Perplejidad en Sol por la decisión de la cúpula fiscal sobre la querella del novio de Ayuso: «La Fiscalía está colonizada por el sanchismo»

La junta de Fiscales de Sala ha avalado tras más de seis horas de tensa reunión y por la mínima -15 votos a favor y 14 en contra- instar ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid el archivo de la querella planteada por la pareja de la presidenta, Isabel Díaz Ayuso, por revelación de secretos. Una decisión que no comprenden en la Puerta del Sol. Fuentes del entorno de la dirigente madrileña consideran que esta postura no hace sino evidenciar «la colonización de la Fiscalía por parte del sanchismo».

«¿En qué cabeza normal cabe que no se investigue la filtración flagrante de unos documentos de un ciudadano, asunto que está penado con cárcel?», se preguntan. Y es que la cúpula fiscal, con mayoría de miembros de la Unión Progresista de Fiscales, se ha decantado por apoyar la postura de la teniente fiscal del Tribunal Supremo, Ángeles Sánchez Conde frente a la de la fiscal María de la O Silva, quien proponía investigar antes de informar al juez a favor o en contra de admitir la querella.

Para casi la mitad del cónclave, «es muy prematuro» pedir que se cierre la causa en la que «un particular denuncia un presunto delito de revelación de secretos con el que se podría haber conculcado su derecho fundamental de defensa». Sin embargo, ha terminado por imponerse, por tan sólo un voto de diferencia, el criterio de los fiscales más afines al Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, abstenido en la causa.

Tras este resultado, la Fiscalía propondrá al TSJM la improcedencia de admitir la querella del novio de Ayuso y, por lo tanto, la innecesariedad de practicar unas «mínimas diligencias preliminares» orientadas a poner luz sobre la posible responsabilidad «de los dos fiscales querellados en los hechos denunciados», como pedía la encargada del caso, con el aval de sus superior jerárquico, Carlos Ruiz Alegría.

La querella de Alberto González Amador, novio de Ayuso, se dirige contra la fiscal jefe de Madrid, Pilar Rodríguez, y el fiscal de delitos económicos Julián Salto por supuesta revelación de secretos a raíz de un comunicado de prensa emitido el 14 de marzo por la Fiscalía de Madrid en el que se revelaba la estrategia de defensa seguida por el abogado de González.

El Fiscal General del Estado asumió toda la «responsabilidad» de esa nota en la que se filtraban datos personales de un particular y defendió que la nota de prensa no contenía información confidencial que pudiera haber «perjudicado el derecho de defensa» del investigado por un presunto delito contra la Agencia Tributaria.

«Como Fiscal General del Estado, estaba informado de los acontecimientos y de la publicación de un comunicado que se limitaba a desmentir, con hechos cronológicamente sistematizados, informaciones falaces e interesadas previamente publicadas por algunos medios. Por consiguiente, asumo la responsabilidad última de esa nota de prensa», fueron las palabras exactas de García Ortiz el pasado 15 de abril.

Un día después, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, arremetía contra García Ortiz por su revelación. «Tenemos a un Fiscal General del Estado que puede confesar públicamente como hizo ayer que es el responsable de filtrar los datos de un particular y no pasa nada. Este es el país de la impunidad», lamentaba.