La aplicación de las Zonas de Bajas Emisiones está creando ciudades de primera y de segunda
Calidad del aire
El engaño de las Zonas de Bajas Emisiones: por qué unas ciudades las ignoran y otras multan miles de coches al día
El Gobierno se muestra impotente para obligar a que todas las ciudades con más de 50.000 habitantes desplieguen Zonas de Bajas Emisiones y opta por establecer simples controles de la calidad del aire
En diciembre de 2022 el Ejecutivo de Pedro Sánchez aprobaba la normativa de las Zonas de Bajas Emisiones dentro de la Ley del Cambio Climático y Transición Energética.
En aquel momento exigía a todas las ciudades españolas con más de 50.000 habitantes (unas 150) poner en marcha estas áreas de especial protección medioambiental dentro de las ciudades, donde debería prohibirse la entrada de los coches con las peores etiquetas de la DGT.
La frontera
La normativa obligaba a todas las ciudades de más de 50.000 habitantes a ponerlas en funcionamiento a partir del 1 de enero de 2023, pero la realidad es que tan sólo Madrid y Barcelona lo hicieron, pues las habían activado en 2021 y 2020 respectivamente.
Barcelona fue de las primeras ciudades en activarlas
El Gobierno concedió una moratoria a los municipios para que las fueran desarrollando a lo largo de 2023, con fecha límite del 1 de enero de 2024, pero la realidad es que a junio de este año tan sólo 18 ciudades españolas las han activado. Mientras, otras 111 las están desarrollando y otras 24 no tienen ni un proyecto presentado.
Menos de 20
Esto ha creado un agravio comparativo muy importante entre los ciudadanos, pues mientras que los residentes en Madrid o Barcelona prácticamente no pueden salir a la calle con un coche que no tenga la etiqueta Eco o Cero bajo amenaza de multa de 200 euros, en otras ciudades de más de 50.000 habitantes hacen lo que les da la gana.
Es el caso de Alicante o Badalona, donde han confirmado que las pondrán en funcionamiento pero sin ninguna limitación para los conductores.
Madrid es pionera en Zonas de Bajas Emisiones
Se trata de una situación a la que se suman cada día más municipios, que o bien no establecen prohibiciones a la circulación o bien se llevan las ZBE a zonas poco transitadas en las que apenas afectan al tráfico rodado, como ocurre en Sevilla.
ZBE que no multan
Frente a esta situación el Gobierno carece de argumentos legales para obligar al consistorio en concreto a ponerlas en funcionamiento, pues desde Bruselas no se habla en ningún caso de un control de la circulación de los vehículos, sino de controles periódicos sobre la calidad del aire.
De esta manera si una ciudad demuestra tener una buena calidad del aire no tendría sentido que active Zonas de Bajas Emisiones para alterar el día a día de sus ciudadanos.
Estación de medición de calidad de aire
Sólo en caso de que la calidad del aire no esté dentro de los límites establecidos por Bruselas, se podría llegar a sancionar a esa ciudad en concreto retirándole fondos y ayudas europeos que están transfiriendo constantemente.
Esto significa que Bruselas no es responsable del día a día ni de las prohibiciones a la circulación que han puesto en funcionamiento ciudades como Madrid o Barcelona, en muchos casos por encima de las necesarias para asegurar la calidad del aire.
