El juez emite una orden de aprehensión contra Evo Morales por ausentarse de nuevo a la audiencia por trata
El expresidente boliviano denuncia que está sufriendo una «persecución» por parte del Gobierno de Arce
Después de que el expresidente de Bolivia, Evo Morales, se ausentara por segunda vez a la audiencia por la presunta trata a una menor durante su mandato, un juez ha ordenado una orden de aprehensión contra el exmandatario. Supuestamente, habría tenido un hijo con ella.
«Se dispone que se libre mandamiento de aprehensión en contra del imputado» determinaba el juez Nelson Rocabado en la audiencia. Es la segunda orden de este tipo que pesa sobre Morales. En octubre de 2024 recibió una similar durante la investigación para que declarase en el Ministerio Público. En esta ocasión, la intención es que se presente ante el juez, además de congelar sus cuentas, la anotación preventiva de bienes y el otorgarle una notificación por edicto de la resolución de rebeldía y el impedimento de salir de Bolivia.
La audiencia debió celebrarse el pasado martes, pero el exmandatario no apareció y sus abogados presentaron un certificado médico en el que alegaban reposo por una bronconeumonía. El juez dio un plazo de 48 horas para demostrar la enfermedad, cosa que no ocurrió. La fiscal del caso, Sandra Gutiérrez, dijo a la prensa que los documentos presentados «no son impedimentos jurídicos valederos» de su ausencia.
«Solo faltó que ordenen mi descuartizamiento»
«Denuncio al mundo que me persigue y me condena en tiempo récord, una 'justicia' parcializada y servil al gobierno de Arce (...) que tiene dominado a todo el Órgano Judicial», aseguraba Morales en su cuenta de X, quien también fue declarado en rebeldía para que no se archive la causa hasta su comparecencia.
Según el expresidente, la «declaración de rebeldía» llevaba redactada desde antes y fue enviada por «los ministerios de Gobierno y Justicia». «Solo faltó que ordenen mi descuartizamiento inmediato en una plaza, como ocurría en la Colonia, cuando los conquistadores castigaban severamente a los indígenas rebelados contra la opresión», denunciaba.
Evo Morales permanece en el Trópico de Cochabamba, bajo la protección de sus partidarios. «Más de 2.000 personas, todos los días y las 24 horas» se encargan de «la seguridad del hermano Evo», según declaró Vicente Choque, de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, a AFP.
Desde allí, el exmandatario sigue la «brutal guerra jurídica», según él, orquestada por el presidente Luis Arce. «Mis acusadores no buscan justicia, quieren proscribirme y eliminarme ante las próximas elecciones presidenciales de Bolivia», sentenciaba Morales. La fiscalía afirma que se enfrenta a una pena de entre 10 y 15 años de cárcel.
El relato que sostiene el Ministerio Público es que el expresidente, en 2015, mantuvo una relación con una menor de 15 años con el consentimiento de sus padres a cambio de favores —de la que nació una hija—, siendo inscritos ellos en la «guardia juvenil con la única finalidad de escalar políticamente y obtener beneficios».
Evo Morales niega los cargos y alude a la desestimación de una investigación por estos hechos en 2020, en el que se hablaba de estupro —relaciones sexuales con una menor de entre 14 y 18 años—.