La Gürtel mostoleña de Sánchez

Tiene Pedro Sánchez una amiga y protegida que es un primor. Se llama Noelia Posse Gómez y es alcaldesa de Móstoles, la segunda ciudad más poblada de la Comunidad de Madrid, solo superada por la capital. Ella y siete de sus concejales están procesados por el caso ITV, un presunto delito de prevaricación administrativa. La buena de Noelia, electricista de profesión, podría haber condonado una deuda a una empresa concesionaria de ITV de 2,45 millones de euros. Resulta que la querella la pusieron dos concejales del consistorio de Más Madrid, de la médico y madre Mónica García, cuando comprobaron que la regidora con la que pactaron el Gobierno municipal perdonó las tasas injustificadamente a una empresa. Ser caritativo con dinero público es un chollo. Que se lo digan, si no, a la exdirectora de la Guardia Civil, a la familia de Ximo Puig o al marido de Calviño. Ejemplos todos de familias socialistas muy estructuradas bajo el paraguas del erario de todos.

Ya en 2019, el PSOE intentó deshacerse de este dechado de virtudes que atiende al nombre de Noelia, pero su amistad con el presidente del Gobierno le salvó el cuello. Hasta los socialistas conspiraron para apoyar una moción de censura contra su propia dirigente. Pero Ferraz y el crecidísimo presidente que había ganado por primera vez una moción de censura, la salvó de la quema, todo ello favorecido porque la mostoleña tiene un padrino muy poderoso en el equipo presidencial. Ahora, la excusa para mantenerla como aspirante a revalidar título es que no se ha abierto juicio oral contra ella, como si esa cautela hubiera servido en los casos del PP.

Posse lleva desde 2018 como alcaldesa, gracias a una jugada turbia en las listas municipales tras la dimisión del anterior alcalde, David Lucas. Revalidó el poder un año después y no ha cesado desde entonces de convertir los organismos municipales en una agencia de colocación de familiares y amigos. Su propia hermana Laura o su tío Héctor conocen bien cómo sabe la miel que destila el poder. Pero ella ha resistido porque Sánchez sigue manteniendo el pulgar hacia arriba, contra la opinión del exlíder madrileño, José Manuel Franco, que mostró su rechazo a los tejemanejes de Noelia y la connivencia del candidato actual, Juan Lobato, que no puede echarla sin el permiso sanchista a cincuenta días de los comicios municipales. Para más escarnio, cinco de los siete ediles procesados van en los diez primeros puestos de la lista socialista mostoleña que encabeza la propia Posse.

La izquierda se ha hartado de señalar la corrupción del PP en la Comunidad de Madrid a lo largo de los últimos años. Y no sin razón: Gürtel y Púnica son dos escándalos de corrupción difícilmente defendibles. Sin embargo, nada se dice de que en la Púnica también participaron cargos socialistas, ni que en Alcorcón su alcaldesa fue condenada por un asunto mercantil, o que en Brunete su responsable municipal ha sido denunciado por acoso sexual, o que la exalcaldesa de San Martín de Valdeiglesias fue detenida por corrupción urbanística, o los casos de nepotismo en Fuenlabrada, o el asunto Calvario en Coslada o la imputación por cohecho a dos concejales socialistas de Ciempozuelos.

Solo ha actuado en Madrid una vez Pedro Sánchez para depurar a un compañero por sospechas de corrupción: lo hizo contra Tomás Gómez por su presunta implicación en el escándalo del tranvía de Parla. Pero muy mal tirado: el Tribunal de Cuentas exoneró al socialista madrileño de cualquier responsabilidad contable y del sobrecoste de la obra. Aquel gesto tan expeditivo, que incluyó el cambio de cerraduras en el despacho del purgado, no se debió a un rapto de ejemplaridad por parte del presidente, sino a que Gómez no le bailaba el agua y quiso fulminarlo.

Quizá todo esto explique por qué el PSOE de Madrid no rasca bola en la Comunidad desde hace treinta años, ha pasado a ser la tercera fuerza en la Asamblea y el 28 de mayo siguen pintando bastos para Sánchez. En las gürteles socialistas, de las que no hablan sus ejércitos mediáticos, residen algunas respuestas.