Gasto social

Cuando un político demagogo, populista, mentiroso o corrupto abusa de una palabra o una expresión, tiendo a ponerme en guardia, alerta. Por ejemplo, «gasto social». Ahora, la necesidad de aumentar el gasto militar (rearme o seguridad, tanto da) se matiza con la exigencia de no tocar el gasto social. La izquierda radical española tiende a cierta extravagancia contable consistente en aumentar el gasto sin incrementar los ingresos. Claro que se trata solo de una pequeña falacia.

¿Qué es eso del gasto social? ¿Se tratará de un concepto-máscara o algo de límites tan porosos que apenas significa? Creo que si se aplica un criterio riguroso para distinguir lo que es gasto social de lo que no lo es, el Gobierno tendría un excelente margen de maniobra (no militar) para incrementar el gasto en defensa, e incluso otros, dejando intocado el sagrado gasto social. Aunque no sepamos si el adjetivo se refiere al destinatario, que sería la sociedad, o a los menos favorecidos, o al alivio de las necesidades materiales (las otras no parece que existan para el Gobierno), o a la política económica o social, comencemos por lo que indudablemente parece gasto social. El gasto en sanidad, educación, justicia (¿o no?), la promoción de la vivienda pública, la investigación científica y técnica, el transporte público y las infraestructuras básicas parece que puede ser calificado como social.

Pasemos a lo que no es gasto social. Y aquí el Gobierno y su ministra de Hacienda, alumna aventajada de Fuentes Quintana y Campomanes, tienen un amplio campo para el recorte generoso. Sin pretensiones de exhaustividad, la proliferación de miríadas de asesores de todo tipo y, en su caso, una sola ideología no es un gasto social. El uso privado de lo público y la colocación digital de familiares y amigos no es gasto social. El pago de comilonas y prostitutas con dinero público no es gasto social (ni siquiera si se trata de la promoción laboral de estas trabajadoras). Las subvenciones rumbosas a «artistas», «oenegés» sesgadas y otros parásitos no son gasto social. Las operaciones quirúrgicas de género y estéticas no son gasto social. El pago de comisiones ilegales no es gasto social. La remuneración oculta a periodistas y escritores para que den cobertura en columnas y tertulias a la mentira gubernamental, al estilo de los balidos unánimes de la propaganda totalitaria, no es gasto social. El indecoroso dispendio en medios de comunicación públicos convertidos en aparatos de propaganda política e ideológica, especialmente RTVE (dejando aparte la exigua presencia de verdadera cultura, como Radio Clásica o la Orquesta de Radiotelevisión Española), no es gasto social. Las campañas de manipulación ideológica e histórica no son gasto social. Las tarjetas de crédito oficiales, los hoteles de lujo, las vacaciones suntuarias y los viajes en Falcon no son gasto social. Las concesiones económicas a Cataluña y, en general, a los partidos de los que depende el mantenimiento del Gobierno en el poder no son gasto social. Y no se trata de una lista completa.

El Estado y las administraciones públicas, por sí mismas, son indigentes y no podrían subsistir. Carecen de bienes y solo tienen los que consiguen recaudar a través de la fiscalidad, en muchos casos confiscatoria. Encima pretenden que les debamos infinita gratitud. Se presentan como heroicos titulares de la generosidad, el altruismo y la solidaridad.

Eso sí, siempre con bienes ajenos y además cobrando sus virtudes. Creo que un Gobierno tiene que ser justo, no solidario, generoso, altruista o enrollado. Y, sobre todo, no reclamar gratitud y sumisión por gastar lo que no es suyo. Es representante, servidor y administrador. No señor, amo ni soberano. El Estado nos quieres serviles y agradecidos deudores suyos, como todopoderoso acreedor. Un ciudadano libre no debe nada al Estado (siempre que cumpla la ley y pague sus impuestos). Pero exigir ser agradecidos por pagar, a veces la mitad de los ingresos o más, parece demasiado.

Después de estas consideraciones parece claro que el Gobierno tiene margen para hacer recortes para el rearme. Y sobra dinero. Por mi parte, quisiera añadir que la distinción entre gasto militar y gasto social me parece falaz. La seguridad de los ciudadanos es el principal deber de los gobiernos. Sin ella, no hay justicia. Pues difícilmente quien carece de seguridad y llegara a perder por ello su vida, podrá disfrutar de sus derechos, incluidos los sociales. Un muerto no necesita vivienda ni trabajo.