El Comité controlado

El Gobierno ha renovado el Comité de Bioética de España. Todos los miembros debían ser renovados menos cuatro. Sólo se ha salvado uno y queda claro por qué. Quien quiera informarse de este desafuero debe leer el artículo de Nicolás Jouve publicado en Civica. El autor es catedrático emérito de Genética de la Universidad de Alcalá y ha sido miembro del Comité. Éste fue creado por la Ley de Investigación Biomédica de 2007 y está adscrito al Ministerio de Sanidad. Se configura como un órgano colegiado, independiente y de carácter consultivo. Sus informes, que pueden elaborarse a petición del Gobierno o mediante iniciativa propia, no son, por lo tanto, vinculantes. Su composición es decidida por las Administraciones Públicas (Ministerios y Consejo Interterritorial de las Comunidades Autónomas). ¿Puede ser independiente un órgano nombrado, en definitiva, por el poder? Lo cierto es que ha venido funcionando bien, con competencia y pluralismo, y se ha ocupado de informar sobre todos los proyectos legislativos relativos a la vida.

Lamentablemente la democracia liberal española, si es que sobrevive, es cada vez menos democrática y casi nada liberal. Parecemos empeñados en aceptar la vileza de que la democracia consiste en elegir cada cuatro años al déspota que nos gobierna. Nada tienen que decir en este asunto los colegios profesionales ni los académicos. Nada de sociedad civil ni cuerpos intermedios. El Gobierno acabará por designar a los miembros de la oposición. Libertad es, al parecer, sometimiento.

El Comité de Bioética, aunque sólo consultivo, reviste una inmensa relevancia, pues aconseja sobre todos los aspectos morales referidos a la legislación sobre la vida, es decir, sobre la concepción de la persona y su dignidad. La ciencia no resuelve los problemas morales, pero sí suministra la información sobre los hechos que son decisivos para tomar decisiones fundamentadas. No puede existir un debate moral razonable que no se sustente en los hechos. Pero el actual Gobierno parece decidido a que ningún hecho pueda estropearle una actuación ideológica. Para él, por encima de la verdad se encuentra la ideología. Nada puede detener el proyecto filototalitario de ingeniería social. Hay persona, cuando así lo decide el poder. Se puede matar si así lo determina el legislador.

Esta crítica a la actuación del Gobierno no entraña la negación de la capacidad académica de algunos de los nuevos miembros, pero es conocida su posición en general favorable a las posiciones gubernamentales. Lo vemos en la elección de los miembros del Tribunal Constitucional o del Consejo General del Poder Judicial. No es que sean más o menos dóciles al poder o que se corrompan. Es que se sabe cómo piensan y actúan y basta con eso.

Los dos informes recientes del Comité más críticos con el Gobierno han sido los elaborados sobre la eutanasia y la objeción de los profesionales sanitarios ante ella. Precisamente el único miembro que ha sido mantenido en el Comité ha sido el que elaboró un voto particular en contra del informe y a favor del Gobierno. La cosa no puede ser más clara.

El Ejecutivo no quiere críticas, aunque no sean vinculantes. Parece acogerse a la inversión del dicho: del amigo, el consejo. La concepción dominante del Derecho parece entenderlo como apisonadora ideológica. El Derecho ya no busca la justicia sino el triunfo de la ideología. En realidad, el poder no quiere consultar, sino decidir e imponer. El Gobierno elige hasta a quienes ha de consultar. Sólo se deja aconsejar por quienes piensan más o menos como él (en el caso de que realmente se trate de pensar). Todo el que lleve la contraria debe ser quitado de en medio.

Y el proceso sigue. Y muchos no quieren verlo.