La Fiscalía concluye que el Gobierno de Sánchez vulneró los derechos de los inmigrantes que desalojó del centro de Alcalá de Henares

La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha concluido que el Gobierno de Pedro Sánchez vulneró los derechos de los inmigrantes desalojados del centro habilitado en cuartel militar Primo de Rivera del municipio de Alcalá de Henares.

El Ministerio Público, tal y como ha informado en un nota, ha pedido que se declare contrario al derecho internacional de derechos humanos y al derecho fundamental a la integridad física y moral que se abandone a personas migrantes en situación de irregularidad y de especial vulnerabilidad.

Fue la Asociación Red Española de Inmigración y Ayuda al Refugiado la que presentó una denuncia el pasado mes de enero en la que advertía del desalojo de varios inmigrantes del centro de acogida, quedando los mismos en un estado de alegalidad y abandono.

«Tratar así a seres humanos es denigrante», afirmaron desde esta plataforma de entidades, expertos y juristas de diferentes puntos de toda España que trabaja para la puesta en común de criterios para generar un avance en los derechos humanos en el ámbito de la inmigración y que no recibe dinero público.

Se trata de la misma entidad que mandó una carta a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, para advertirle del «maltrato continuado» al que estaban siendo sometidos los inmigrantes alojados en el Centro de Acogida de Emergencia y Derivación para inmigrantes (CAED) de Alcalá de Henares. Unos inmigrantes que llegaron de forma descontrolada durante los primeros meses del año y con escasa coordinación con el Ayuntamiento del municipio, tal y como ha denunciado en numerosas ocasiones la alcaldesa Judith Piquet.

Desde la asociación aseguraron que el caso denunciado, que se tramita ante la Sección Cuarta de la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional, afectaba a personas migrantes procedentes «en su mayoría» del «entorno geográfico subsahariano, que en 2023 entraron en España de forma administrativa irregular por las Islas Canarias».

Según la denuncia, la Administración Pública les expulsó del centro «sin darles una solución u orientación acerca de su situación jurídica en España» ni solución habitacional ni «medio alguno de subsistencia».

En el escrito de la Fiscalía de la Audiencia Nacional, el fiscal Manuel Campoy defiende que la Administración Pública demandada vulneró «el derecho fundamental de integridad física y moral de las personas migrantes concernidas» al «generar una situación de riesgo relevante de lesión» para ellas.