El Tribunal Constitucional sanchista

El Tribunal Constitucional tendrá en horas nuevo presidente, salvo sorpresa postrera en Las Gaunas, y estará entre Málaga y Malagón. O será Cándido Conde Pumpido, que es Dolores Delgado con barba y algunos trienios de experiencia zapaterista; o será María Luisa Balaguer, de gran currículum en el PSOE andaluz de los ERE y ya conocida por defender, sin pestañeo ni alipori, que se puede y se debe estar por encima de la ley.

A ellos dos se les suman dos colaboradores íntimos de Pedro Sánchez, su exministro Juan Carlos Campo, conocido por prestarse a firmar los indultos de Junqueras y compañía; y Laura Díez, cuyo principal mérito es haber estado años en Moncloa como alto cargo de estricta observancia sanchista.

Y si con ellos cuatro no llega, aún tendrá el Gobierno tres balas más, incluida María Luisa Segoviano, que antes de estrenarse ya ha dejado claro que la autodeterminación no es un tabú legal, en sintonía con su tocaya, también de feminismo hiperventilado.

Si el Constitucional anda como un pato, vuela como un pato y grazna como un pato, probablemente sea un pato. Y si Sánchez comenzó por indultar a los delincuentes y continuó derogando sus delitos, tan brasileños ahora, solo le falta legalizar sus objetivos.

Y como no puede hacerlo ni con el Parlamento ni con la Constitución actuales, que le imponen unas mayorías y unos procedimientos inalcanzables, ha de hacerlo desde un Tribunal cautivo, convertido así en una especie de órgano legislador que supere los incómodos límites de las Cámaras.

Si parece un pato, es un pato.

Y no hay otra explicación mejor para entender el empeño sanchista en asaltar la Justicia como, en el pasado, lo hizo con el Congreso: hasta que llegó al poder, con una moción de censura que le dio las llaves de Troya a los enemigos de España, la deslegitimación se hizo desde la calle.

Ocupando, rodeando y asaltado parlamentos; despreciando los resultados electorales, nacionales o andaluces; y desatando una ola de protestas incendiarias, barricadas y hogueras que hizo irrespirable la convivencia pacífica y acabó por conculcar los legítimos resultados electorales.

Y ya en el poder, gracias a una alianza que pretende convertir en socios a sus secuestradores, la deslegitimación del sistema se hace desde las instituciones: los jueces son golpistas, la prensa conspira y la calle es fascista.

El relato, las decisiones y los hechos van en paralelo a las concesiones que Sánchez hace a sus interventores hasta agotar su margen de maniobra: saca de prisión a golpistas y terroristas; escribe con ellos las leyes de memoria «democrática» para borrar la huella de sus excesos; reforma el Código Penal para transformar en derechos sus delitos y, finalmente, adapta los órganos constitucionales a sus exigencias para derribar la respuesta del Estado de derecho.

Si Sánchez tuviera elección, quizá no daría a sus socios todo lo que le piden: es difícil creer que, por siniestro que sea el personaje y laxos que sean sus principios, aceptara de buen gusto convertir al presidente del Gobierno de España en el mayordomo de los enemigos de España.

Pero como la única alternativa a esa sumisión fue en el pasado no llegar al poder y en el futuro será no conservarlo, es obvia su disposición a rematar el atraco. Solo necesitaba un Tribunal Constitucional que se lo afine, llenando de polvo las togas lo que haga falta.

Y ya lo tiene.