¿Y qué opina el PP de todo esto?

La literatura y el cine, que pueden ser formas de conocimiento sapiencial, se han ocupado a fondo de la difusa frontera que media entre el amor y el odio. Los seres humanos desairados sufren a veces la comezón de los celos, incluso hasta extremos patológicos, como el del ilustrado caballero Swann ardiendo tras la cortesana Odette en la novela monumento de Proust.

En otras ocasiones, el desamor se convierte en rencor y venganza por parte de ellos y ellas, utilizando incluso acusaciones mendaces como arma arrojadiza. Como el ser humano es así de retorcido, ocurre a veces que tras una ruptura sentimental una persona puede llegar a acusar en falso a la otra de abusos sexuales. Hasta ahora, en esos espinosos casos imperaba la presunción de inocencia del señalado. Había que probar la acusación. Ya no. El pasado día 25, en pleno sopor agosteño, se aprobó la llamada «ley del solo sí es sí». ¿Qué supone en la práctica? Pues es sencillo: si una mujer acusa a un hombre de abusos, hoy en día el tipo está perdido, no tiene nada que hacer, pues tal y como está formulada la norma el acusado habrá de probar que es inocente, lo cual se torna imposible en una situación en la que usualmente solo está presente la pareja.

Este disparate jurídico acaba de salir adelante sin una queja sonora del primer partido de la oposición, que tampoco se ha aplicado contra la inadmisible ley de censura que prepara Sánchez con su reforma de los secretos oficiales (¿será acaso que piensan que les vendrá bien para tapar sus eventuales vergüenzas cuando sean ellos quienes estén en el poder?).

Hay más. Se va aprobar una vuelta de tuerca a la ley del aborto, que permite someterse a él a niñas de 16 años sin permiso paterno, lo cual vulnera el sentido común (paradójicamente, otra ley prohíbe que esas mismas niñas menores vean anuncios de alcohol y dulces, al parecer algo más peligroso que un aborto). La nueva ley incluye también la creación de listas de médicos objetores, con el evidente objetivo de señalarlos (y perjudicarlos de manera más o menos sutil en su promoción profesional). Se ha aprobado ya una ley que pena hasta con cárcel el rezar en plena calle frente a una clínica abortista. El Consejo de Ministros ha dado también luz verde a una «ley trans», que permite cambiar de sexo con una simple declaración en un registro. Es decir, que si Arnold Schwarzenegger fuese español y manifestase formalmente que él sin duda se siente una tía, acto seguido pasaría a serlo a efectos legales. Una chaladura, evidentemente. Pero no duden que saldrá adelante, como antes lo hizo la ley de eutanasia, que derivará a medio plazo en una amenaza clara a todos los ancianos y personas tocadas y que por eso solo se admite en otros seis países del mundo.

Toda esta batería de medidas responde a un programa de ingeniería social para cambiar la mentalidad de los españoles. Se trata de alejarla de nuestro esquema de civilización, el del derecho romano y los códigos morales judeocristianos, a fin de crear una nueva religión laica, el «progresismo», que facilite el imperio perpetuo de la izquierda. Esa ha sido la auténtica ocupación de un Gobierno que carece de habilidades para afrontar con éxito los problemas cotidianos de las personas.

¿Va el PP a quedarse con todo eso y darlo por bueno, en el entendimiento, como susurran algunos de ese partido, de que «hoy los españoles ya piensan así»? ¿Asume el primer partido de la oposición que el código social «progresista» está ya tan afianzado que no se puede volver al orden moral de la ley natural y al sentido común y la seguridad jurídica? ¿Se va a quedar el PP convertido en un PSOE bis, simplemente un poco más serio en el manejo de las cuentas? Son preguntas de gran interés, que demandan una respuesta clara. No todo es la subida de precios. Hay otros problemas en España.