Peor que en 1968
Solamente un Gobierno como el actual es capaz de empeorar una ley redactada en dictadura
El primer día de agosto, con buena parte de España metiendo las chanclas en la maleta, el Consejo de Ministros aprobó básicamente dos materias: el decreto de ahorro energético y el Anteproyecto de Ley de Información Clasificada; una norma esta última que viene a sustituir a la ley de secretos oficiales de 1968 y que supone para periodistas, juristas y académicos una amenaza –cuando no una vulneración– a derechos tan elementales como la libertad de expresión e información.
Mientras nos entreteníamos con la ruleta del termostato, como el torpe que mira el dedo en vez de la luna, el Gobierno abrió un periodo de alegaciones que concluyó el 12 de agosto. Un día antes, la Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE), alertaba sobre esto y sobre el propio contenido de la norma: «omitir dicho trámite por la vía de la tramitación urgente (...) supone de entrada una censura a la opinión de la ciudadanía, concepto que impregna el contenido del Anteproyecto de Ley».
La FAPE no es sospechosa de casi nada y tiene acreditada cierta neutralidad. De hecho, en su página web es más fácil encontrar hoy un tirón de orejas a Feijóo por una rueda de prensa sin preguntas que la reacción a este Anteproyecto.
Solo un Gobierno como el actual es capaz de empeorar una ley redactada en dictadura. Y lo digo yo, que no me mueve ninguna nostalgia porque en 1968 mi madre aún estaba aprendiendo a sumar llevando. El nuevo texto permitirá que decenas de cargos públicos puedan decidir qué es secreto y qué no, además de imponer multas de hasta tres millones a quienes publiquen informaciones de este tipo, como si uno supiera por el color de los folios si lo que tiene entre manos es información clasificada o secreta.
El articulado de la norma prevé que desde el presidente a secretarios de Estado pasando por subdelegados del Gobierno puedan clasificar, reclasificar y desclasificar información que se considere «confidencial» o «restringida». En cuestión de meses tendríamos a consejeros de Bildu y ERC o a secretarios de Estado del corte de Enrique Santiago o Ángela Rodríguez 'Pam' clasificando todo aquello que les apetezca. Desde corruptelas grandes hasta horteradas pequeñas, como el viaje de fin de curso de Montero y sus amiguis a Nueva York.
Puedo comprender que al ciudadano medio se le haga bola este asunto, o que incluso lo considere periodismo de periodistas, pero el aviso queda hecho. Se está construyendo un país más hermético y menos transparente de lo que es hoy. Y los derechos cuando se van (como los impuestos que suben) casi nunca vuelven.
