Cuba estrecha el cerco sobre los creyentes

28 fueron las personas detenidas en Cuba a lo largo de 2022. Es una de las escalofriantes estadísticas que se desprenden del último «Informe Patmos» sobre Libertad Religiosa, al que El Debate ha tenido acceso en exclusividad.

Unos 19 se vieron obligados a abandonar la isla, víctimas del acoso a fuego lento al que les somete la dictadura comunista.

Hay algunas personas que figuran en ambas listas. Es el caso del pastor Alain Toledano, a quien se le advirtió, «que solo se le permitiría salir si lo hacía con su familia en un viaje sin regreso».

«De paso», prosigue el informe, «se le amenazó que, si no lo hacía antes del 26 de julio de 2022, se le encausaría judicialmente y se le sometería a años de prisión; por lo cual el pastor, en compañía de su esposa y de sus dos hijas menores, salió de Cuba rumbo a los Estados Unidos de América, el 25 de julio de 2022», un día antes del que venciera el plazo.

Una suerte similar a la de Toledano –sobre el que el cerco empezó a estrecharse hace ya años– corrieron otros nueve pastores.

También los seglares católicos Dagoberto Valdés, director del Centro Convivencia y antiguo consultor del Pontificio Consejo «Justicia y Paz», y Yoandy Lara, experimentaron la represión constante y a fuego lento, método predilecto del comunismo cubano en los últimos años.

Sin ir más lejos, el 8 de diciembre de 2022 fueron convocados por el capitán Ezel, oficial de la Seguridad del Estado, para un interrogatorio que se llevó a cabo al siguiente día, a las 10 de la mañana en la Oficina de Trámites de Inmigración en Pinar del Río.

Según comunicó Valdés –cuyo historial represivo dura ya décadas– en sus redes sociales, las entrevistas tuvieron una duración de 30 minutos cada una y fueron realizadas por el teniente coronel Raúl y el capitán Ezel, ambos de la Seguridad del Estado.

El asunto fue el viaje realizado por Valdés e Izquierdo fuera de Cuba en octubre de 2022. Los interrogadores les insinuaron que la Seguridad del Estado «apostaba porque ya no regresarían a Cuba».

Supuestamente se trataba de una «entrevista de rutina», al igual que ocurre con todas las personas que viajan, pero tanto Valdés como Lara afirman que después de los interrogatorios el hostigamiento hacia ellos continúa. Es el precio de su regreso y de su compromiso.

Tampoco se puede olvidar el maltrato que padecen los cristianos presos, destacando el informe las situaciones del pastor evangélico Lorenzo Rosales Fajardo, el laico católico Ángel Mesa, o la laica evangélica María Cristina Garrido.

Mas el acoso directo a las personas, presas o bajo libertad vigilada, no agota las técnicas represivas de la dictadura: las ha refinado. Principalmente por tres vías.

La primera de ellas es la legislativa. En septiembre, mediante un referéndum irregular –los opositores no pudieron hacer campaña– fue aprobada una reforma del Código de las Familias que legalizó el matrimonio homosexual y traspasó al Estado amplias facultades tradicionalmente reservadas a la patria potestad.

«Arrebatar la patria potestad a los padres sobre sus hijos, atribuyendo este derecho o función al estado, le facilita al castrismo el adoctrinamiento y control de las mentes más jóvenes de la isla, e incluso puede ser usado como un mecanismo de amenaza tanto a activistas opositores como a creyentes», se puede leer en el informe que concluye que «los hijos de los cristianos desde que nacen están marcados por la fe de sus padres, por lo que estarán sometidos a tratamiento especial por parte de la paranoia totalitaria que procurará por todos los medios contraponerlos a sus padres, y como parte de esto son acosados y discriminados con el propósito de generar en ellos la posible idea de que sus progenitores son la casa de sus arbitrariedades».

Del ámbito civil al penal. Una reforma impulsada en mayo de 2022 incluye indirectamente a los cristianos en «actividades subversivas» dentro de lo cual «cabe cualquier actividad cristiana que el gobierno clasifique como tal y ‘las agresiones a las tecnologías de la información y la comunicación’ que legaliza la persecución contra los cristianos por el uso de las redes sociales».

Por supuesto, se refuerzan las sanciones penales, empezando por la privación de libertad hacia quien participen de estas actividades.

La segunda vía es la represión de la comunicación por Internet, medio muy utilizado por las iglesias cristianas y demás confesiones.

Por ejemplo, cristianos de la isla han constatado cómo el uso de las Vpn se interrumpe con frecuencia.

Asimismo, se ha reducido el tiempo asignado a la programación cristiana en la radio estatal. «El consumo de tales contenidos, por ejemplo, desde una radio en una casa, si llega al conocimiento de algún informante, puede ser catalogado como de ‘diversionismo ideológico’, y la persona llegar a ser objeto de amenazas y ataques».

La tercera vía es el cerco a la simbología religiosa. El informe, realizado bajo la supervisión del pastor Mario Félix Lleonart y en el que ha participado la misionera bautista Yoaxis Marchco, destaca que «cualquier símbolo que no represente al Partido Comunista es mal visto y puede ser objeto de censura».

«De hecho, en el presente momento el slogan del sistema: ‘Patria o Muerte’, se ha visto cuestionado por un slogan que se ha vuelto popular: ‘Patria y Vida’, muy a tono con ideales cristianos como los que expone San Juan en Jn. 8,38. Constituye motivo de censuras, amenazas, e incluso prisión».

El corolario es la impunidad para quien ataque a cristianos. «La Constitución vigente desde 2019, tras un proceso fraudulento, ya en la letra lo legaliza, al autorizar los ataques contra cualquier ciudadano que considere que alguien atenta contra los postulados de la Revolución». La represión empezada en 1959 se intensifica.