Meritxell Batet, al servicio del sanchismo

Apoteosis final de un vodevil devenido en esperpento valleinclanesco con gritos de tongo y pucherazo desde los escaños de la oposición. Así fue la esperada e incierta votación de la reforma laboral en el Congreso, cuyo resultado dio paso a un espectáculo a caballo entre el escándalo y el bochorno, por el proceder de una presidenta, Meritxell Batet, cuya gestión queda muy lejos de los estándares democráticos de equidistancia, buen gobierno y neutralidad exigibles a la tercera autoridad del Estado. Ni ella misma estuvo segura del resultado de la votación tras anunciar primero, para sorpresa de un Sánchez pasmado, la derogación del decreto ley, quizás porque su propio subconsciente había contabilizado en contra el sospechoso voto que está en cuestión, y después comunicar que estaba aprobado según los servicios de la Cámara, dando paso a la grotesca celebración del presidente, Calviño y Montero. Y tiene guasa porque en el fondo festejaban la denostada reforma laboral de Rajoy con algunos retoques cosméticos para cumplir con Bruselas. Esas cosas pasan cuando anuncias demagógicamente que vas a derogar y enviar al Averno la normativa laboral del PP para alumbrar una nueva y de izquierdas y terminas tragando con la reformita de la señorita Pepis y de la CEOE.

Lo ocurrido en la votación del Congreso, sin embargo, no era para que lo festejara el banco azul, sino para reflexionar sobre el deterioro constante que sufren las instituciones democráticas de España desde que Sánchez se instaló en la Moncloa. Y Batet incide en esa tarea actuando a veces como correa de transmisión de los intereses del Ejecutivo. De entrada pasará a la historia como la primera presidenta de la Cámara Baja condenada por el Tribunal Constitucional por cerrarla a cal y canto durante la pandemia e impedir a la oposición el derecho a ejercer su cometido democrático y constitucional de control al Ejecutivo. Sus formas arbitrarias y autoritarias, alejadas de la flexibilidad en la aplicación del reglamento que debieran inspirar sus decisiones, afloraron durante y después de la cuestionada votación que salvó a Sánchez de sufrir una derrota histórica.

Con el reglamento del Congreso en la mano, Meritxell Batet incurrió en un fraude de ley y en otro si cabe más reprobable: un fraude democrático. A un diputado que advirtió con tiempo suficiente un error en su voto telemático, tras comprobar que el sentido del mismo era contrario al deseado, debería habérsele permitido cumplir con su voluntad y la de los electores a quienes representa, votando presencialmente, tal y como pretendió, pero la presidenta del Congreso, en un alarde despótico y arbitrario, se lo impidió. Además mintió al justificar que su decisión estaba avalada por la mesa del Congreso cuando ésta no se había reunido y pasó por alto que los servicios de la Cámara no hicieron la preceptiva llamada telefónica al diputado para confirmar que había votado telemáticamente como exige el reglamento. Si Batet no temiera la democracia y a la reacción de quien la nombró, habría repetido la votación. El asunto acabará inevitablemente en el Tribunal Constitucional, pero al margen de la vertiente legal del mismo, el episodio es grave porque incide en la constante degradación democrática e institucional que sufre España desde que Sánchez preside el Gobierno más autoritario y sectario desde la aprobación de la Carta Magna del 78. En cuanto a la reforma laboral convalidada, de momento, es probable que sea la menos mala que podría esperarse de este Gobierno.