Las mentiras de Sánchez y las verdades de Aragonès

Una de las perversiones que Pedro Sánchez ha instalado en la política española es la de obligarnos a aceptar el discurso de los independentistas como fuente de autoridad. Para saber lo que pasa en España y lo que nos va a pasar mientras Sánchez siga en Moncloa tenemos que escuchar atentamente lo que dicen Aragonès, Rufián o Junqueras y no lo que el presidente le cuente a Ferreras en sus entrevistas de cámara. Es triste reconocerlo, pero a diferencia de Sánchez, los independentistas no engañan; ellos son los auténticos fact-checkers de la política nacional. Lo que digan Sánchez, Patxi López o toda la flota de activistas que tienen en las tertulias y en las redes resulta irrelevante y cansino: mentiras obscenas, basura de argumentario cutre y cháchara para la polarización. En España, lo que va a misa es lo que dice ERC.

Pere Aragonès ha tenido a bien explicarnos con precisión el sentido de todo este aberrante episodio de la reforma del código penal. Curiosamente, no ha presumido de haber logrado la rebaja de las condenas de sus compañeros ni de su rehabilitación política en tiempo récord; ambos hechos son ciertos, pero ninguno de ellos ha merecido su interés. Aragonés ha querido subrayar lo más importante de la concesión que ha arrancado a Sánchez: la derogación del delito de sedición. Esa es la auténtica naturaleza del cambio anunciado esta semana; la bomba que se ha colocado en el corazón del Estado de Derecho. Cuando se apruebe la reforma en España se podrá incumplir la ley e ignorar las sentencias de los tribunales sin castigo alguno. Eso es lo que significa derogar el delito de sedición. A lado de eso, la rebaja de las penas es caza menor. Para solucionar la situación personal de Junqueras o de Puigdemont y el resto de sediciosos hubiera bastado con rebajar las penas, pero se ha exigido derogar el delito porque al hacerlo así no solo se perdona a los golpistas, se perdona el golpe en sí mismo y se legitiman las conductas de entonces.

Pretender equiparar la sedición con el concepto de desorden público es una broma de mal gusto, un insulto a la memoria y la inteligencia de todos. Un desorden público no obliga al jefe del Estado a dirigirse a la Nación para defender el orden constitucional, tampoco obliga a aplicar un artículo de salvaguarda constitucional ni a cesar a un gobierno o cerrar un Parlamento, como se hizo entonces. Al desaparecer la sedición, el golpe de 2017 dejará de ser un atentado contra nuestro orden constitucional. El delito de sedición desaparece porque así lo han exigido los sediciosos para dejar de serlo. No quieren el perdón, exigen que seamos nosotros los arrepentidos.

Toda esta aberración es fruto de aquella indigna mesa de diálogo, que sigue cumpliendo implacable la agenda del independentismo: amnistía y autodeterminación. Ya han conseguido la amnistía y ahora toca la autodeterminación. Lo ha dicho Pere Aragonès. El referéndum será el precio de la próxima legislatura de Sánchez si los españoles no lo evitamos con nuestros votos.