Gila al aparato

El Madrid informado o al menos curioso, la ciudad de los rumores, es, desde este martes noche, la capital de las preguntas: ¿sabéis qué ha pasado con Telefónica?, ¿qué pretende Pedro Sánchez? La opacidad del Gobierno, que se ha limitado a anunciar escuetamente su entrada en el capital de la operadora a través de la SEPI, es el caldo de cultivo propicio para el florecimiento de todo tipo de teorías de la conspiración. Por disparatadas que algunas puedan llegar a parecer, siempre encontrarán un público receptivo, desconfiado de un Ejecutivo que ha hecho de la mentira una herramienta de gestión. El mutismo del resto de accionistas relevantes y el aplauso de Bildu hacen el resto.

Algo podemos intuir acerca de lo que puede haber ocurrido al recordar la cara de estupefacción de más de medio consejo de ministros y las airadas reacciones de Yolanda Díaz o el cabreo de Podemos cuando los saudíes de STC anunciaron que controlaban el diez por ciento del capital. La primera causa es que ha fallado estrepitosamente la inteligencia económica. Que un Gobierno extranjero, con el que se presume de tener buenas relaciones comerciales y diplomáticas, compre un asiento en el consejo de administración de una empresa española estratégica sin que en Exteriores o en el CNI no tengan ni la más mínima sospecha es, como mínimo, para llamar a capítulo a sus responsables, sino para que rueden cabezas.

No hace mucho, cuando alguna operación de este calado nos dejaba con las vergüenzas al aire, la Moncloa desplegaba todo su poder de seducción –o de intimidación si llegaba el caso– para que un caballero blanco rescatara a la dama en apuros. Hoy –a las pruebas me remito– ni CaixaBank, controlada por el ejecutivo, ni BBVA, ambas accionistas de Telefónica, se han mostrado dispuestas a elevar su peso en la operadora para bloquear el poder de los árabes. Ni los Florentinos ni los Galanes de turno se prestan a auxiliar los intereses nacionales. Los grandes del Ibex han dado la espalda a unGobierno que, además de hacerles cargar con la factura de sus políticas de compra de voto cautivo, les demoniza. La apuesta por los asuntos nacionales es un capítulo cada vez más exiguo de la cartera de inversiones. Su bandera les penaliza en bolsa. Buena parte del Ibex está a precio de OPA. Ni Gila hubiera llegado a imaginarlo a la hora de idear una de sus brillantes y mordaces parodias.

Las consecuencias de esta operación, que en sí misma, recoge todos los errores y negligencias del Gobierno en la gestión de la política económica y empresarial, son previsibles. A nadie le sorprenderá que un Ejecutivo que tiene a gala extenderse como una mancha de aceite por cada resquicio institucional o empresarial que encuentra, ocupe todos los sillones que tenga a su disposición. Y los que no. Y, una vez más, los sufridos contribuyentes pagaremos la fiesta. A la vicepresidenta Montero le han dado más trabajo del que tenía previsto: debe reducir medio punto el déficit en 2024, bajar un uno por ciento la deuda, elevar al dos la inversión en Defensa, cumplir con los compromisos de inversión medioambiental y multiplicar por siete la capacidad de la SEPI de endeudarse. El presupuesto puede ser un chicle, pero, de estirar y estirar, llega un momento en que se rompe. Y suele hacerlo en el peor momento y por el lugar más insospechado. Que pregunten a Zapatero.