La censura en la dictadura de Primo de Rivera, un peligroso antecedente del plan de Sánchez

El llamado Plan de Acción por la Democracia, aprobado por el gobierno socialista el pasado 24 de septiembre, ha reabierto el debate sobre la libertad de prensa, la financiación de los medios y la lucha contra la desinformación. Esta medida está presuntamente motivada por la decisión del presidente del Gobierno de atajar los bulos y las noticias falsas.

Sin embargo, el hecho de que esta iniciativa haya sido promovida por Pedro Sánchez después de que su mujer comenzara a ser investigada por sospechas de corrupción y tráfico de influencias, no induce a pensar bien sobre ella. El control de la información ha sido una máxima perseguida por otros mandatarios de nuestro país en el pasado y nos retrotrae a una época que creíamos ya superada en España.

Cuando Miguel Primo de Rivera dio un golpe de Estado, el 13 de septiembre de 1923, una de las primeras medidas que impuso fue la restricción de la libertad de prensa. De esta forma, un Real Decreto, del 15 de septiembre de 1923, suspendió las garantías constitucionales y quedó establecida la censura previa o «la seña Anastasia», como era calificada en el argot periodístico. Afectaba a todos los periódicos, revistas y folletos. Por ello, desde el 16 de septiembre, apareció en todas las publicaciones, y en lugar prominente, la frase: «Este número ha sido revisado por la censura militar».

En los primeros años de dictadura primorriverista, los diarios solían dejar espacios en blanco o puntos suspensivos en las partes censuradas, pero, a partir de 1927, la dictadura lo prohibió, al considerar que era un recordatorio de que la libertad de prensa estaba restringida. La censura de Primo de Rivera se caracterizó por su carácter arbitrario e incoherente, prohibiendo a un periódico lo que autorizaba a otro. El hecho de que no se formase un cuerpo especial de censores, sino que esta tarea recayera en funcionarios de los Gobiernos civiles, explica esta arbitrariedad.

La censura de Primo de Rivera se caracterizó por su carácter arbitrario e incoherente, prohibiendo a un periódico lo que autorizaba a otro

Para regular el contenido de las informaciones publicadas se creó una Oficina de Información y Censura, dirigida inicialmente por Pedro Rico y después por Celedonio de la Iglesia. El régimen quería eliminar cualquier mención que fuera considerada peligrosa para el país, ya fuera porque afectara a la unidad de la patria, al orden público o por cuestionar la política del Gobierno. Aun así, puede decirse que, por lo general, la censura fue relativamente benévola y permitió que se cuestionase su propia existencia y que se formulasen encuestas acerca de cómo y cuándo debía finalizar la dictadura. Tampoco hubo persecución de periódicos, salvo los anarquistas, que sí fueron clausurados.

Con todo, estaba terminantemente prohibido realizar ataques directos y abiertos contra el Directorio. La extensión de la dictadura provocó que el número de temas censurados fuera en aumento y su implantación contribuyó al desarrollo de otras secciones menos conflictivas, como las dedicadas a los deportes, los toros, la literatura o a la mujer.

Los periódicos, especialmente la prensa liberal, recurrieron a ingeniosos recursos para eludir la censura. Uno de los ejemplos más sonados fue el poema publicado en el diario oficioso del régimen, La Nación, el 15 de abril de 1929, que consiguió burlar la censura disfrazando un mordaz acróstico de soneto laudatorio dedicado al general andaluz; al juntar la primera letra de cada verso podía leerse: «Primo es borracho». Estaba firmado por «María Luz de Valdecilla», pseudónimo bajo el que se ocultaba José Antonio Balbontín, escritor y político comunista.

Primo de Rivera fue, en cierto modo, un periodista frustrado. Le gustaba escribir unas cuartillas a altas horas de la madrugada para establecer un contacto directo con el pueblo. La famosa carta de Pedro Sánchez, dirigida a la ciudadanía, fue una reminiscencia de las célebres notas oficiosas del dirigente jerezano. Este defendía también el control de la información y esgrimía que la prensa debía estar permanentemente vigilada y controlada por el Gobierno. Cien años después, no parece que las cosas hayan cambiado.

Este nuevo plan implica la creación de un registro en el que se disponga de información pública sobre la propiedad y la inversión publicitaria que reciben los diarios, y que permita diferenciar a los medios de comunicación de los «pseudomedios». Se antoja, cuando menos, peligroso que sea el propio Gobierno quien decida qué medios de comunicación merecen serlo y quiénes no.

Rememorando el comienzo del acróstico de Balbontín, podríamos afirmar que Sánchez busca erigirse en «paladín de la libertad de prensa».