La carga contra el Poder Judicial

Una de las pocas barreras que quedan para impedir que el poder sea absoluto es el poder judicial. Y el Gobierno lo sabe. Y no deja de cargar contra él. Se trata de una acometida brutal contra el Estado de derecho y contra el derecho sin más. Si el Gobierno no está sometido al derecho, sino que, por el contrario, su única fuente es su voluntad, desaparecen la libertad y la democracia. Y no solo el Gobierno; también el Parlamento. El poder legislativo crea las leyes, pero no arbitrariamente, sino sometido al derecho y a la Constitución.

Son tantos los ejemplos que aquí la ignorancia es necesariamente culpable. Y cada uno de ellos merecería un detenido comentario. Baste hoy con poco más que la infame nómina. No es posible imaginar un fiscal general del Estado más servil al Gobierno que el actual. Pero no es solo eso. Quien tiene encomendada la función de la defensa jurídica de los ciudadanos se encuentra imputado penalmente. Puede acogerse a la legítima defensa, a pesar de los ataques de su partido, mientras siga vigente. Pero también puede ser considerado sospechoso de culpabilidad. Y ni dimite ni le cesan. Esto carece de precedentes en la historia jurídica española.

La vicepresidenta primera del Gobierno, aunque viéndola y escuchándola parezca mentira que lo sea, ha negado públicamente la validez del principio constitucional de la presunción de inocencia. La palabra de una mujer convierte a cualquier varón en delincuente. Toda mujer dice la verdad y todo hombre es culpable. Cosas del feminismo frenético.

El Tribunal Constitucional no es poder judicial, pero es la institución que garantiza la constitucionalidad de las disposiciones legales y de las sentencias judiciales, así como la protección de los derechos fundamentales de los ciudadanos. Lejos de ejercer esa función, es una pieza más del poder gubernamental. Y se ha convertido en un tribunal de apelación que puede modificar todas las sentencias que no satisfagan al Gobierno o impedir a los tribunales que recurran a las instituciones judiciales de la Unión Europea. El recurso de amparo no convierte al Constitucional en un órgano de revisión judicial por encima del Tribunal Supremo. El máximo órgano jurisdiccional en España es el Tribunal Supremo y no el Constitucional.

El Ejecutivo interfiere en la gestión de la carrera judicial, ejerce presiones directamente o a través de sus medios de comunicación afines sobre los jueces y magistrados. A la vez que le escamotea los medios necesarios para ejercer con eficacia y rapidez sus funciones. Hace unos días podía verse en una oficina judicial una enorme cantidad de archivadores AZ, impropios de la era del Falcon. Son tales las presiones que el juez independiente es hoy una especie de superhéroe. Están casi solos ante el peligro. El abordaje al Consejo General del Poder Judicial a través del nombramiento de sus miembros, con la desatinada colaboración de la oposición y con un procedimiento de elección contrario a la Constitución, completa el acoso.

El Gobierno y, en algunos casos también la oposición, comenta las sentencias cuando debería callar, por respeto a su función y a la división de poderes. Es insufrible el tópico «no comparto la sentencia, pero la acato». O sea, creo que es prevaricadora, injusta o errónea en su interpretación de la ley, pero la acato. ¿Qué significa aquí «acatar»? La mejor forma de acatar una sentencia es callarse. Y que opinen los juristas, los analistas y los ciudadanos.

Cabe añadir los excesos y arbitrariedades en la aplicación de medidas de gracia, como en el caso de los procesados por el intento de golpe de estado en Cataluña, que son, más que probablemente, inconstitucionales y constitutivas de una infracción del principio de igualdad de los españoles ante la ley. Y también el vaciamiento de contenido de la acción popular, reconocido por la Constitución.

La Justicia no es función ni competencia del Gobierno, que no juzga, sino que gobierna sometido al derecho y al control judicial. Estamos ante un asalto total del poder a la Justicia. De seguir así, acabaremos por diferenciarnos de Venezuela tan solo por el clima.