución del Estado. Entonces, ¿por qué esta intervención tan vehemente de su esposo, el presidente, en un asunto que debería ser puramente judicial? Sánchez acusa al juez de no seguir una «norma no escrita» de no tomar decisiones judiciales antes de las elecciones, una noción que el propio juez Peinado ha desmontado con ironía. Peinado respondió que «la costumbre, como fuente supletoria del derecho, será de aplicación en caso de ausencia de ley». Además, subrayó que ni Gómez ni ninguno de los afectados en el procedimiento han sido proclamados «en el proceso electoral vigente».

Aunque un asunto de este tipo es claramente aprovechado por la oposición para desgastar al PSOE, parece que es el propio Sánchez quien está más interesado en sacar a su amada esposa para jugar al victimismo y al populismo. Lo sucedido en Benalmádena, donde Begoña Gómez fue paseada y vitoreada tras ser citada a declarar, se convirtió en uno de los espectáculos más ridículos que ha presenciado la política española. Este despliegue, insultante para la inteligencia del electorado general, recuerda a cierta pareja de la Marbella de los 2000, destacando por su teatralidad y desvergüenza.

Más inquietante aún es la actitud cada vez más peligrosa de Sánchez hacia la separación de poderes. Su constante erosión de esta separación, y sus ataques directos a la prensa y al sistema judicial, nos recuerdan a un líder del otro lado del Atlántico. Sí, el propio Donald Trump, con su estilo populista y su desprecio por las instituciones democráticas. Sánchez parece estar tomando una página del manual trumpista, acusando a cualquiera que se interponga en su camino de conspirar en su contra.

Pero la cosa no se queda ahí. La reciente noticia de que la fiscalía europea también ve indicios de delito en este asunto añade otra capa de complejidad a esta historia. La fiscalía europea, con su mirada externa e imparcial, no tiene ningún interés en los juegos políticos locales, y su intervención refuerza la idea de que quizás hay más en este caso de lo que Sánchez quiere admitir. Aunque supongo que la fiscalía europea también pretende enfangar a la familia de Sánchez o es de extrema derecha, aquí nadie está libre de las tan repetidas acusaciones.

Sánchez, con su actitud y sus acusaciones de lawfare, no solo muestra una falta de respeto por la independencia judicial, sino que también pone en peligro el estado de derecho y la democracia en España. La diosa justicia debe mantenerse con los ojos vendados, no porque sea ciega, sino porque debe ser imparcial y objetiva. Cualquier intento de influir en su juicio, ya sea mediante presiones políticas o cartas abiertas, debe ser condenado y rechazado.

En esta jornada de reflexión, es fundamental recordar que la justicia debe prevalecer sin interferencias. Sánchez y su retórica divisoria no deben ser una distracción de lo que realmente importa: la integridad del sistema judicial. Creo firmemente en la independencia de nuestros jueces y en su capacidad para actuar sin miedo ni favor.

La carta de Sánchez, llena de acusaciones de lawfare, es un ejemplo más de cómo algunos líderes están dispuestos a sacrificar la integridad de las instituciones para proteger sus intereses personales. Es nuestra responsabilidad, como sociedad, defender estas instituciones y asegurar que se mantengan libres de influencias indebidas.

Y así, me encuentro, una vez más, obligado a defender la esencia misma de nuestro estado de derecho. Porque al final del día, la justicia debe ser ciega, imparcial y, sobre todo, libre de la interferencia política, incluso cuando los protagonistas son tan insistentes como Begoña y Pedro.