La dictadura de Cuba se aprovecha de los fondos de la ONU para esclavizar a los cubanos

El primer secretario del PCC (Partido Comunista de Cuba), Miguel Díaz-Canel, se ha puesto a la cabeza de nuevos métodos para esclavizar a los cubanos. El Diario de las Américas denuncia que varios sectores vinculados al partido comunista, han sido receptores de importantes fondos internacionales, provenientes de organismos como la ONU y diversas ONGs. Estos fondos, muy relacionados con temas de género, «derechos humanos» y «educación», han sido fundamentales en el financiamiento de programas que «defienden valores» como la «igualdad de género» y la «educación inclusiva», y han sido la herramienta principal para la expansión de la influencia ideológica en la isla de la agenda 2030.

La estrecha relación del PCC con organismos internacionales como la ONU es bien conocida, y las acusaciones de corrupción y mal uso de los fondos de cooperación no son nuevos. Uno de los ejemplos más notorios es el papel del CENESEX (Centro Nacional de Educación Sexual), dirigido por Mariela Castro, hija del «líder» comunista cubano Raúl Castro. Este centro, según diversas fuentes, ha recibido anualmente unas cantidades significativas de fondos de agencias de la ONU, como el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD). En 2019, una ex funcionaria del CENESEX reveló que la entidad recibió unos dos millones de dólares, de los cuales gran parte fueron desviados por la dirección del centro, para beneficio personal de los altos funcionarios de la tiranía de la isla caribeña.

El CENESEX, además de recibir estos fondos, ha jugado un papel clave en la implementación de políticas relacionadas con la educación sexual en Cuba. La promoción de derechos LGBTI en la isla ha sido uno de sus ejes principales, y las críticas por su enfoque en la comercialización de estas causas no se han hecho esperar. A través de alianzas con empresas militar-estatales como Gaviota, perteneciente al conglomerado GAESA, y la inauguración de hoteles como el Telégrafo, destinado exclusivamente a la comunidad gay, se ha percibido como un intento de monetizar estos programas bajo la premisa de la «inclusión». No obstante, los activistas locales y los ciudadanos de la isla han denunciado que esta supuesta inclusión es más una estrategia para atraer divisas mediante el turismo, que un verdadero esfuerzo por promover los derechos de la comunidad LGBTI.

En este contexto, las agencias de la ONU y sus programas han sido acusadas de colaborar con el régimen cubano para perpetuar un sistema que no solo controla a sus ciudadanos, sino que también busca internacionalizar su ideología. Este control es especialmente evidente en el ámbito educativo, donde las políticas de género impuestas por el autoritario estado cubano, con el respaldo de la ONU, han sido objeto de controversia. Desde la implementación de la Resolución 16 del Ministerio de Educación (MINED) en 2021, que introdujo la «educación con enfoque de género» en las escuelas, hasta la imposición del Código de las Familias, que fue promovido y respaldado por la ONU, la intromisión de organismos internacionales en las políticas educativas cubanas ha sido cada vez más evidente. La reacción de la sociedad cubana no se hizo esperar, con miles de padres y tutores que se opusieron a la resolución, organizando una exitosa campaña de recolección de firmas. Sin embargo, a pesar de este rechazo popular, el estado cubano continuó adelante con la implementación de estas políticas, como se refleja en la aprobación del Código de las Familias en 2022, un documento que otorga al Estado un control aún mayor sobre la estructura familiar, y que considera la oposición política como un motivo para privar a los padres de la patria potestad.

Este tipo de intervenciones de organismos internacionales en los asuntos internos de los países no se limita a Cuba. En Perú, por ejemplo, la oenegé «Origen, Vanguardia y Cambio Cultural» denunció en 2023 que la ONU condiciona la cooperación financiera a los países en función de su nivel de cumplimiento de la Agenda 2030. Esta agenda, que promueve una serie de políticas vinculadas al «desarrollo sostenible» y a la «igualdad de género», ha sido acusada de ser un mecanismo de control internacional que impone un modelo único de desarrollo a países con realidades sociales y económicas muy diferentes. Según Giuliana Caccia, directora de la mencionada oenegé, la cooperación internacional solo está disponible para aquellos países que implementen los puntos de la Agenda 2030, lo que implica una renuncia a las prioridades nacionales en favor de los objetivos globalistas impuestos por la ONU.

La implementación de la Agenda 2030 en países como Cuba, ha servido como catalizador para la promoción de políticas de género y «derechos sexuales» que, según muchos críticos, no responden a las necesidades reales de la población, sino a los intereses ideológicos de organismos internacionales, estamos en un país donde la edad del consentimiento sexual se ha bajado a los 12 años de edad, y todos sabemos a qué agenda responde eso. En el caso cubano, esto ha significado el financiamiento de campañas que promuevan la unión civil entre personas de mismo sexo, teniendo en cuenta que los derechos de los LGBTI, están condicionados a la ideología es decir, si eres comunista te protegen y si no, cualquier cosa te puede pasar. Hablamos además de convertir el aborto en un método anti conceptivo, en un país donde los profilácticos brillan por su ausencia, además de la normalización de la ideología de género, todo ello con el respaldo de la ONU. De hecho, en el Reporte de Resultados 2023 de la Oficina de Naciones Unidas en Cuba, se reconoce que la «igualdad de género» fue una de las áreas en las que la ONU más impacto tuvo en la isla, a través de alianzas con instituciones como la Federación de Mujeres Cubanas (FMC) y el Parlamento cubano, dos organismos vinculados directamente con el aparato represivo del régimen.

En este contexto, la crítica a la ONU por su papel en la perpetuación de regímenes dictatoriales, como el cubano, no solo es válida, sino que es urgente. La cooperación internacional y la ayuda financiera, en lugar de contribuir al bienestar de los pueblos, se han convertido en herramientas de intervención y control político. La intervención de la ONU en Cuba ha permitido que el régimen, mientras recibe fondos internacionales, también se vea legitimado ante la comunidad internacional, a pesar de las continuas denuncias de violaciones de derechos humanos y de la represión de los opositores.

Este fenómeno no es exclusivo de Cuba, ni de Hispanoamérica. La utilización de organismos internacionales como la ONU, la USAID, o la AECID para impulsar agendas ideológicas y políticas ha tenido efectos nocivos en muchos otros países. La imposición de la ideología de género, la promoción del aborto como método anticonceptivo y la promoción de políticas que socavan la familia tradicional, son solo algunos ejemplos de cómo la agenda globalista de la ONU ha invadido las políticas internas de naciones soberanas.

En este sentido, el financiamiento de la ONU y otros organismos internacionales, lejos de ser una ayuda desinteresada, ha sido una estrategia para asegurar la implementación de políticas que, en muchos casos, no tienen en cuenta las realidades culturales, sociales y económicas de los países en los que se aplican. La Agenda 2030 y sus Objetivos de Desarrollo Sostenible son un reflejo de cómo la ONU ha evolucionado hacia un organismo que impone un modelo único de desarrollo, sin considerar las particularidades de cada nación.

Finalmente, la denuncia de Giuliana Caccia sobre cómo la ONU condiciona su ayuda financiera en función de la implementación de la Agenda 2030 es solo un ejemplo de cómo esta práctica afecta la soberanía de los países. La intervención de la ONU en los asuntos internos de los países, ya sea a través de la promoción de la ideología de género, los derechos reproductivos o el control sobre las estructuras familiares, es una forma de intromisión que va más allá de la cooperación internacional y que, en muchos casos, socava las tradiciones y valores fundamentales de los estados afectados.

Está claro que las prioridades de la tiranía comunista de Cuba no son la defensa de los derechos fundamentales de sus ciudadanos, sino abrazarse a las nuevas corrientes de posmarxismo, para seguir oprimiendo a los ciudadanos desde otras perspectivas aparentemente más blandas. Estamos hablando del país que mandó a los homosexuales a campos de trabajo, y que muchos de los que los enviaron a esos homosexuales siguen vivos, y en el poder. Es importante recordar que una parte de la oposición cubana también defiende estas ideas para la paupérrima población cubana. Lo que buscan es quitarle un grillete viejo y oxidado para ponerle uno con purpurinas y coloridas, y toxicas pinturas chinas. El tema es que nunca sean libres, siempre subordinados a intereses ajenos, y jamás se les permita alcanzar un verdadero sentido de autonomía y soberanía.